El plan de exploración de YPFB requiere nueva ley de hidrocarburos

País
Publicado el 02/08/2021 a las 0h25
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El éxito del Plan de Reactivación del Upstream 2021 que encara Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dependerá de un cambio en la normativa que regula las actividades hidrocarburíferas en Bolivia, ya que de ese modo concretará la inversión prevista de 1.400 millones de dólares, opinan dos analistas.

En Bolivia, el rubro petrolero se desarrolla de acuerdo a la Ley 3058, vigente desde el 17 de mayo de 2005, es decir, antes de la puesta en vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE).

La pasada semana, la estatal petrolera lanzó el “Plan de reactivación del Upstream 2021: nuevas perspectivas y oportunidades”, con el que pretende incorporar al menos 5 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas en los próximos cuatro años.

Al respecto, el analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos observa una preocupación en el Gobierno sobre los recursos hidrocarburíferos, reconociendo tácitamente que Bolivia está muy débil en materia reservas y producción; sin embargo, advierte que el Estado por sí solo no tiene manera de conseguir el financiamiento para llevar adelante su plan de reactivación del campo petrolífero en el país.

“Si este plan viene acompañado de un cambio en el sistema fiscal y en la regulación, como anunciaron el Ministro de Hidrocarburos y el señor Poma, de la Asamblea nacional, creo que podemos comenzar a ver luz al final del túnel”, señaló el analista.

Agregó que el sistema impositivo boliviano ha servido para cosechar, pero no para explorar, por lo que el proyecto que presentó el Gobierno necesariamente tiene que ir acompañado con la variante en el modelo contractual nacional y el sistema arancelario, que es muy elevado para perforar, sobre todo en áreas alejadas.

“Ése sería el complemento perfecto, por lo que la Asamblea nacional tiene que tomar cartas en el asunto, para que se apruebe un plan de incentivo fuerte, con el propósito de atraer inversión extranjera masiva a Bolivia”, indicó.

Ríos calificó la actual Ley de Hidrocarburos como “política y perversa” porque sólo le ha permitido a Bolivia obtener mucha renta de yacimientos que estaban descubiertos, los cuales ahora, tras 20 años de producción, se están agotando.

“Necesitamos cambiar el marco fiscal e incentivos reales, ya que las inversiones están escasas en el contexto global. Bolivia no puede darse el lujo de no tener un nuevo ciclo exploratorio; por eso reitero que, para que el plan del Gobierno funcione, el país tiene que tener un cambio regulatorio y fiscal, así de simple”, añadió, a tiempo de destacar la iniciativa de las autoridades gubernamentales para reavivar el sector hidrocarburífero de Bolivia.

RÉGIMEN FISCAL

Por su parte, el analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, advirtió que, mientras no se cambie la política hidrocarburífera, no será posible prever un tipo de variante en cuanto a inversiones se refiere en este sector.

“¿Qué ha cambiado hoy para que Bolivia pueda atraer inversiones con relación a lo que teníamos hace cinco o 10 años? Recordemos que en 2012, cuando Carlos Villegas era presidente de YPFB, se promovió igual a la empresa estatal en varias ruedas de negocios en el contexto internacional, y en ese entonces anunciaron que se podía generar cerca de 2 mil millones de dólares en materia de inversión, pero lo cierto es que aquello no ocurrió porque existen problemas estructurales serios que tienen que ser resueltos, comenzando por una nueva política hidrocarburífera”, explicó.

Velásquez reiteró que lo que se observa hoy en el rubro de hidrocarburos es el resultado de esa estrategia que se implementó en 2005, por lo que urge realizar ajustes en beneficio de la economía del país.

“El sector de hidrocarburos es de largo plazo, puesto que un cambio que se realice hoy es muy probable que se obtengan resultados en un prolongando tiempo”, acotó.

Más adelante, puntualizó que es fundamental definir el rol que deben desempeñar las empresas estatales involucradas en el área petrolífera, porque considera que actualmente existe duplicidad de funciones, poniendo como ejemplo a YPFB, que pretende ejercer el papel de fiscalizador, siendo que es una labor de la ANH.

Además, Velásquez subrayó que lo fundamental en este aspecto es el régimen fiscal, porque considera que es el problema más “relevante en sector de hidrocarburos” y que impide en gran medida el flujo de inversiones.

“Recordemos que en Bolivia entre regalías y el IDH, el Estado se queda con al menos con 50 por ciento de los ingresos por la explotación de los hidrocarburos, algo que ha sido establecido desde el referendo de 2004 y está inmersa en la Ley de Hidrocarburos”, apuntó.

Velásquez dijo que el país tiene un régimen fiscal “ciego” porque aplica ese 50 por ciento a cualquier campo, sin que interese que sea un campo nuevo o viejo, o que está en su meseta de producción.

“Para un proyecto nuevo entre regalías e IDH es una carga fiscal muy alta, y lo hace muy poco viable. Bolivia es uno de los países en el que el Estado se queda con la mayor porción de la renta hidrocarburífera, y este factor no incentiva la inversión”, dijo.

Por ello, indicó que las compañías extranjeras prefieren migrar a países donde puedan encontrar un equilibrio, ya que de ese modo se alcanzará la rentabilidad del sector petrolero.

 

YPFB APUNTA A CAMPOS MADUROS

El “Plan de reactivación del Upstream 2021: nuevas perspectivas y oportunidades” de YPFB pretende viabilizar labores de exploración en 17 áreas con una inversión de aproximadamente 1.400 millones de dólares.

La estatal petrolera apunta a la conformación de sociedades estratégicas con empresas privadas para ejecutar actividades exploratorias en campos maduros y cerrados en Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Beni, Pando y La Paz.

El presidente Luis Arce anunció que garantizará la seguridad jurídica para las empresas que aspiran a invertir en Bolivia.

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