Presión judicial de accionista del 16% impide venta de casa de Los Tiempos

País
Publicado el 07/09/2022 a las 0h33
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La presión judicial impulsada por uno de los aparentes socios de la empresa ICC, accionistas minoritarios de Editorial Canelas (16,66 por ciento), impide la venta de una vivienda ubicada en la avenida América de propiedad de Los Tiempos con un proceso civil por una apelación a dos resoluciones que no tienen nada que ver con la venta del inmueble “improductivo”, explicó el abogado de Editorial Canelas, Oscar Guillén.

Los empresarios de ICC acreditan el 33,33 por ciento de las acciones frente al 66,67 por ciento que tienen los accionistas mayoritarios, pero sólo uno de los tres accionistas que tienen el 33% cedió un porcentaje (16,66 por ciento) supuestamente al empresario afín con el MAS Eduardo Valdivia. 

“Los de ICC realizaron una impugnación de dos actas de accionistas de Los Tiempos, esas dos actas fueron ratificadas por los accionistas en dos juntas (de enero y febrero). Esas actas no tienen nada que ver con la casa de la avenida América”, dijo Guillén.

Este medio intentó entrevistar a uno de los abogados de la empresa ICC, Carlos Ruiz, pero el jurista señaló que no está autorizado para dar entrevistas a los medios ni emitir ningún criterio sobre el proceso que está “siguiendo su curso”.

El matutino denunció que el empresario Eduardo Valdivia, vinculado al MAS y al Gobierno, adquirió las acciones de uno de los accionistas minoritarios, Mauricio Canelas (16,66 por ciento), mediante la empresa ICC.

“El que tiene el control de ICC es un empresario, Eduardo Valdivia Zambrana, quien ha adquirido las acciones del exsocio de Editorial Canelas S.A., Mauricio Canelas; desde esa posición minoritaria, Valdivia, un empresario vinculado al MAS, ha comenzado a activar fiscalizaciones impositivas con multas millonarias, fiscalizaciones de la reguladora estatal de empresas y, por último, también ha soltado a los mastines de la justicia podrida contra este medio informativo”, señaló el matutino mediante la editorial del pasado 15 de agosto. 

Añadió: “Su finalidad es controlar nuestro diario para convertirlo en una caja de resonancia del poder. Lo cuestionable es que, pese a tener un porcentaje minoritario de acciones, use su influencia política en el retorcido intento de apropiarse de Editorial Canelas SA”.

Por otro lado, esta semana se denunció que este proceso inició al menos cuatro observaciones porque la empresa ICC presentó la impugnación fuera del plazo de los 60 días que establece la ley. No cumplieron con la obligación de una conciliación previa. No ofrecieron la fianza que exige el código de comercio. No acompañaron el documento de que estaban impugnando (de la junta de accionistas de enero de este año). 

Pese a esto, la jueza suplente del juzgado décimo, Janet Montaño, ordenó una medida cautelar que inmovilizó la venta de la casa de la avenida América. Pero, la jueza titular del juzgado noveno, Gloria Villarroel, dejó sin efecto el juicio “hasta el estado en que ICC presente la conciliación previa”, informó el abogado de Editorial Canelas.

“Como Editorial Canelas, hemos efectuado los reclamos, haciendo notar todas esas ilegalidades porque todas esas medidas las adoptó en suplencia la juez número 10, pero la jueza titular número nueve anuló obrados, es decir, dejó sin efecto todo el juicio”, indicó Guillén. 

Sin embargo, y pese a haberse anulado todo lo actuado y ordenado la cancelación de medidas cautelares impuestas contra el inmueble de Editorial Canelas, hasta la fecha la juez Gloria Villarroel no permite el levantamiento de esas medidas.

¿Por qué es importante la venta de esta casona? Con la venta de esta casa en la avenida América, Editorial Canelas pretende paliar la crisis económica que hay en la empresa debido a la pandemia por la Covid-19 y la cuarentena rígida de 2020, en la cual no se vendió ni un solo diario por casi tres meses y tampoco se tuvo ingresos por publicidad.

“Todos los medios de comunicación en el mundo hemos pasado por situaciones económicas tremendamente extremas fruto de la pandemia. Tenemos deudas con los trabajadores y obligaciones por cumplir. Lo responsable de una empresa es poner a la venta sus bienes improductivos porque eso hace la gente honesta, vender sus bienes para poder pagar sus deudas y estar tranquilos, y cumplir con nuestra gente que siempre nos ha apoyado de una manera muy responsable y cariñosa”, dijo en conferencia de prensa, Mauricio Fuentelzas, presidente del directorio.

Añadió: “En ese sentido, la justicia se ha prestado a ser parte de esta asfixia económica inventándose burdas resoluciones, absurdas, temerarias que nos obstaculizan la venta de un bien improductivo sin fundamento legal alguno, violando normas de carácter imperativas”.

Mora procesal

Esta semana el abogado de Editorial Canelas denunció que tampoco se cumplieron los tiempos procesales señalados en el artículo 212 del nuevo Código Procesal Civil.

El artículo 212, parágrafo II, del Código Procesal Civil, señala: “Los autos interlocutorios y definitivos serán dictados en el plazo máximo de cinco días”.

Sin embargo, tras 15 días de espera, el viernes, Editorial Canelas fue notificado con una resolución que ratifica la anulación del proceso contra el matutino, pero no contempla el levantamiento del auto que ordena la medida precautoria de prohibición de innovar y contratar la transferencia del bien inmueble.

Respecto a la mora, la delegada distrital del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Sidia Alba, explicó que la pandemia, ausencia de jueces, acefalías o fallecimientos de jueces influye en la mora procesal, pero esta entidad investigará la razón de la demora en este proceso.  

“El Consejo de la Magistratura hace el control de plazos procesales. Vemos qué cosas han influido para esta mora. No solo investigamos plazos, también investigamos que no se cobre, exceda. Nosotros no sancionamos, los que sancionan son los jueces disciplinarios”, dijo Alba.

Gobierno favorece a medios afines  

Esta semana se reveló, una vez más, que el Gobierno del MAS favorece con la pauta publicitaria a los medios de comunicación que afines a su ideología política, tal es el caso del corresponsal del canal venezolano Telesur, Freddy Morales, que se benefició con seis contratos en 18 meses por más de un millón de dólares.

Asimismo, en julio, se denunció que las redes ATB y Abya Yala son los medios que más se beneficiaron con los contratos por la difusión de publicidad del Ministerio de la Presidencia.

Según una investigación de Brújula Digital, el gobierno de Luis Arce ha destinado más de 140 millones de bolivianos a la propaganda gubernamental beneficiando a los medios que mantienen la línea ideológica del MAS.

La asfixia no se refiere solo a la falta de publicidad

El sindicato de trabajadores de Editorial Canelas, que se declaró en emergencia ante la arremetida gubernamental que busca asfixiar económicamente a Los Tiempos, se pronunció señalando que la denuncia que hace este medio “no se refiere sólo a la falta de publicidad del Estado”.

“Debemos dejar en claro que, si bien el medio de comunicación denunció una asfixia desde el Gobierno, la denuncia no se refiere solo a la falta de publicidad del Estado en nuestro matutino, que es casi inexistente desde el 2016, sino a los ataques que a través de terceros ejecutan contra Los Tiempos, con inspecciones impositivas nunca hechas a un medio de comunicación”, señala el comunicado.

Añade: “La más severa es aquella que impide a Editorial Canelas poder vender sus bienes inmuebles que le posibilitarían, en gran medida, saldar deudas y salir a flote a la empresa”.

Tras la denuncia de asfixia económica y de presión política hecha por Los Tiempos, numerosas entidades periodísticas expresaron su apoyo y solidaridad con el matutino cochabambino.

La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC) se declaró en emergencia permanente. Asimismo, la Asociación de Periodistas de Cochabamba (APC).

Recordaron al Gobierno que estos actos contra Los Tiempos vulneran la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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