Marcos Orellana: “Es preocupante que Bolivia no proteja su biodiversidad”

El Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) no sólo ha incumplido sus compromisos internacionales en materia medioambiental para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera, sino que también ha optado por una vía opuesta al conceder mayores beneficios al sector cooperativista, entre éstos, la formalización de la minería en áreas protegidas. 

Esto ha despertado la preocupación no sólo de organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas, sino también de la comunidad internacional.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Sustancias Tóxicas, Marcos Orellana, dijo que es “tremendamente preocupante” lo que ocurre en el país, donde se ve que el Ejecutivo concede privilegios al sector minero y no asume las acciones necesarias para proteger el medioambiente.

En esta entrevista con Los Tiempos, se refiere además al incumplimiento de Bolivia para presentar su Plan de Acción Nacional (PAN) para reducir el uso de mercurio. En esto lleva al menos seis meses de retraso, aun cuando el Ejecutivo recibió apoyo de la comunidad internacional para tal efecto. 

—¿Qué opinión le merece la situación boliviana? El sector cooperativista aurífero recibió una tasa de impuestos muy baja y permiso indirecto para ingresar a las áreas protegidas.

—Es tremendamente preocupante. A pesar del aumento exponencial en el uso del mercurio en la pequeña minería aurífera, el Gobierno, en vez de elaborar un plan de acción nacional en los tiempos previstos en el Convenio de Minamata, en vez de tomar medidas para hacer frente a esta contaminación, en vez de proteger la salud de los mineros, veo con gran preocupación el consecuente aumento del mercurio. 

En particular, la falta de protección a la biodiversidad, la mayor deforestación, los impactos en los ríos y derechos de toda persona a vivir en un medioambiente limpio, saludable y sostenible. Y eso es sin duda motivo de preocupación.

—Bolivia aún no presentó su plan de acción nacional, ¿qué otras posibilidades hay desde la relatoría para obligar al Gobierno a que cumpla el convenio?

—Aquí hay que señalar dos cosas. Primero, la información disponible hasta el momento es que Bolivia notificó en mayo de 2019 a la Secretaría acerca de que la pequeña minería aurífera y el uso de mercurio en esta actividad es “más que insignificante”. Ésos son los términos que están en el Convenio de Minamanta (un compromiso internacional para reducir el uso de mercurio, el nombre se debe una población japonesa donde hubo un desastre ambiental y de salud debido a la contaminación por la producción industrial de mercurio entre 1950 y 1960). Esto quiere decir básicamente que el mercurio sí es un problema en el país. 

Una vez hecha esa notificación, el país tenía tres años para presentar un plan para hacer frente a la contaminación de mercurio en la pequeña minería aurífera.

El enfoque es de reducción gradual del mercurio en la pequeña minería aurífera. La obligación que contraen las partes es de reducir y eliminar en lo posible el uso de mercurio en esta actividad. 

Entonces, cuando un país no reduce, sino que aumenta su uso de tóxicos, vemos que hay una conducta que contradice la obligación establecida en el convenio. Para ayudar a las partes a cumplir con su obligación de reducir y eliminar en lo posible el uso de mercurio, el mismo Convenio de Minamata dispone la figura para recibir ayuda internacional para la elaboración de dicho plan. 

Ahí hay un fondo multilateral que canaliza millones de dólares a los Estados partes para apoyar la elaboración de estos planes. Según entiendo, Bolivia ha recibido fondos de parte de la comunidad internacional precisamente para hacer frente a la contaminación con mercurio derivada de la pequeña minería. Y, sin embargo, el plan no ha sido concluido ni presentado en los tres años que dispone el convenio. Ése es un primer ángulo. 

Segundo, la Relatoría de Derechos Humanos y Tóxicos es un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos y Reporte. No establece obligaciones internacionales. Lo que hace es monitorear el cumplimiento de los Estados en sus obligaciones internacionales establecidas en instrumentos de derechos humanos y medioambiente.

—¿El incumplimiento de estas obligaciones implica alguna sanción? 

—La base del derecho internacional es el principio universal de la buena fe. El cumplimiento de buena fe de los compromisos que adquiere el Estado. El incumplimiento de un compromiso internacional compromete el honor del Estado, compromete la buena fe en los compromisos internacionales.

—¿Cuánto recibió Bolivia para elaborar el Plan de Acción Nacional? 

—Entiendo que esa información es pública y está disponible en el sitio web del GEF (Global Environment Facility), que es el que apoya y canaliza la cooperación internacional en varias materias, incluyendo la implementación del convenio de Minamata. El apoyo en esta etapa es para la elaboración del plan, no para su implementación ni puesta en marcha. 

Aquí hay dos cosas que subrayar: el abordar el plan es importante, pero aún más importante es, sin duda, la puesta en marcha y su implementación, o sea, la eliminación del mercurio en la pequeña minería aurífera. 

No basta con contar con sistemas administrativos, con políticas y medidas. Lo más importante es que estas medidas se lleven a cabo y se deje de usar el mercurio en la pequeña minería aurífera.

Por otro lado, el mercurio es un método de separación del mineral sumamente ineficiente. La transformación tecnológica permitirá un rendimiento mucho mayor y un ingreso mucho mayor a las personas y cooperativas involucradas en esta actividad. 

Además de lo que vengo señalando con relación a la aplicación efectiva del Plan de Acción Nacional, cabe señalar un segundo punto. En la elaboración del plan es sumamente importante que los países consulten de manera adecuada y significativa a las personas que se ven involucradas en este rubro, eso incluye a los pueblos indígenas impactados por la contaminación, también a los mineros, a la sociedad civil, que tiene interés en la protección ambiental, entre otros actores. 

O sea, se trata de un proceso abierto y participativo a efectos de lograr mejores medidas y también que esas medidas sean bien recibidas, de buena forma por todos los actores involucrados. 

—¿Qué acciones ya se han realizado con relación a Bolivia y al problema del mercurio? 

—La Relatoría de Tóxicos y Derechos Humanos, así como otros procedimientos especiales de Naciones Unidas, son procedimientos de monitoreo y reporte. Entre las herramientas con las que cuentan para aumentar la visibilidad de los problemas asociados a los tóxicos se encuentran las cartas de legaciones.

Éstos son instrumentos que los relatores especiales envían a los Estados para hacer presente casos o situaciones donde una particular actividad problema está interviniendo en el goce efectivo de los derechos humanos. 

En el caso de Bolivia, yo he tenido la oportunidad de enviar cartas de legaciones en relación con el aumento exponencial en la importación y uso del mercurio en el país. Haciendo notar cómo esto está generando graves impactos e injusticias ambientales sobre pueblos indígenas y los propios mineros, y otras poblaciones que se encuentran expuestas al mercurio. 

También hice notar cómo esta situación de aumento exponencial del comercio y mercurio en Bolivia está menoscabando los objetivos de la comunidad internacional, que se encuentran plasmados en el Convenio de Minamata para la reducción del mercurio.

 

Bolivia recibió $us 500 mil del GEF

De acuerdo a la página web del Global Environment Facility (GEF), el Gobierno boliviano recibió al menos 500 mil dólares para la elaboración de un plan nacional de acción con el fin de reducir el uso de mercurio en la minería a pequeña escala. 

Al momento, el plan no ha sido presentado. Desde el Viceministerio de Medio Ambiente se informó que el mismo ya se encuentra en la Cancillería, donde se afinan algunos detalles.