Cívicos alistan defensa en las calles si el Gobierno activa persecución
El Comité Cívico pro Santa Cruz se declaró en emergencia ante el anuncio del Gobierno de iniciar procesos penales contra los dirigentes regionales que lideraron el paro de 36 días por el censo.
La institución cívica sostuvo que, de ser necesario, se defenderá a los dirigentes cruceños “en las calles”, mientras desde el Ejecutivo se advirtió que “no quedará en la impunidad” ningún hecho de violencia cometido por los cívicos durante la medida de presión.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el presidente cívico, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, tienen al menos dos denuncias por el paro, presentadas por afines al MAS.
“La institucionalidad de Santa Cruz denuncia a la opinión pública y comunidad internacional el afán de revanchismo y odio del gobierno de Luis Arce, que, utilizando la justicia como su brazo represor, está iniciando procesos penales contra los líderes y miembros del comité interinstitucional”, denunció el Comité pro Santa Cruz.
La región oriental del país cumplió un paro de 36 días exigiendo censo en 2023. El conflicto terminó con la promulgación de una ley que, si bien señala que el censo será en 2024, garantiza la aplicación de sus resultados antes de las elecciones de 2025.
Los cívicos aseguraron que Santa Cruz ejerció su legítimo derecho a la protesta pacífica y constitucional y se declararon en estado de emergencia.
“Llamamos al pueblo cruceño a estar atento al llamado de las instituciones, para defender a las calles de ser necesario a nuestros líderes”, señalaron.
El vocero presidencial Jorge Richter adelantó que no habrá “impunidad” por los hechos de violencia en el paro cruceño y pidió a la justicia mayor celeridad para terminar procesos pendientes contra cívicos y opositores.
“No habrá un tiempo de impunidad infinito para las personas que generaron la ruptura en 2019 y este intento también de ruptura y de golpe de Estado de 2022, estas muertes que cada vez que ellos intervienen aparecen acto seguido de sus acciones. No habrá una impunidad que quede en la historia”, advirtió Richter.
Señaló que el daño económico del paro también deberá tener responsables, porque el país perdió más de 1.200 millones de dólares con la medida de presión.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS), afirmó que no corresponde “un borrón y cuenta nueva” para dejar pasar las “conductas delictivas” que se registraron durante el paro de 36 días convocado por los líderes de Santa Cruz.
El legislador oficialista rechazó las declaraciones del gobernador Camacho y del presidente cívico Rómulo Calvo, quienes denunciaron “persecución política” contra los líderes cívicos tras la afirmación del presidente Luis Arce sobre que los hechos producidos en el paro no quedarán en la impunidad.
Sostuvo que las declaraciones de Camacho y Calvo son irracionales, porque no tienen fundamento para sostener que hay “persecución política”, cuando lo que existe es investigaciones de la violencia durante el paro.
“Debemos estar atentos y unidos”
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, declaró ayer que la decisión del Gobierno para procesar a dirigentes cruceños es “revanchismo político” y convocó al departamento a estar alerta y mantener la unidad.
El Gobernador dijo que la promulgación de la ley del censo fue un buen resultado del paro, a pesar de que no se logró que la encuesta fuera en 2023.
“Hemos llamado al pueblo a estar atentos porque no sólo es persecución a los líderes, sino a todo el departamento. No puede haber detenidos por una lucha pacífica y ciudadana”, dijo el Gobernador cruceño.
