Expertos: Sólo el TCP puede destrabar las elecciones judiciales y las interpelaciones
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene en sus manos resoluciones tan importantes que, incluso,paralizaron las elecciones judiciales y las interpelaciones de los ministros de Estado, pero sus fallos no obedecen a la Constitución Política del Estado (CPE), más bien al Gobierno, manifestaron los constitucionalistas consultados por Los Tiempos.
Para el abogado constitucionalista y exmagistrado José Antonio Rivera, el TCP se convirtió en un instrumento funcional de quienes detentan el poder político y económico. “El TCP es tan poderoso que puede definir políticas públicas, que puede parar elecciones y socavar interpelaciones”, sostuvo.
El 27 de abril de este año, el TCP, mediante su Comisión de Admisión, dispuso suspender provisionalmente la convocatoria para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, en tanto se resuelve un recurso planteado por el diputado de Creemos Leonardo Ayala. Tiene hasta agosto para emitir su sentencia, mientras tanto rige la medida cautelar de suspensión de la selección de candidatos.
Antes, la Sala Constitucional de Beni resolvió dejar sin efecto la convocatoria a la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, mientras no se resolvieran las observaciones a un artículo de la normativa. Ordenó un nuevo reglamento y otros plazos.
Sobre el tema de las interpelaciones a los ministros de Estado y las censuras, el abogado constitucionalista y diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, señaló que también está en manos del TCP el destino de la censura de ministros tras su interpelación.
Se activará un control preventivo al proyecto de ley presentado por el presidente Luis Arce a la ALP para normar cómo debe ser la interpelación, los efectos y la censura correspondiente, mientras tanto las interpelaciones quedan paralizadas. “El proyecto de ley 350 está en la ALP y, por estrategia política de manipulación, están pretendiendo remitirlo en consulta ante el TCP”, dijo Alarcón.
El Tribunal también declaró inconstitucionales los apartados de la Ley 1350 que Regula los Efectos de la Censura Determinada por la ALP, después de una acción abstracta interpuesta por el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Cuellar.
Para Alarcón, el TCP es un satélite de la administración del MAS, tanto de la época del expresidente Evo Morales como de Luis Arce, porque resuelve todos los temas de importancia política para el Gobierno.
A juicio del abogado Carlos Alberto Goitia, el TCP hace mutaciones constitucionales y genera un caos político y social, ya que cambia la CPE sin que se observen los procedimientos establecidos para estas reformas constitucionales.
Goitia mencionó, por ejemplo, que el Tribunal declaró constitucional el Gobierno de Jeanine Añez y después trató de desconocer su afirmación. “Por lo tanto, no es un accionar apegado a la CPE, más bien se mueve de acuerdo con el cálculo político de la coyuntura y eso es perverso para un país”, señaló.
Los constitucionalistas Rivera y Goitia y Alarcón indicaron que algunas de las sentencias o declaraciones constitucionales memorables por la vulneración a la Constitución Política del Estado son la 003/2013 y la 0084/2017, debido a que permitieron la permanencia de Evo Morales en la presidencia de Bolivia.
La Declaración Constitucional 0003/2013 permitió una segunda reelección indefinida para Morales con el argumento de que Bolivia era un nuevo Estado y se empezaba de cero. “Una barrabasada”, afirmó Rivera.
En tanto que mediante la Sentencia Constitucional 0084/2017, emitida por los magistrados Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Virginia Andrade y Ruddy Flores, se determinó la reelección indefinida como un derecho humano. Esta acción posibilitó la candidatura de Evo Morales por cuarta vez consecutiva a la presidencia en las elecciones de 2019, pese a que en el referendo del 21 F se rechazó esta propuesta.
Alarcón cuestionó que el TCP no haya anulado de oficio la Sentencia Constitucional 0084/2017 sobre la base del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un peligro
Rivera dijo que es un peligro tener un TCP que puede manipular a través de sus sentencias, porque se convierte en el destructor de la democracia. “Tenemos un Tribunal que se presta a la manipulación política y es una amenaza para la democracia y el Estado de derecho. “Si el Gobierno quiere frenar algo, acude al TCP (...), y en unos casos es tan rápido y en otros rechazan después de un año”, dice.
Rivera explicó que, en teoría, el TCP tiene mucho peso, puesto que racionaliza el ejercicio del poder, corrige y frena los excesos, detiene los abusos de quienes detentan el poder político y económico, hace que todos los gobernantes se sujeten a la CPE, porque debe garantizar un Gobierno limitado. Sin embargo,“en la práctica, tenemos un TCP que se está convirtiendo en el peor destructor del Estado constitucional de derecho, en la amenaza de la democracia y en un instrumento funcional de quienes detentan el poder político y económico”.
Rivera señaló que el cumplimiento del rol del TCP depende de los magistrados que lo conforman. Por lo tanto, estos “deben ser los mejores juristas cuya militancia sea con la CPE, los derechos humanos y la defensa de la democracia”.
1 mes
El Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá una Declaración Constitucional en el plazo máximo de treinta días a partir del sorteo.
OPINIONES
Una de las últimas violaciones a la CPE fue la ratificación de Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno tras ser censurado. Juan del Granado, jurista.
La característica principal del Gobierno del MAS es la vulneración de la Constitución Política del Estado. Franco Albarracin, activista.
