Más de 10 leyes fomentan incendios en el país; los activistas exigen abrogarlas
Activistas y biólogos denunciaron la vigencia de al menos una decena de leyes y decretos que favorecen las quemas en el territorio boliviano y exigieron su abrogación porque afectan al medioambiente.
En este contexto, los comunarios, bomberos y voluntarios continúan su lucha contra el fuego que no cesa en el Parque Nacional Madidi y en otros parques y reservas, principalmente.
Las normas cuestionadas alientan la degradación de bosques y la deforestación provocada por los incendios forestales. Siete de estas normativas fueron aprobadas durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), con el objetivo de ampliar la frontera agrícola, sobre todo en el oriente del país.
De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, en lo que va del año, se han consumido 2,9 millones de hectáreas y el fuego persiste en el norte paceño, en Beni y en Santa Cruz. La situación se agrava por la sequía extrema que golpea el país.
Una de las normas calificadas como incendiarias es el Plan de Usos de Suelos (PLUS) de Beni, aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD). Con la norma se afecta a la Amazonía, los territorios indígenas, las áreas arqueológicas y los patrimoniales, denunció el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
El Decreto Supremo 3874 autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y soya evento intacta, destinados a la producción de aditivos de origen vegetal–biodiésel. El decreto vulnera las leyes de la Madre Tierra, el Protocolo de Cartagena y una decena de otras normas.
El Decreto Supremo 4334 determina el desmonte para la actividad agropecuaria en Santa Cruz y Beni, dispuesta por el PLUS a criterio reglamentario de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). La autorización vulnera los principios forestales y genera incendios autorizados.
Las leyes 337, 502, 739, 952 establecen el “perdonazo” a aquellos predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y 2017. Estas normas vulneran la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley del Medio Ambiente, la Ley de la Madre Tierra y la Ley Forestal.
La Ley 740 de Ampliación del Plazo de Verificación de la Función Económica Social suspende las reversiones de tierras no saneadas, neutraliza el control del Estado sobre su uso y evita la consumación de medidas coercitivas en su contra.
La Ley 741 autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias. “El efecto real de la norma es la quema descontrolada de bosques de parte de colonizadores e interculturales, que se suman a grandes propietarios y traficantes de tierras, generando un grupo de personas que se camuflan como pueblos indígenas”, dijo el representante del Conade, Manuel Morales.
La Ley de Uso y Manejo Racional de Quemas (1171) confiere al incendiario la capacidad “racional” de controlar el fuego provocado, algo que no es posible controlar y normar.
La Ley 1098 promueve la ampliación de los cultivos para la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal (etanol anhidro y biodiesel), dada la crisis de importación de carburantes.
Vincent Vos, investigador del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía de la Universidad Autónoma de Beni José Ballivián, advirtió que se pone en riesgo la Amazonía, que es uno de los más grandes reservorios del ecosistema. Adelantó que “en 2030 habremos perdido el Amazonas si no paran los incendios forestales”.
Los colegios de biólogos de La Paz y Cochabamba, mediante un pronunciamiento, exigieron la “abrogación inmediata de las leyes, reglamentos y normas nacionales, departamentales y municipales que vulneran la existencia de bosques, ríos, suelos y aire sanos”.
Señalaron al Gobierno de generar un paquete de leyes incendiarias que promueven la “destrucción de bosques y se asocia directamente con la escasez de agua actual. También promueve un modelo de desarrollo extractivista y un modelo económico totalmente dependiente de la destrucción del patrimonio natural y los recursos naturales no renovables”.
