Las áreas protegidas, en riesgo de extinción por el petróleo y la minería

Las áreas reservadas y parques nacionales se encuentran en riesgo por las actividades de exploración y posible explotación de hidrocarburos, además de la actividad minera, desde los gobiernos de Evo Morales y ahora de Luis Arce.

Las actividades mencionadas cuentan ahora con la venia del Estado, a través de la aprobación de leyes en el Legislativo y su promulgación en el Ejecutivo. El 10 de noviembre de este año, se promulgaron tres normas que aprueban trabajos en Carandaiti, Yuarenda y Suyarenda en favor de Vintage Petroleum Boliviana LTD (sucursal Bolivia).

“Este es un gobierno extractivista, antiecológico, que comulga con el ecocidio, con matar a la Pachamama, como son la mayoría de los países del capitalismo actual vigente, práctica que viene desde hace 18 años”, afirmó el economista y exdirigente de la COB Lucio Gonzales Alanes.

El exdirigente indicó que “como nunca, se está atentando contra las áreas protegidas, al permitir a los nacionales y extranjeros realizar trabajos extractivistas”.

La normativa promulgada por Arce establece trabajos para la exploración y explotación en áreas reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), como el Área Carandaiti, ubicado en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija; el Área Yuarenda, en Tarija, y el Área Sayurenda, también en Tarija.

En octubre de 2022, se promulgó la Ley 1476, mediante la cual se determinó realizar trabajos en el Área Carandaiti, ubicada en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

Asimismo, en el Área Ovai,en Santa Cruz, con la empresa Canacol Energy Colombia SAS (sucursal Bolivia), en Yuarenda (Tarija), Florida Este (Santa Cruz) y Sayurenda (Tarija).

Antecedentes

Esta arremetida contra las áreas reservadas data desde 2013, con la Ley 405. Esta aprobó el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas a favor de YPFB, correspondiente al Área Azero, ubicado en Santa Cruz y Chuquisaca, para que trabajen las empresas Total E&P Bolivie (Sucursal Bolivia) y GP Exploración y Producción SL (Sucursal Bolivia).

Este camino empezó a ser trazado en abril de 2013. Ese año, el entonces presidente Evo Morales decidió abrir las áreas protegidas a la actividad hidrocarburífera. Se viabilizó a través del Decreto Supremo 2366, promulgado en 2015. Con este, se autorizó que 24 millones de hectáreas fueran incluidas en la nueva frontera petrolera, que comprende alrededor del 22 por ciento del total del territorio boliviano. Otra de 2022 (ya en el gobierno de Arce) mantiene abiertas las puertas de los parques para la explotación de hidrocarburos.

Minería

Las áreas protegidas también están siendo amenazadas por la actividad de las cooperativas mineras que desarrollan tareas de forma ilegal en las áreas reservadas.

El investigador especializado en temas mineros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, indicó que esta minería (cooperativizada e ilegal) avanza sin ningún tipo de política pública que “busque beneficio para el Estado y las comunidades”.

Explicó que, en el marco del plan de desarrollo del Gobierno, la mirada no está “dirigida hacia a la Amazonía para la expansión de la actividad minera”.

“Sabemos que todas las áreas mineras que se van dando dentro de esta expansión, son áreas que están medidas en cuadrículas y estas cuadrículas en hectáreas. Entonces, cuando estamos hablando de estas áreas mineras no estamos hablando de cantidades menores, sino de mucha extensión de territorio que lo que haría es el cercamiento a todas estas áreas forestales, de igual forma a sus recursos”, indicó.

Respecto a las áreas preconstituidas, que según la dirigencia de las cooperativas no están en áreas reservadas sino aledañas, el investigador del Cedla dijo que el impacto ambiental es el similar por la contaminación de ríos, deforestación y remoción de tierra.

Petróleo en áreas protegidas

En julio de 2013, algunas dependencias ya reportaron la existencia de petróleo en ocho áreas protegidas, lo que atentaría contra el área natural y causaría la expulsión de los indígenas.

Estas áreas son los parques nacionales Amboró, Kaa-Iya, Madidi, Aguaragüe, Iñao y el Tipnis, además de las reservas Tariquía y Pilón Lajas, que contarían con petróleo.

En seis de ellas habitan pueblos indígenas desde mucho antes de la creación de las zonas ecológicas y el Tipnis y Pilón Lajas, son Tierras Comunitarias de Origen (TCO).

En Bolivia, existen 122 áreas protegidas, pero sólo 22 están normadas como parques, reservas y áreas naturales.

Exministro y minería verde

El exministro de Minería, Ramiro Villavicencio, en su momento, indicó que se legalizarían las operaciones mineras dentro el área protegida y se buscaría que estas sean “compatibles” con el medioambiente.

“Como Ministerio, estamos trabajando contra la minería ilegal y evidentemente vamos a legalizar absolutamente todo lo que se refiere a estas áreas mineras. También necesitamos que todos los trabajos que se hagan sean compatibles no sólo con el medioambiente, sino con la sostenibilidad y preservación de nuestras áreas protegidas”, indicó al ser consultado sobre el porcentaje del parque nacional Madidi comprometido para la minería, según un artículo de La Nube.

OPINIONES

“El gobierno del MAS es el primero en ser permisivo con la exploración en áreas reservadas y la actividad minera ilegal. Son políticas del capitalismo más salvaje”. Lucio Gonzales Alanes, Economista y exdirigente de la COB,

“Hemos visto normas que han ido flexibilizando procesos y trámites para la licencia ambiental, en algunos casos vulnerando derechos de pueblos indígenas a la consulta previa”. Alfredo Zaconeta, Investigador Cedla.