La CIDH desafía a revertir la justicia politizada y la polarización en Bolivia
Una justicia de la que los bolivianos desconfían profundamente por servir a los intereses políticos del Gobierno de turno, falta de garantías para procurar a las mujeres una sociedad libre de violencia y ausencia de medidas efectivas para garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, así como los derechos del pueblo afroboliviano, son algunas de las conclusiones del informe “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia”, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH).
En el extenso documento de 224 páginas se analiza la situación de derechos humanos en el país, con base en lo observado durante la visita in loco del 27 al 31 de marzo de 2023; los desafíos estructurales, así como los principales avances y retos pendientes desde la anterior visita, realizada en 2006.
El informe concluye también que existe una debilidad institucional histórica, afectada por la polarización política y cómo este fenómeno social “agrava la conflictividad, habilita la escalada de violencia y genera condiciones para violaciones de derechos humanos en el país”.
Gobierno
En tanto, el Gobierno resaltó los contenidos del informe de la CIDH y afirmó que se adhiere al mismo para asumirlo como una agenda.
“No todo está bien, hay temas en las en los que debemos trabajar los bolivianos y ése es el desafío que tenemos a partir del trabajo que debemos emprender todas las instituciones, todos los políticos y todo el pueblo boliviano”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.
La canciller del Estado, Celinda Sosa, aseguró que “la CIDH también reconoce nuestros avances normativos en base a la despatriarcalización y la descolonización. Sin embargo, aunque contamos con una normativa que reconoce la igualdad, teniendo en cuenta las diferencias, seguimos siendo una sociedad en construcción”, reconoció.
Justicia y DDHH
Entre las recomendaciones importantes, la CIDH pide iniciar, en el plazo inmediato, una reforma integral del sistema judicial, con participación ciudadana plural.
Sugiere también la asignación y la ejecución presupuestaria al órgano judicial que tome en cuenta parámetros de inversión anual, necesidades de equipamiento, infraestructura y personal.
Pide crear e implementar una política pública nacional para reducir el hacinamiento en las cárceles, que incluya la gestión unificada y eficiente de la información que permita identificar el estado de cumplimiento de las condenas y agilizar las órdenes de libertad, además de investigar, juzgar, sancionar y reparar, con la debida diligencia, de casos de graves violaciones a los derechos humanos, así como adoptar políticas públicas y reformas legales que comprendan medidas de no repetición.
Diversidades sexuales
Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a Bolivia aún le quedan retos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, no binarias y de género diverso e intersexuales.
“Por otro lado, se nota la necesidad de atención estatal a los impactos ambientales derivados de actividades extractivas; garantías para el acceso al agua, la salud, el trabajo y la educación, entre otros”.
El organismo reconoce la apertura del Estado
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contiene observaciones y recomendaciones para atender los desafíos pendientes en derechos humanos y pone a disposición del Estado su mandato de cooperación técnica y seguimiento de recomendaciones para el acompañamiento a las medidas que sean adoptadas para ese fin.
La CIDH reconoce la apertura del Estado Plurinacional de Bolivia al escrutinio internacional, agradece la invitación para realizar la visita, que se llevó a cabo en las ciudades de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Sucre, así como las facilidades logísticas y el respeto a su mandato.
“Con el nuevo marco constitucional, se han producido significativos avances en la disminución de la desigualdad en grupos humanos tradicionalmente excluidos de la atención estatal. Sin embargo, la implementación de esta nueva visión de Estado ha encontrado desafíos que impiden la garantía plena de los derechos reconocidos constitucionalmente”, dice una parte del informe.
