
TEXTURA VIOLETA
Tras varios meses de silencio policial en un caso que conmocionó a la opinión pública, se ha conocido que el autor de una violenta violación e intento de asesinato de una adolescente, ocurrida el 1 de noviembre de 2021 cerca de Barcelona, España, es un joven boliviano de 21 años.
Hace unos años, un joven boliviano en Barcelona explicaba que en su maestría la gente que estudiaba con él se le había reído cuando le llamó al profesor “Licenciado” (así, con mayúscula). Él, avergonzado, entendió que las risas eran porque en realidad el profesor era “Doctor”, un grado académico muy superior. Pero seguía equivocado, era porque hacía evidente ese afán latinoamericano de resaltar el grado de estudio de una persona.
Son 20 años de cárcel los que podría recibir Jeanine Áñez, como pena por asumir la presidencia de Bolivia de forma inconstitucional, en el juicio que enfrenta por la vía ordinaria y que tiene a ella como único rostro civil relevante del controvertido proceso de crisis política y social de octubre y noviembre de 2019, en el que existen otros participantes.
Desde el Gobierno se anunció durante varios días que el 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, se daría un informe de los primeros resultados de la comisión para la revisión de casos de feminicidio y violación en que el sentenciado se encontraba libre. No sólo no hubo tal informe ese día, sino que cuando se hizo en días posteriores se lo vio muy deslucido ¿Qué pasó?
En medio de las celebraciones carnavaleras, recuperadas luego de la pandemia, muy lejos han quedado ya los primeros resultados de la visita a Bolivia del Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán; mucho más uno de los puntos en los que él hizo énfasis, relativo a las mujeres; y también las acciones y logros que, en materia jurídico-policial, las mujeres han hecho al margen de este personaje.
Se dice que para que un asunto no sea resuelto hay que crear una comisión, especialmente parlamentaria, que quiere decir político-partidista. Parecería que es lo que puede pasar con la comisión interinstitucional, y manejada por el Gobierno, que debe revisar los casos que sobre feminicidios y violaciones se ventilan en la (corrupta) justicia boliviana.
La figura de Richard Choque es en Bolivia el rostro visible, seguramente uno de los más feos, de la violencia hacia las mujeres. Ha convulsionado a la sociedad por la magnitud de su crueldad, pero sólo es la punta del iceberg de una violencia que se pasea campante por calles, casas, transporte público e instituciones gracias a un sistema que le sostiene y le respalda.
Luis Arce y David Choquehuanca, más aún Evo Morales y, por detrás, Andrónico Rodríguez, están aferrados al poder, sí. Así también lo está con disimulo Carlos Mesa y con descaro Luis Fernando Camacho, y con estilo militar Manfred Reyes Villa, entre otros. Samuel Doria Medina ha dado un paso al costado, pero se ha asegurado de ser el secretario general de su partido, ¡ah!
Con seguridad es muy difícil gestionar un asunto como la vacunación contra la Covid-19 en un país tan complejo como Bolivia, donde no parece adecuado aplicar una misma decisión sanitaria para personas cuyas realidades sociales presentan enormes diferencias.
En el proceso de divorcio de su marido, Valeria Rodríguez arguyó, entre otros elementos, que sufría violencia económica y patrimonial de parte de su esposo, Antonio Parada. Usó esta conquista de las mujeres para reclamar parte del botín de, lo que al parecer fueron, años de millonarios robos al erario público boliviano.

