DEBAJO DEL ALQUITRÁN
Entre estudiosos, analistas e investigadores está muy arraigada aquella tesis que divide al electorado boliviano en tres partes, de acuerdo a los datos históricos sobre el comportamiento electoral. En ese sentido, un tercio del electorado estaría compuesto por el llamado “voto duro” del MAS, cuyo apoyo es incondicional y constante. Comportamiento ampliamente ratificado en las tres últimas contiendas electorales. Básicamente, está conformado por población rural y migrante. Además, con potente identificación étnica y cultural con Evo Morales.
Desde que Juan Guaidó se proclamó, invocando la Constitución, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, como encargado de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, para encabezar un gobierno de transición con el exclusivo mandato de convocar a elecciones libres, Venezuela cuenta, de facto, con dos presidentes. De manera inesperada se abre, entonces, una intensa lucha de poderes con dos presidentes enfrentados.
En la coyuntura actual, no solo resulta pintorescas, sino considerablemente grotescas las conductas y expresiones de apoyo del gobierno del MAS, y sus manipulados “movimientos sociales”, al régimen de Maduro.
Entre los escenarios políticos posibles para el 2019, convergen dos certezas y una incertidumbre.
Si observamos con detenimiento todos los pasos que han seguido Evo Morales y el MAS, desde aquella terrible derrota del 21F, debemos reconocer la presencia de muchas señales que no nos permiten ser optimistas respecto al futuro de nuestra democracia.
De acuerdo con el cronograma electoral de las forzadas elecciones primarias, el 28 de noviembre fue la fecha límite para la presentación e inscripción de los respectivos binomios presidenciales de las distintas fuerzas políticas con personería jurídica y las alianzas previamente habilitadas.
Sin duda, las elecciones generales del próximo año tienen un conjunto de factores, de forma y de fondo, que las ubican en un espectro sumamente singular y especial.
De entrada, la obligación de ingresar a un proceso interno eleccionario previo, para “elegir” las candidaturas del binomio presidencial, marca una significativa diferencia con las últimas dos elecciones, 2009 y 2014, celebradas en el marco del nuevo texto Constitucional.