DEBAJO DEL ALQUITRÁN
Existen diversas perspectivas sobre el ejercicio del poder. Sin embargo, antes de abordar cómo se ejerce, es necesario partir de una premisa: el poder no es un fin en sí mismo: es un medio, un instrumento para transformar la realidad, imponer decisiones y controlar la distribución de recursos.
En política, quien detenta el poder define el rumbo del Estado, el destino de la riqueza y el futuro de la sociedad.
Seis meses de gobierno no alcanzan para evaluar transformaciones estructurales, pero sí son suficientes para identificar señales claras sobre el rumbo político de una administración.
No se trata, por tanto, de juzgar resultados de largo plazo, sino de observar si existe –o no– una ruptura real con el pasado. Y lo que reflejan estos primeros 180 días del Gobierno de Rodrigo Paz es inquietante: más de lo mismo.
Solo en una sociedad degradada –como advertía Ayn Rand– las leyes dejan de proteger al ciudadano honesto y terminan funcionando en su contra. En esos contextos, las normas ya no resguardan derechos; se convierten en dispositivos que castigan a los justos y protegen a los corruptos.
En política, a diferencia de otros campos, existe una extraña resistencia a aprender. Mientras en el mundo empresarial copiar buenas prácticas es no solo legítimo, sino imprescindible para competir; en la gestión pública predomina una mezcla de improvisación, soberbia e ignorancia que impide aprovechar experiencias exitosas. Como si gobernar fuera un ejercicio de originalidad creativa y no, en esencia, un problema de eficacia.
Los liderazgos caudillistas no suelen caer por la fuerza de sus adversarios, sino por el desgaste al interior de sus propias bases. La historia política está llena de ejemplos donde el poder, construido sobre la obediencia, termina resquebrajándose cuando esa obediencia es obligada y no consentida. En el Chapare, ese momento parece haber comenzado.
La historia política en Bolivia tiene una inquietante tendencia a repetirse. No como simple coincidencia, sino como patrón estructural. Los ciclos de poder, lejos de romperse, se reciclan. Los Gobiernos que emergen con la promesa de cambio terminan reproduciendo las mismas prácticas que criticaron, abriendo, inevitablemente, el camino para el retorno de aquello que pretendían superar.
Las elecciones subnacionales del pasado 22 de marzo no solo definieron autoridades departamentales y municipales; pusieron a prueba la estructura misma del sistema político.
Con la elección de nueve gobernadores, 335 alcaldes, y un número mucho mayor de asambleístas departamentales y concejales, el país asistió a un proceso que, más que consolidar un nuevo orden, evidenció un momento de transición marcado por la fragmentación, la incertidumbre y la ausencia de un eje hegemónico claro.
En Bolivia los cambios políticos no han sido, en esencia, cambios de rumbo, sino simples relevos de élites. Como diría Vilfredo Pareto, “circulación de élites”. A lo largo de dos siglos, el poder ha transitado de unas manos a otras sin alterar lo sustantivo: la relación depredadora entre quienes gobiernan y el Estado.
Más allá de sus discursos ideológicos, las élites –de izquierda o de derecha– han compartido un mismo patrón de comportamiento: la utilización del poder como mecanismo de enriquecimiento y apropiación de recursos públicos.
El derecho internacional nació con una ambición civilizadora: poner reglas allí donde reinaba la guerra. Su origen moderno suele ubicarse en la Paz de Westfalia de 1648, que puso fin a la devastadora Guerra de los Treinta Años en Europa.
Las crisis políticas siempre dejan lecciones. Algunas son de fácil comprensión; otras, más sutiles. Pero todas cumplen una función pedagógica: dejan enseñanzas. En ese sentido, el Gobierno de Jeanine Áñez, más allá de su carácter transitorio, dejó varias lecciones a los políticos del campo antievista y antimasista.