DEBAJO DEL ALQUITRÁN
Sobre cómo nos dejó el régimen masista he escrito bastante. Particularmente, sobre las generaciones que nos tomará reparar el enorme daño institucional, político y cultural que produjo. Mientras tanto, pareciera que estamos obligados a vivir condenados. Como si estuviéramos pagando, en vida, las consecuencias de uno de los experimentos políticos más destructivos de nuestra historia reciente.
Ciertamente, son varios los factores que confluyen en la actual crisis política. Algunos son importantes, otros determinantes. En ese sentido, independientemente de las amenazas desde afuera del gobierno, hay dos factores, o errores, que son determinantes.
Ya lo advertía en una anterior columna: “los Gobiernos no caen únicamente por la fuerza de la oposición, sino por el peso de sus propios errores”.
Hace más de una década, al analizar la estructura y la lógica de poder del régimen masista, advertía sobre los peligros del corporativismo como mecanismo de dominación política (“Los peligros del corporativismo”, 2014).
Señalaba entonces que esta forma de articulación del poder –basada en la captura del Estado por sindicatos y organizaciones afines al Gobierno– terminaría erosionando profundamente la democracia boliviana. Hoy, 12 años después, ese peligro ha alcanzado quizá su expresión más extrema.
Contrariamente a lo que proclama en sus marchas y discursos, Evo Morales no quiere “salvar Bolivia”; quiere destruirla para emerger, desde ahí, como el único salvador. Su estrategia política, detrás de supuestas “demandas”, pretende crear caos, convulsión social y sangre.
Existen diversas perspectivas sobre el ejercicio del poder. Sin embargo, antes de abordar cómo se ejerce, es necesario partir de una premisa: el poder no es un fin en sí mismo: es un medio, un instrumento para transformar la realidad, imponer decisiones y controlar la distribución de recursos.
En política, quien detenta el poder define el rumbo del Estado, el destino de la riqueza y el futuro de la sociedad.
Seis meses de gobierno no alcanzan para evaluar transformaciones estructurales, pero sí son suficientes para identificar señales claras sobre el rumbo político de una administración.
No se trata, por tanto, de juzgar resultados de largo plazo, sino de observar si existe –o no– una ruptura real con el pasado. Y lo que reflejan estos primeros 180 días del Gobierno de Rodrigo Paz es inquietante: más de lo mismo.
Solo en una sociedad degradada –como advertía Ayn Rand– las leyes dejan de proteger al ciudadano honesto y terminan funcionando en su contra. En esos contextos, las normas ya no resguardan derechos; se convierten en dispositivos que castigan a los justos y protegen a los corruptos.
En política, a diferencia de otros campos, existe una extraña resistencia a aprender. Mientras en el mundo empresarial copiar buenas prácticas es no solo legítimo, sino imprescindible para competir; en la gestión pública predomina una mezcla de improvisación, soberbia e ignorancia que impide aprovechar experiencias exitosas. Como si gobernar fuera un ejercicio de originalidad creativa y no, en esencia, un problema de eficacia.
Los liderazgos caudillistas no suelen caer por la fuerza de sus adversarios, sino por el desgaste al interior de sus propias bases. La historia política está llena de ejemplos donde el poder, construido sobre la obediencia, termina resquebrajándose cuando esa obediencia es obligada y no consentida. En el Chapare, ese momento parece haber comenzado.
La historia política en Bolivia tiene una inquietante tendencia a repetirse. No como simple coincidencia, sino como patrón estructural. Los ciclos de poder, lejos de romperse, se reciclan. Los Gobiernos que emergen con la promesa de cambio terminan reproduciendo las mismas prácticas que criticaron, abriendo, inevitablemente, el camino para el retorno de aquello que pretendían superar.