DEBAJO DEL ALQUITRÁN
Octubre es para Bolivia un mes políticamente emblemático. Se han concentrado en él grandes convulsiones sociales, caída de gobiernos y redefiniciones en el rumbo del Estado.
En octubre, desde el siglo pasado, coincidentemente han sucedido muchas cosas. En 1964 se produce la caída de Víctor Paz Estensoro, en su tercer mandato, por un golpe de Estado protagonizado por su vicepresidente. En octubre de 1967, también, Ernesto Che Guevara cae preso y es ejecutado por el Gobierno de René Barrientos Ortuño.
Hace poco menos de un año, justo el final de las funciones de los “magistrados prorrogados”, con la posesión de la nueva presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), había escrito un artículo donde sostenía que Bolivia atravesaba “la página más negra de la historia de la justicia”.
Con mayor notoriedad en los últimos años, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se reúne cada año desde 1946, se ha convertido en todo un espectáculo. Las escenificaciones y la retórica en las intervenciones de los jefes y demás representantes, se asemejan a un espectáculo circense.
En septiembre, Nueva York se convierte en la mayor tribuna política del planeta. Es el gran escenario donde los Estados muestran sus posiciones, denuncian a sus enemigos, defienden sus intereses y buscan legitimidad.
El estado de excepción vuelve a estar en el centro del debate político boliviano. De manera inusitada, tenemos, en los hechos, una continuidad excepcional sin pausa. La Asamblea Legislativa Plurinacional acaba de prolongar la medida extrema por otros 90 días, con 100 de 158 votos. La nueva prórroga comienza el 20 de septiembre.
Si cae el Gobierno de Rodrigo Paz –que es muy probable– quien lo suceda, asumirá con un mandato: convocar a nuevas elecciones. Eso significa que, desde los comicios y la crisis del 2019, tendríamos cuatro elecciones generales en menos de siete años.
Rodrigo Paz está llegando al final de su corta aventura presidencial. Después de apenas diez meses de gobierno, los errores acumulados, la pérdida acelerada de credibilidad y, ahora, el escándalo Cerimedo-Beller, terminaron por consumir prácticamente todo su capital político. El Gobierno quedó sin confianza, sin autoridad y, lo que es peor, sin un gramo legitimidad.
Ya no parece razonable preguntarse si Rodrigo Paz podrá concluir su mandato. La verdadera pregunta es qué ocurrirá después de su salida. Lo que viene puede ser mucho peor.
Apenas tuvieron que transcurrir diez meses para que el mandato de Rodrigo Paz pierda totalmente legitimidad, credibilidad y confianza, cuando faltan aún 50 meses para la conclusión constitucional de su gestión. Habiendo perdido la confianza, elemento vital de la gobernabilidad, será muy difícil que pueda culminar su mandato. En los entresijos del poder se menciona incluso que duraría solo hasta octubre.
Como subrayamos en el anterior artículo de esta columna, Rodrigo Paz tiene una obligación histórica: enterrar políticamente a Evo Morales y al MAS. Claro, si asume con responsabilidad patriótica esa tarea esencial para rescatar y preservar la democracia en Bolivia.
Rodrigo Paz y las fuerzas políticas tradicionales de oposición están, paradójicamente, creando las condiciones para el eventual retorno del MAS –en cualquiera de sus variantes– incluso antes de las elecciones del 2030 pues no se descarta que el Gobierno actual, no logre concluir su mandato. En ese caso, el retorno sería más temprano.
La persistencia de la sucesión de errores políticos, ineficacia y graves denuncias de corrupción, que han caracterizado estos primeros meses de gestión, puede provocar un desenlace anticipado.
Hay momentos en que la realidad política de un país obliga a detenerse y mirar, sin ninguna indulgencia, a quienes ejercen el poder. Bolivia atraviesa precisamente uno de esos momentos. Las noticias cotidianas, las denuncias, los escándalos, las disputas por cargos y las interminables peleas por cuotas de poder, terminan mostrando, con una crudeza casi obscena, las miserias de nuestra clase política.