La polémica generada en torno al Decreto Supremo 1515, que da la posibilidad al presidente Rodrigo Paz de ejercer el poder en línea y en tiempo real, mediante medios tecnológicos, ha desatado un debate jurídico y político intenso.

James Fishback, aspirante a gobernador de la Florida, propone crear el impuesto al pecado con el propósito de desalentarlo, pero, mientras tanto, reunir dinero para fines benéficos.

Los bloqueos son un verdadero atentado a quien no está de acuerdo con los motivos que llevan a un grupo de ciudadanos a hacerlos, son un desrespeto a su derecho inalienable y principal de ejercer su libertad, vale decir moverse de un lado a otro, de acuerdo con sus deseos o con sus necesidades. Limitar esos derechos es inconstitucional, antidemocrático y delictivo.

La política energética de los últimos 20 años ha vaciado los campos de gas y las bóvedas del Banco Central. Las consecuencias son: el derrame de divisas por la importación de carburantes, parcialmente controlado con el reajuste de precios del DS 5516; el riesgo de tener que importar gas a corto plazo, máxime para seguir generando termoelectricidad; y la debilidad de la moneda boliviana, aliviada mediante préstamos frescos de organismos internacionales.

De vez en cuando es recomendable forzarse al optimismo e imponerse un cambio de perspectiva para comenzar a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. En especial si las cosas se complican y la luz al final del túnel no se ve. Como está sucediendo otra vez en el país.

Los mitos profundos de Bolivia del siempre actual libro de Guillermo Francovich ayudan a detectar otros, solo en parte heredados de la Revolución francesa.

Por ejemplo, este: el pueblo insurrecto es la forma de construir; es la fuente del progreso social. Eso tiene también que ver con el prurito iluminista de la libertad; en ciertas naciones, mutó en la liberación colectiva o en fulminar el régimen colonial. El núcleo del discurso de la independencia es gráfico: “somos víctimas, nos oprimen, rompemos cadenas”.