Que el crimen es un antiguo ingrediente de la vida social está fuera de discusión y no hay lugar alguno, en “este valle de lágrimas”, donde no se manifieste con mayor o menor intensidad, de una y mil formas. Es parte del lado oscuro de los humanos.

Guardo con nitidez la imagen de Antonio Araníbar Quiroga durante el homenaje que la Cámara de Diputados rindió a su trayectoria política y a su vida, apenas unas semanas antes de su partida. Poco después de su regreso a Bolivia fui a visitarlo. Fue un encuentro que me dejó sentimientos encontrados: la alegría de verlo nuevamente en su tierra y la profunda tristeza al constatar las limitaciones físicas que le impedían expresarse con fluidez.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, asevera que rara vez una oportunidad histórica se anuncia de manera anticipada. Pues bien, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con él, la elección del actual Gobierno fue uno de esos casos.

Al final del fallido gobierno de Luis Arce y tras 20 años de la elección por primera vez de Evo Morales, el país estaba sediento de un cambio drástico de rumbo –irónicamente, del movimiento que se auto definía como “el proceso de cambio”.

Dieciséis años después de proclamadas las autonomías, Bolivia continúa administrándose bajo la lógica heredada del Estado centralista. Cambió la arquitectura constitucional, pero no la cultura del poder.

El nivel central sigue concentrando decisiones, recursos y competencias, mientras los municipios observan cómo el autogobierno prometido termina subordinado a disposiciones ajenas. En otras palabras, el país descentralizó el Estado en la norma, pero no en la práctica del poder.

Al cierre del primer tomo de su célebre e incómoda Historia de Bolivia, Alcides Arguedas rescataba una sentencia del escritor chileno Wálker Martínez. Corría el año 1877 y Martínez, apuntando al encierro geográfico de la patria que le debe a Bolívar su nombre, la bautizaba con un estigma de vigencia escalofriante: Bolivia era el “Tíbet de nuestro continente”.