QUITO – La pandemia de Covid-19 ha expuesto y, al mismo tiempo, ha exacerbado las desigualdades. Si los líderes toman en serio la idea de “reconstruir mejor”, las políticas para superar las deficiencias sistémicas que subyacen a estas desigualdades deben ser el centro de sus agendas.

Este domingo 7 de marzo, los electores bolivianos acudieron a las urnas para elegir a las autoridades departamentales y municipales para los próximos cinco años.

Hoy, cabe preguntarse por el “día después” de los comicios subnacionales. Para ello, más allá de quienes hayan sido elegidos, sugiero analizar ¿qué expectativas tiene la ciudadanía para las futuras autoridades locales?

En la semana que termina, las reservas internacionales (RI) del Banco Central de Bolivia (BCB) se han situado en 4.890 millones de dólares. Este hecho ha suscitado que se prendan focos rojos en el tablero de la economía, que gremios empresariales manifiesten preocupación y que la oposición eche un grito al cielo. El Gobierno ha salido decir, sereno moreno, que todo está bajo control y que no cunda el pánico. Las RI son suficientes para la salud económica de Bolivia.

De pronto, el exministro Juan Ramón Quintana sorprende al país con un furibundo discurso contra las Fuerzas Armadas, a las que él perteneció hasta que fue expulsado de ellas por conducta indecente.

Ahora ha decidido poner condiciones para la subsistencia de la institución, condiciones políticas, comenzando porque se “descolonicen” y juren obedecer a la “voluntad popular”, es decir a los dictados del MAS.

Nos adherimos al sentimiento que existe en la región por conservar empresas estatales de energía y la decisión de hacerlo es decisión soberana de cada país. Empero, si se decide mantenerlas es para que se tornen en sólidos pilares estratégicos de largo plazo. Para ello es imprescindible blindarlas del poder político de turno.

En días pasados, la máxima autoridad del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) advirtió que si un contribuyente del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) tiene que pagar un “tributo de 100 mil bolivianos, pero no lo hace, con la multa tendrá que abonar 300 mil bolivianos, que incluye 200 mil de la omisión”, además indicó que activará las fiscalizaciones contra los contribuyentes que no se registren ni declaren el tributo.