¿Nos hackean las elecciones?

Los Papeles de Panamá --han atraído mucha atención pública en las últimas semanas, pero tendríamos que prestarle la misma atención a los menos conocidos Papeles de Bogotá.

¿Los Papeles de Bogotá? Sí, así es como podríamos referirnos de ahora en adelante a los correos electrónicos y otros documentos que tiene en sus manos el pirata cibernético o “hackeador” internacional y experto de la desinformación cibernética Andrés Sepúlveda. Él afirma haber influenciado --si no manipulado-- los resultados de elecciones recientes en México, Colombia, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Venezuela.

Sepúlveda está en una cárcel de Bogotá, cumpliendo una sentencia de 10 años por “hackear” y espiar para un candidato de oposición en las elecciones de Colombia del 2014. Pocas semanas atrás, le concedió una entrevista a Bloomberg/Businessweek, en la cual alegó, entre otras cosas, que había trabajado para la campaña del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y que piratas cibernéticos como él están trabajando para los aspirantes a la candidatura presidencial de Estados Unidos.

Sepúlveda dice que, en México, su equipo de piratas cibernéticos instaló software espía en las oficinas de la oposición y manipuló las redes sociales para crear falsas olas de entusiasmo y escarnio con objeto de ayudar a Peña Nieto a ganar las elecciones.

“Mi trabajo era llevar a cabo acciones de guerra sucia y operaciones psicológicas, ‘propaganda negra’, rumores, el lado oscuro de la política que nadie sabe que existe, pero que todo el mundo puede ver”, dijo Sepúlveda.

El Gobierno mexicano niega las alegaciones. Bloomberg asegura haber visto algunos de los correos electrónicos y otros documentos que les mostró Sepúlveda, y que expertos independientes dicen que parecen ser auténticos.

Más allá de hasta dónde sea cierta la historia de Sepúlveda, su testimonio debería hacer sonar las alarmas. Es un recordatorio de cuánto ha crecido el espionaje político desde la época del escándalo de Watergate, y de cuán poco sabemos sobre el uso político de campañas anónimas de difamación en Internet con datos totalmente inventados.

Se ha reportado que los Gobiernos de Ecuador, Venezuela y el Gobierno anterior de Argentina han usado equipos de “cibermilitantes” a sueldo para sembrar historias falsas sobre opositores políticos en las redes sociales. Es probable que haya muchos más Gobiernos que hagan lo mismo.

Antes de la era digital, cuando las campañas políticas estaban limitadas a la televisión, la radio y los periódicos, las campañas negativas consistían en “investigaciones de oposición”: un político contrataba a un equipo de investigadores para rastrear los archivos públicos y encontrar algo negativo sobre su rival, y usaba esa información para desacreditarlo. Pero lo hacía con base en datos reales.

Ahora se contrata a hackers que lanzan en las redes sociales campañas anónimas de ataque basadas en datos completamente inventados. Google, Facebook y Twitter filtran muchas de estas noticias falsas, pero no lo suficiente.

Es más: a menudo la gente les cree más a estas campañas anónimas de ataque que a lo que lee en los periódicos tradicionales. Una de las afirmaciones más interesantes de Sepúlveda en la entrevista de Bloomberg es que “las personas creen más en lo que dice la Internet que en la realidad”.

El director de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, me dijo que lo peor que se puede hacer es permitir que los Gobiernos regulen los medios sociales. Eso es exactamente lo que los gobernantes autoritarios de Venezuela y Bolivia quieren hacer, y lo que ya hicieron Ecuador y Cuba, dijo.

“Por suerte, existe un proceso natural de autocorrección”, me dijo Trotti. “Es ciertos que muchos ‘cibermilitantes’ contratados están diseminando información falsa en la Internet, pero también es cierto que un creciente número de personas están corroborando la veracidad de las noticias, y desmintiéndolas si son falsas. Este proceso va a seguir creciendo”.

Mi opinión: estoy de acuerdo en que hay que evitar la regulación gubernamental de las redes sociales. En su lugar, deberíamos luchar contra la basura en Internet promoviendo websites de verificación de datos tales como Politifact.com y factcheck.org, que verifican lo que dicen los políticos y lo califican según su nivel de veracidad. Habría que expandir esos websites para que no sólo verifiquen los que dicen los políticos, sino las noticias dudosas que se convierten en “tendencias” en las redes sociales.

Ya están apareciendo grupos de verificación de datos en América Latina, entre ellos Chequeando en Argentina, Lupa-revistapiaui en Brasil, El Polígrafo en Chile, El Sabueso en México y Ojo Público en Perú. Pero muchos de ellos son subsecciones de periódicos o websites, que deberían tener una visibilidad mucho mayor.

El autor es columnista de The Miami Herald y El Nuevo Herald.

(C) 2016 El Nuevo Herald Distribuido por Tribune Content Agency