Contrataciones y compras irregulares en YPFB

El hallazgo de irregularidades en la adquisición de tres taladros en YPFB no es un caso aislado y no debería ser una sorpresa porque en la gestión del actual gobierno ha sido una constante las anomalías en contrataciones y compras. Esta vez, la diferencia radica en que se trata de una investigación solicitada por un senador de la oposición y llevada a cabo por el responsable de transparencia del Ministerio de Hidrocarburos en procura cumplir con sus obligaciones. Así lo dijo al asumir sus funciones, pero las autoridades de YPFB hicieron caso omiso de la advertencia.

Con el eufemismo de establecer mecanismos de contratación ágiles, eficientes y transparentes, desde el año 2008, la presidencia de YPFB, tramitó y obtuvo decretos de excepción (DS 29505 y 29506) que autorizan las contrataciones directas en franca contravención de la Ley Safco.

Posteriormente se aprobaron otros decretos (DS 26688 y 0224) que llenaron los vacíos de los anteriores. A partir de ellos la excepción se convirtió en norma y se crearon diferentes modalidades operativas como ser la Contratación Directa por Licitación, Contratación por Comparación de Ofertas, Contratación Directa Abreviada, Contratación Directa Menor. Estos decretos autorizan además a proceder con contrataciones en territorio extranjero, a adherirse a contratos elaborados por los proveedores y a someterse a legislación extranjera.

Solo las contrataciones y/o compras menores se hacen de manera más abierta, las de equipos mayores y las consultorías de temas centrales se concretan de manera directa abriendo las puertas a la discrecionalidad y eludiendo los procedimientos de fiscalización. Incluso en la contratación para la instalación de redes de gas, que son contrataciones menores y corrientes, se han producido irregularidades que han sido denunciadas por la asociación de empresas del gremio (Asegas) por asignación directa de contratos y por falta de acceso de los interesados a información que debería ser de amplia difusión. (PS 09-03-2017).

Anteriormente se hicieron públicas irregularidades cometidas en la contratación de una consultora para hacer los estudios de la planta de polipropileno.  En esa oportunidad se invitó a 35 empresas especializadas en petroquímica, sin embargo, debido a los cortos plazos concedidos para la presentación de ofertas, solo se presentaron tres propuestas de las cuales se descalificaron a dos y solo se abrió el sobre de la oferta económica (Sobre B) de la elegida que era la consultora Tecnimont. Inopinadamente, a esta consultora se le dio un segundo contrato para revisar y validar los trabajos del primer contrato y posteriormente, YPFB le permitió presentar su propuesta para hacer la construcción del proyecto de polipropileno, cuyos estudios hizo, pese a la visible incompatibilidad porque Tecnimont tenía que asesorar a YPFB ante el nuevo contratista y porque implicaba grandes ventajas sobre los otros proponentes.   

En YPFB durante siete meses, se calificaron las propuestas de esta construcción (EPC con un presupuesto de 2.200 millones de dólares), conociéndose, hace pocas horas la adjudicación de la Primera Fase, precisamente a la consultora Tecnimont asociada con Técnicas Reunidas empresa que construyó la planta de Gran Chaco.

La fijación de YPFB con Tecnimont merecería también ser investigada por el Director de Transparencia por tratarse además, de la contratación más cara de la historia del país.

Como se puede ver, los procesos de contratación son de libre arbitrio y potestad de YPFB y en general son oscuros, toda convocatoria es precedida de un “lobby” abierto e incesante para acomodar los términos de referencia a la medida conveniente, se establecen plazos cortos a la presentación de ofertas para evitar el concurso de competidores extraños al entorno de confianza, los plazos y los resultados de las calificaciones se mantienen en reserva, cuando las convocatorias se declaran desiertas no se justifican ni se dan explicaciones a los concursantes, los precios referenciales son reservados, excepto para los favoritos. En suma, los procesos no son transparentes, ni eficientes ni ágiles como dicen los decretos de excepción.

La ilimitada autoridad que tiene YPFB sobre el tema, se constata también en el manoseo de la documentación recibida de transparencia, para obstaculizar la investigación de la compra de los taladros.

Por lo explicado, es fácil concluir que las normas emitidas para agilizar las contrataciones y compras en YPFB y, seguramente también en el resto de las empresas públicas, han resultado contraproducentes porque las irregularidades en que se incurre resultan en invalidaciones, investigaciones y escándalos que atrasan aún más que los procedimientos burocráticos que se quisieron abreviar, para las adquisiciones de las empresas, con el agravante de haber institucionalizado la corrupción.

El autor es ingeniero químico y petroquímico.