El alto costo de las nacionalizaciones
La decisión del gobierno del presidente Evo Morales de perseverar en su afán de someter a un proceso judicial al expresidente Carlos Mesa, al atribuir a supuestos errores procedimentales cometidos en el proceso de anulación del contrato que el Estado boliviano había suscrito años antes con la empresa chilena Quiborax, ha vuelto a poner en evidencia la facilidad con que se suelen confundir los intereses nacionales con los del Movimiento al Socialismo y su plan de perpetuación en el uso del poder.
El tema tiene muchas aristas, dos de las cuales han recibido abundante atención durante los últimos días. Nos referimos a la dimensión jurídica del asunto y, muy ligada a la anterior, la evidente intención política que se esconde tras esa arremetida judicial.
Tiene, además, una muy importante connotación económica. Es que los más de 42 millones de dólares perdidos son una pequeña muestra del costo que tendrán para nuestro país las nacionalizaciones hechas por el actual gobierno durante los últimos doce años.
Ese es un problema de enorme magnitud porque no se calculan en términos de decenas sino de miles de millones de dólares los montos que están en juego. Y eso porque la derrota sufrida por Estado en el caso Quiborax no es una excepción sino la regla pues el Gobierno ha perdido uno tras otro todos los litigios presentados en tribunales internacionales por las empresas afectadas.
Eso ha significado hasta ahora la pérdida de 908 millones de dólares. Solo dos de esas demandas, las planteadas por la empresas PAE y Ashmore-Shell por la confiscación de sus acciones en Chaco y Transredes respectivamente, costaron al erario nacional casi 600 millones de dólares, sin que nadie haya asumido la responsabilidad por tan desastroso resultado.
Lo peor de todo es que esos casos fueron sólo los primeros y no los más grandes de una larga serie de demandas que están en curso. Y dados los antecedentes, hay motivos para temer que los resultados no serán menos adversos para el Estado boliviano lo que puede llegar a implicar pérdidas superiores a los mil millones de dólares.
A tan alarmantes extremos se ha llegado por dos factores principales. Uno, la manera irresponsable como a partir de mayo de 2006 se procedió a aplicar la fórmula de las nacionalizaciones. Y dos, la pésima labor de quienes tenían la misión de defender los intereses del Estado boliviano.
En tales circunstancias, con esos antecedentes y ante las eventuales proyecciones futuras del tema, quienes persisten en su afán de buscar un culpable en el caso Quiborax se ponen a sí mismos ante el riesgo de ocupar su lugar en el banquillo de los acusados en un futuro no lejano.
