Justicia anula cierre del año escolar, Gobierno apela y maestros ven caos
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz dejó sin efecto la resolución ministerial 050/2020 que clausura el año escolar. El Ministerio de Educación respondió que esta decisión debe ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por lo que no es “definitiva ni final”.
Dirigentes del magisterio denunciaron que esta decisión crea aún mayor caos e incertidumbre en la educación y aseveraron que es una “chacota”, por lo que exigieron que se aclare la situación.
La Sala Constitucional tomó la decisión después de dos acciones populares presentadas por la diputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y la Defensoría del Pueblo, en contra de los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, por la medida asumida desde el Gobierno el pasado 2 de agosto.
“La Sala Constitucional primera ha generado jurisprudencia para nuestro país al resguardar, mediante una acción popular, el derecho a la educación. (...) Desde hoy (por ayer) queda sin efecto la clausura del año escolar porque ese acto administrativo, que no ha sido ni por decreto ni por una ley, estaría lesionando y limitando el derecho a la educación de los estudiantes”, expresó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Cruz añadió que el Tribunal dispuso que, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, el Órgano Ejecutivo debe emitir una política pública integral, construida de forma participativa con todos los actores de la comunidad educativa (maestros del área urbana y rural, padres, madres y estudiantes de colegios privados y públicos), para garantizar por todos los medios el ejercicio del derecho a la educación en este periodo de pandemia de Covid-19, a través de procesos educativos accesibles y sin discriminación.
El ejecutivo del magisterio urbano de La Paz, Leandro Mamani, manifestó que existe desconcierto, bronca y malestar entre los maestros, después de que la justicia anuló la clausura del año escolar, porque consideran que se está jugando con la educación.
“Nos genera un total desconcierto a los maestros, puesto que muchos de nosotros ya hemos elaborado las notas del primer trimestre, estábamos cumpliendo con esa instructiva del Ministerio de Educación, inventarnos las notas del segundo y tercer trimestre para poder ya finalizar la gestión escolar, en muchos casos incluso se ha entregado las libretas escolares”, dijo.
La dirigente del Magisterio Urbano de Cochabamba, Norma Barrón, dijo que este sector está indignado porque el poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo están causando caos en la educación.
“En esa pugna electorera están jugando y manoseando con la educación, todo nuestro repudio a ellos”, dijo.
Cuestionó que en la hipótesis de que se vuelva a clases en estas mismas condiciones, “donde no se ha hecho nada, no hay malla curricular, no se ha dado acceso a internet, ¿así vamos a volver a clases? por eso el ministro clausuró el año escolar, por total incapacidad, por eso el magisterio repudia estas acciones”, dijo.
Indicó que el magisterio “está en otra línea”, pues presentaron una acción popular contra el DS 4260, que regula los diferentes tipos de educación, “porque es la privatización de la educación”.
“Si volvemos a clases debe ser en condiciones diferentes y óptimas. Esto es una burla, si no ha cambiado la situación material cómo podemos continuar con la gestión escolar”, indicó.
En tanto, el presidente en ejercicio del Senado, Milton Barón, aseveró que el Gobierno transitorio se equivocó al decretar la clausura anticipada del año escolar causando un daño irreversible a los niños, niñas y adolescentes del país, por lo que ahora deberá retomar las clases cuanto antes.
Educación ve trasfondo político y contradicciones
El Ministerio de Educación observó contradicciones y ambigüedades en la resolución de la Sala Constitucional que determinó la anulación de la clausura del año escolar y, además, señala que esa es una acción planificada por operadores políticos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Dicha resolución tiene serias contradicciones y ambigüedades y poca claridad, por tanto, esta cartera de Estado presentará un recurso de complementación, aclaración y enmienda. Por ese motivo y dado que esta resolución tiene que ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional como dispone la Constitución, código procesal constitucional para ser revocada o confirmada, no es definitiva ni final”, señala un comunicado de esa cartera.
El Ministerio ve un “trasfondo político” en la acción popular de parte de afines al MAS, ya que afirma que el vocal que emitió la resolución tiene afinidad política con el partido de Evo Morales. También acusa a la Defensoría del Pueblo, que se presentó como tercer interesado en la audiencia.
“Dejamos establecido el trasfondo político de esta acción popular, ya que el vocal presidente que emitió resolución fue designado en varios cargos por Héctor Arce Zaconeta, hombre fuerte del MAS (...). También observamos la presencia, en calidad de tercer interesado del abogado de la Defensoría del Pueblo, conocida por su afinidad política con el MAS”, señaló el Ministerio.
Por tanto, asegura que la determinación de la Sala Constitucional es una “acción planificada por operadores políticos del MAS que busca dañar y socavar la gestión educativa y poner en mayor riesgo la salud de los estudiantes, docentes y padres de familia”.
También ratifica la continuidad de la “modernización educativa”, establecida en el DS 4260, a través de distintas modalidades de educación.
