Áñez se acogió a su derecho al silencio en la declaración informativa sobre casos FMI y Fundempresa
La expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Añez, se acogió a su derecho al silencio en la declaración informativa en relación a la proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades por el contrato de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), informó este miércoles el abogado, Ariel Coronado.
"(Jeanine Áñez) se abstuvo de declarar. Nosotros no vamos a emitir ningún pronunciamiento hasta que obviamente tengamos todos los documentos para hacer la defensa. (...) En todos los casos nos vamos (acoger al derecho) al silencio puesto que necesitamos analizar los casos para poder hacer la defensa", declaró a la ANF Coronado.
Informó que la audiencia informativa se instaló a las 09:00 en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores de la ciudad de La Paz, lugar donde se encuentra detenida la exmandataria acusada de gestar un supuesto "golpe de Estado" en el 2019. El caso fue abierto a denuncia de la exdiputada Lidia Patty (MAS).
Aparte de la denuncia del FMI, Áñez tiene en su contra otras tres proposiciones acusatorias sobre FundaEmpresa, el decreto de restricción de la Libertad de Prensa y por la vulneración de derechos de ciudadanos bolivianos en Chile a quienes se les habría restringido el ingresó al país durante la primera ola de la pandemia.
La Fiscalía informó que ÁÑez también se abstuvo en el caso Fundempresa.
"La señora Jeanine Añez ha decidido abstenerse a prestar su declaración informativa, haciendo uso de un derecho constitucional", indicó el fiscal superior Gonzalo Aparicio.
Coronado informó que en todos los casos la exjefa de Estado se acogerá al silencio y se abstendrá a declarar hasta que puedan cotejar todos lo datos para asumir su defensa. La segunda declaración informativa está prevista para las 11:00 de este miércoles y las otras dos se realizarán el jueves.
"Fue como cualquier entrevista de declaración informativa y se abstuvo (a declarar) la señora Jeanine Áñez. Se trata del caso del Fondo Monetario Internacional de un préstamo que supuestamente es delictivo por parte del Estado boliviano", expresó Coronado.
En este caso específico, la exmandataria es acusada de gestionar un préstamo ante el FMI, en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), el que no fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) conforme el artículo 158 de la Constitución Política del Estado.
El hecho fue dispuesto a través del Decreto Supremo N° 4277 de 2020, por el cual se dispuso la transferencia de los recursos a través del IFR y en consecuencia se hizo efectivo el crédito de Bs 2.244.356.358,48 ante el FMI, generando desde el mes de abril un daño patrimonial al Estado, señala una parte de la demanda del Ministerio de Justicia.
