Detienen a Murillo en EEUU y enfrenta 20 años de prisión

Entre el 21 y 22 de mayo pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos procedió con el arresto de dos ciudadanos bolivianos y tres estadounidenses por los cargos de soborno y lavado de dinero en una compra de material antidisturbios. El exministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic es uno de los detenidos, quien, junto a los otros, enfrentaría una pena de 20 años de prisión. En tanto, en Bolivia suman las voces para su extradición y juzgamiento en el país.

Este miércoles, el Departamento de Justicia de EEUU informó mediante su página web que el exministro Murillo fue arrestado y otros tres ciudadanos de ese país dentro de este caso, en Florida y Georgia “por cargos penales relacionados con sus supuestos roles en un esquema de soborno y lavado de dinero”.

Según la publicación, Arturo Carlos Murillo Prijic (57), Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal (51), Luis Berkman (58), Bryan Berkman (36) y Philip Lichtenfeld (48) participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020.

Detalla que Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron 602.000 dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo, el exministro de Gobierno de Bolivia; Méndez, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia, y otro boliviano funcionario del Gobierno.

Se indica que para promover el esquema de sobornos, Bryan Berkman, Luis Berkman y Lichtenfeld luego lavaron esos pagos a funcionarios del Gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia y organizaron el pago de 582.000 dólares en efectivo para Murillo y Méndez.

“Las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de Distrito Federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EEUU y otros factores legales”, señala el comunicado.

“Clan mafioso”

Este presunto soborno se da en el marco de la compra de material antidisturbios, como gases lacrimógenos, en 2020 durante el gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez, por el que pesa una orden de aprehensión en Bolivia en contra de Murillo por supuesto sobreprecio en la adquisición.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mostró fotografías que supuestamente señalan los vínculos de Murillo con Méndez en la conferencia de prensa y calificó como un “clan mafioso” de Áñez en el que apuntó a Murillo, Méndez y al exministro de Defensa Fernando López.

Por este caso se detuvo ayer al exedecán o exmiembro de seguridad de Murillo cuando era ministro y otro capitán de la Policía, considerado enlace, luego de brindar su declaración informativa en la ciudad de La Paz.

Asimismo, se aprehendió al cuñado de Murillo cuando retiraba dinero de una caja de seguridad de un banco en la ciudad de Cochabamba, que se presume estaría vinculado al caso en cuestión, y fue trasladado hasta La Paz para brindar sus declaraciones.

En tanto, el exministro López escribió en su cuenta de Twitter que desde su “forzado e injusto exilio” ve en la investigación del FBI una “luz de esperanza y justicia para llegar a la verdad”.

López también tiene una orden de aprehensión por la investigación de este caso.

López y Murillo no se encuentran en Bolivia desde la investidura del presidente Luis Arce, en noviembre del año pasado.

Piden la extradición de Murillo

Conocida la detención de Arturo Murillo y otros vinculados en sobornos, el Gobierno anunció que pedirá a Estados Unidos la extradición del exministro de Gobierno y de su exjefe de gabinete Rodrigo Méndez para que respondan en el país por el desfalco de las arcas públicas con la compra de material antidisturbios.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que solicitará la activación del sello azul en contra del exministro Murillo y Méndez, además que se enviarán notas al Gobierno norteamericano para la extradición de ambas personas.

“Nuestra jurisdicción nos permite realizar este proceso en territorio boliviano. Es por eso que queremos que se juzgue a estos bolivianos en territorio nacional, queremos que estas personas rindan cuentas”, dijo Del Castillo.

En tanto, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dijo que solicitará a la Cancillería realizar las gestiones para la extradición del ex ministro.

“Por respeto a la soberanía de nuestro país”, Rodríguez pidió a las autoridades de EEUU coadyuvar con la extradición de los implicados en el caso gases.

Tanto oficialistas como opositores pidieron la extradición del exministro Murillo.

Dicen que Murillo dañó la imagen del país

Tras la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo, vinculado en sobornos y lavado de dinero, los políticos bolivianos destacaron la labor de la justicia en Estados Unidos al sostener que todos los que estén involucrados en hechos de corrupción deben ser sometidos a la justicia.

 El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, a través de Twitter, señala: “Todos los integrantes de esta pandilla deberán cumplir las condenas que les aplique justicia en EEUU, y después ser enviados a Bolivia a purgar sus delitos. Han manchado la imagen nacional y robado nuestro futuro”.

El expresidente Carlos Mesa indica que “la detención del exministro Murillo en EEUU, por graves hechos de corrupción, nos indigna porque daña la imagen del país y evidencia la vergonzosa degradación de quienes debían servir al pueblo. Exigimos una investigación imparcial en Bolivia para llegar al fondo de este caso”.

Justicia pide a la Fiscalía ampliar investigación

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional informó que solicitará al Ministerio Público la ampliación de la investigación del caso de la compra dolosa con sobreprecio de gases lacrimógenos en el Gobierno de Jeanine Áñez.

Señala que esta nueva fase de indagación debe establecer los nexos del aparato de represión y corrupción organizado por el exministro de Gobierno y el exministro de Defensa Luis Fernando López Julio.

Indica que la página 5 del informe de 18 hojas presentado por el agente Jonathan Eades, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ante la jueza Alicia O. Valle, de la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida, menciona entre otros “individuos” y “entidades relevantes” del esquema de lavado de dinero.