Ortega clausura las 19 cámaras empresariales de Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y de las 19 cámaras que lo integraban, en una nueva ofensiva contra el sector empresarial.
La resolución del Ministerio de Gobernación, publicada en el diario oficial La Ga-ceta, argumenta que las organizaciones no completaron el proceso de convalidación de registro, conforme a lo establecido en la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Según el periódico La Prensa, las organizaciones enfrentaron problemas para concretar la convalidación, el mismo caso que muchas ONG canceladas luego de que las autoridades no les reciban los documentos ni facilitaban el trámite de aprobación.
Semanas atrás, la dirigencia del Cosep formó parte del grupo de presos políticos desterrados a Estados Unidos.
“El Consejo Superior de la Empresa Privada agradece al Gobierno de Nicaragua por la decisión unilateral de liberar a 222 presos, entre ellos siete miembros de Cosep”, indicó la patronal nicaragüense, a través de una declaración pública. Entre los siete miembros del Cosep que fueron excarcelados y expatriados se encuentran Michael Healy y Álvaro Vargas, quienes presidían esa cúpula patronal cuando fueros arrestados por delitos considerados traición a la patria.
“La población vive aterrorizada (...) Casi todos los medios independientes y las ONG trabajan desde el extranjero” y “la situación sigue empeorando”, afirmó la semana pasada el presidente del Grupo de Expertos de la ONU en Derechos Humanos sobre Nicaragua, Jan Simon.
En tanto, la experta colombiana Ángela María Buitrago señaló la “amenaza constante” que pesa sobre los nicaragüenses “de ser denominados traidores”, que se “cancele su nacionalidad” y sean “deportados”. Esta situación recuerda “periodos muy oscuros de la historia”, subrayó.
Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados, enfrenta una ola de condena de la comunidad internacional debido a su deriva autoritaria.
Los expertos cifraron en “miles” los nicaragüenses afectados por la violación de derechos humanos.
Consideran que es una “medida de venganza”
La decisión asumida por el régimen de Daniel Ortega fue interpretada por algunos empresarios como “un nuevo golpe” al sector privado y una “medida de venganza”. Lucy Valenti, expresidenta de la otrora pujante Cámara Nacional de Turismo (Canatur), dijo que esta medida es “parte del proceso de talibanización de la dictadura”.
“Se sienten acorralados y su respuesta es arrasar. Canatur ha hecho historia en el turismo del país y no puede borrar eso. ¡Seguiremos!”, tuiteó Valenti.
Mencionó que “estas son medidas de venganza” del Gobierno contra el Consejo, que ya había estado cerrado durante la primera administración de Ortega en la década de 1980. Opinó que a raíz de esto la actividad económica “se verá obstaculizada” porque “el sector privado no tendrá más interlocución” con el Gobierno.
Valenti destacó que este “es un pésimo mensaje” para la inversión externa y “perjudica desechar la imagen del país”, por lo que solicitó a las organizaciones empresariales de América Latina que “no reconozcan” a otra patronal que busque erigirse como representante del sector privado nicaragüense.
