Bolivia y cambio climático: un futuro sostenible a través de las finanzas

A partir de la adopción de una nueva agenda de desarrollo sostenible, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y posteriormente el Acuerdo de París en 2015, las finanzas sostenibles se están convirtiendo en una práctica común en los últimos tiempos, con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático. En este contexto, surge un tipo de financiamiento responsable con el medioambiente: la emisión de bonos verdes, sociales, sostenibles y relacionados con la sostenibilidad (GSS+, por sus siglas en inglés). Este método no sólo permite a los emisores obtener liquidez, sino que también garantiza que los recursos se destinen a proyectos que cumplen con los criterios ESG (ambiental, social y de gobernanza).

Hace unos meses, la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del grupo del Banco Mundial, junto con la gestora de activos Amundi, publicaron el Informe de los Bonos Verdes en Mercados Emergentes, que refleja la situación y tendencias de este tipo de financiamiento tanto para gobiernos como para empresas en su búsqueda de objetivos medioambientales. Según el informe de IFC-Amundi, en 2022, la emisión global de bonos GSS+ alcanzó los 877 mil millones de dólares, un aumento notable desde los 4 mil millones de hace una década. La participación de estos bonos en la emisión total de renta fija aumentó del 0,1 por ciento en 2012 al 13,6 por ciento en 2022, demostrando su creciente importancia en el mercado global de este tipo de instrumentos de inversión.

En América Latina y el Caribe, según los informes de la Cepal, en 2022 se emitieron bonos en mercados internacionales por un total de 64 mil millones de dólares, de los cuales el 32 por ciento (20,5 mil millones) fueron bonos GSS+. Antes de 2019, todas las emisiones de estos bonos provenían del sector privado. En junio de 2019, Chile, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), emitió el primer bono soberano verde de la región en los mercados internacionales, con lo cual está ejecutando proyectos de transporte limpio (ampliación de la red de metro de Santiago), electro movilidad urbana, instalación de paneles fotovoltaicos, gestión del agua, entre otros. Desde entonces, siete países (Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Bahamas y Uruguay) han emitido bonos verdes, azules relacionados con proyectos de agua, sociales, sostenibles y/o vinculados a la sostenibilidad.

En cuanto a Bolivia, a pesar de ser uno de los 10 países más afectados por el cambio climático a nivel mundial, según el Índice de Riesgo Climático Global de la ONG alemana Germanwatch, aún no ha aprovechado este mecanismo de financiamiento, lo que la excluye de las estadísticas sobre emisiones de bonos GSS+. No obstante, el país está dando los primeros pasos para operativizar mecanismos de financiamiento destinados a proyectos de mitigación y/o adaptación al cambio climático.

En marzo de 2023, la junta de accionistas del Banco de Desarrollo Productivo (BDP SAM) autorizó el Programa “Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles” por un monto de 50 millones de dólares. Recientemente, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) autorizó al BDP SAM la inscripción en el registro del mercado de valores del programa de emisión de bonos denominados “Bonos Verdes, Sociales o Sostenibles BDP I”. Los recursos obtenidos serán para financiar o refinanciar proyectos o actividades verdes y/o sociales.

Además, el Fondo Verde para el Clima (FVC), mecanismo financiero de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, aprobó el primer proyecto FVC en Bolivia con una donación de 33 millones de dólares. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la resiliencia climática de pequeños agricultores, ecosistemas e infraestructuras en la macroregión de los valles. Sin embargo, Bolivia está rezagada en comparación con otros países de la región como Ecuador o Colombia, que tienen un número mayor de proyectos en ejecución y han recibido cada uno más de 250 millones de dólares. La única entidad nacional en proceso de acreditación ante el FVC es el BDP SAM, que, una vez concluido este proceso, podrá desarrollar propuestas de financiamiento para programas o proyectos verdes relacionados con la adaptación y mitigación al cambio climático.

Para finalizar, en un mundo donde las finanzas sostenibles se han convertido en un pilar fundamental para abordar los desafíos del cambio climático, Bolivia no debe quedar rezagada en integrar variables financieras en su estrategia medioambiental y adoptar estos instrumentos “verdes” que no solo ofrecen recursos, sino también un camino hacia la resiliencia y la adaptación. En un país actualmente asolado por la sequía en varios departamentos, las finanzas sostenibles ofrecen no solo una esperanza, sino un plan concreto para un mañana más seguro y sostenible.