El horror del fascismo sindical corporativista

Hace más de una década, al analizar la estructura y la lógica de poder del régimen masista, advertía sobre los peligros del corporativismo como mecanismo de dominación política (“Los peligros del corporativismo”, 2014).

Señalaba entonces que esta forma de articulación del poder –basada en la captura del Estado por sindicatos y organizaciones afines al Gobierno– terminaría erosionando profundamente la democracia boliviana. Hoy, 12 años después, ese peligro ha alcanzado quizá su expresión más extrema.

Lo que estamos observando no es simplemente la presión legítima de organizaciones sociales sobre el poder político. Hemos llegado a un punto mucho más grave: sectores corporativos organizados han terminado colocando a la sociedad entera como rehén de sus intereses.

Por eso quizá ya no corresponde seguir denominándolos “movimientos sociales”. En muchos casos funcionan más bien como estructuras sindicales que, durante dos décadas, utilizaron el poder político como mecanismo de control, enriquecimiento y reproducción de privilegios.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), las Bartolinas, los Interculturales, el Conamaq, los ponchos rojos, las cooperativas mineras, la COB y las seis federaciones cocaleras del Chapare no fueron simples aliados del poder masista. Fueron parte constitutiva del aparato estatal. Durante 20 años participaron activamente en la distribución del poder, el cuoteo institucional y la administración de recursos públicos.

Desde 2006, el MAS construyó una compleja ingeniería corporativa de dominación. La lógica es sencilla: cooptar dirigentes, incorporarlos al Estado y convertir a las organizaciones sindicales en brazos políticos del régimen.

En el Legislativo, la presencia de dirigentes sindicales fue abrumadora. En el Ejecutivo, ocuparon ministerios, viceministerios, direcciones, embajadas, consulados y empresas públicas. Incluso en el Órgano Judicial participaron del reparto de cuotas de poder.

Desde una perspectiva histórica, esto podría interpretarse como una forma de democratización del poder. Sectores históricamente excluidos ingresaban por primera vez a espacios de decisión estatal. Algo que, ciertamente, es absolutamente legítimo. El problema no es ese. El problema es la terrible perversión.

Los dirigentes terminaron traicionando a sus bases. Mientras millones de campesinos, indígenas y trabajadores continuaban viviendo en las mismas condiciones, una nueva élite sindical emergía desde el aparato estatal. Lo que inicialmente parecía una revolución social derivó rápidamente en la formación de una nueva casta privilegiada: los “nuevos ricos azules”.

La política paso a convertirse en un mecanismo de acumulación. Ahora los sindicatos conciben al Estado como un botín.

Las bases, entretanto, son utilizadas de la forma más vil. No solo como masa electoral, sino como instrumento permanente de presión y confrontación. Marchas, bloqueos, cercos, conflictos y movilizaciones terminan convirtiéndose en dispositivos rutinarios de disciplina. En muchos casos, bajo formas extremamente rígidas de control sindical, donde disentir equivale a castigo, marginamiento y expulsión.

La perversión es todavía más profunda. Estas estructuras corporativas terminaron extendiendo su influencia sobre instituciones claves del Estado. El acceso a ascensos, designaciones y espacios de poder comenzó a depender de estas redes sindicales. Se habla incluso de injerencia directa sobre operadores de justicia.

Ahí comienza la degradación más peligrosa: cuando los sindicatos dejan de ser entes de representación sectorial y se convierten en estructuras mafiosas de control estatal.

El resultado de todo este proceso es devastador: debilita las instituciones, destruye la meritocracia y los intereses corporativos colonizan al Estado. Así, la democracia termina subordinada a sindicatos convertidos en estructuras de poder fáctico.

Ahora bien, tras la pérdida del control estatal y el desplazamiento del MAS del poder, estas estructuras buscan recuperar sus privilegios. Los criminales bloqueos que han colocado al país, sobre todo al departamento de La Paz, en una situación dramática, no responden a genuinas reivindicaciones sociales. Detrás de todo esto, está la disputa por la recuperación de cuotas de poder, impunidad y control político.

Por eso se han articulado nuevamente alrededor de Evo Morales. Los dirigentes corporativos necesitan volver al aparato estatal para recuperar prerrogativas, negocios y espacios de influencia. Morales, por su parte, necesita convulsión social para garantizar impunidad y sostener su proyecto de retorno político. Entre ambos, hay una alianza funcional.

Lo más preocupante, sin embargo, es el grado de violencia, insensibilidad y crueldad de estas movilizaciones. Ya son tres semanas que, amplios sectores de la población están atrapados entre bloqueos, desabastecimiento, pérdidas económicas y miedo. Miles de ciudadanos son perjudicados sin la menor consideración humana.

Este conflicto, no expresa, pues, una supuesta “rebelión aimara”, como intentan romantizar algunos. Tampoco es una disputa entre las “dos Bolivias”. Lo que existe es una pugna entre estructuras corporativas mafiosas que perdieron el control del Estado y la nueva élite política que hoy administra el poder.

Así, la democracia boliviana enfrenta hoy dos serias amenazas: el corporativismo, convertido en cáncer y Evo Morales, el más peligroso tumor maligno.

El gran desafío es extirparlos.

El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón