Certal: La piratería digital en América Latina provoca pérdidas potenciales de $us 733 millones al año

Pablo Scotellaro, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal), se refirió a la situación de la lucha contra la piratería en América Latina y los daños económicos que conlleva esta situación, además de la violación de los derechos de autor.

1. Entre las áreas de acción de Certal están el velar por la libertad de expresión en medios independientes y plurales, incentivar el desarrollo de las telecomunicaciones para acortar brechas de acceso y combatir a la piratería en todas sus modalidades ¿qué considera se ha logrado hasta el momento en América Latina?

En primera instancia, me gustaría destacar que Certal es una organización sin fines de lucro que viene realizando cumbres, simposios, encuentros, conferencias, charlas, talleres y jornadas de capacitación donde se unifican y convergen distintas líneas del pensamiento universal, siempre atendiendo las necesidades de sus socios estratégicos y de las sociedades en su conjunto. Esto nos ha permitido ser reconocidos internacionalmente y todos los sectores interesados saben que Certal le ofrece herramientas útiles a fin de desarrollar políticas dinámicas, de sano crecimiento y favoreciendo el encuentro e interacción entre el sector privado y el sector público en todas las Américas.

2.  ¿Qué experiencias positivas puede compartir respecto a la lucha contra la piratería en varios países? 

Nuestro Centro de Estudios se ha posicionado como un aliado imprescindible para todas aquellas empresas que sufren el flagelo de la piratería a lo largo y ancho de las Américas. Nuestro principal aporte ha sido el concientizar al gran ecosistema que abarca la piratería: telcos, programadores, cableoperadores, jueces, fiscales, aduana, ministros, reguladores, medios de comunicación y las sociedades en su conjunto; para que comprendan el gran daño e impacto de la piratería en el desarrollo sustentable de la industria audiovisual y de la economía de los países, además de, en estos tiempos, haberse convertido en un delito criminal.

3. ¿Qué daño genera la piratería IPTV al área de las telecomunicaciones, ante el incremento de plataformas de streaming?

En América Latina, la piratería digital causa pérdidas de millones de dólares anuales a las empresas de telecomunicaciones que proveen el servicio de televisión paga. Según el reporte titulado ‘Dimensión e impacto de la Piratería online de contenidos audiovisuales en América Latina’, elaborado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) la piratería digital en América Latina provoca pérdidas potenciales de $us 733 millones al año, contando únicamente a usuarios que no están suscriptos a los servicios OTT más importantes. Por otra parte, de los aproximadamente 223,3 millones de usuarios de Internet, casi el 50%, o 110 millones, accede a sitios que distribuyen contenidos audiovisuales pirateados. Pero más allá de las afectaciones económicas a las empresas, que redundan en un menor pago de impuestos, el pirateo de contenidos audiovisuales causa daños directos a los países en donde prolifera este delito. Esto ocurre, por ejemplo, porque las pérdidas se traducen también en oportunidades laborales que no se generan.

4.    ¿La piratería en telecomunicaciones puede considerarse un delito de ciberdelincuencia? ¿en qué modalidad opera a nivel regional y a quiénes afecta más? ¿Tiene datos de lo que ocurre en Bolivia?

Hoy en día, los productos culturales más afectados por esta fraudulenta práctica son los producidos por la industria audiovisual; donde los portales de streaming e IPTV ilegales, la venta de claves de acceso para las plataformas de series y películas, la música, los deportes, los videojuegos o libros en formato ebook son los más afectados. Estos servicios que corrompen la Ley son llamados ciberdelincuencia. En la región, estos ciberdelincuentes explotan de manera económica los productos o contenidos y donde, en algunos casos, las webs piratas forman parte de grupos organizados a nivel internacional, obteniendo ingresos a través de la publicidad, comisiones o pagos que ofrecen los ciberlockers (sistema de almacenamiento virtual en el que se alojan contenidos para ser distribuidos de forma ilegal), o modelos de suscripción donde el usuario paga directamente al pirata un importe que le permite suscribirse al canal y tener acceso a los contenidos ilegales que allí se reproduzcan. Además, los consumidores de este tipo de servicios ilegales están expuestos al robo de datos personales. En referencia a los datos de Bolivia, lamentablemente no tengo cifras actualizadas, pero sé que la situación no es de las mejores y no existe una conciencia general de lo maliciosa que puede ser la piratería. Recientemente hemos activado el capítulo Certal de Bolivia, donde tenemos a un ex regulador como César Börth de Convergencia Digital de Bolivia, quien fuera referente de la autoridad ATT de ese país, como presidente para comenzar a trabajar fuertemente con las empresas, organizaciones y cámaras para atacar el tema de piratería.

5.  ¿Qué acciones contra la piratería realizan los creadores de contenido audiovisuales (HBO, FOX, etc.?) y los Estados en la lucha contra la piratería?

Ellos integran la Alianza contra la Piratería de Televisión Paga, que es un grupo de proveedores de contenido, operadores de TV paga y proveedores de tecnología unidos con el objetivo de combatir en Latinoamérica una forma de piratería conocida en la industria como piratería de FTA (Free to Air). Este tipo de piratería involucra el uso de receptores satelitales llamados comúnmente "FTA", destinados a recibir señales libres, que son alterados para descifrar, ilegalmente y sin autorización las señales de televisión paga. Certal también organiza muchas actividades junto a la Alianza y estos programadores tratando de concientizar y aunar esfuerzos para combatir este tipo de piratería. Desde Certal también incentivamos la participación de los Estados en nuestros eventos, tratando de que entiendan la necesidad de actualizar las leyes para atacar a los piratas y sus organizaciones delictivas.

6.  La oferta a plataformas con contenido pirata ha crecido gracias a la evolución tecnológica que muchas veces tiene un vacío legal, ¿Qué solución se debe dar al respecto? ¿Quiénes pierden más con el incremento de la oferta de contenido pirata?

La evolución tecnológica que tiene la piratería no se acompasa con las leyes y no tiene una réplica legal inmediata en cuanto a regulación. Hoy día hay muchos vacíos legales que tardan en ser cubiertos, lo cual se convierte en una oportunidad para la práctica de la piratería online, constituyendo un negocio con amplios márgenes de beneficio para los piratas y grandes pérdidas económicas para la industria audiovisual y los países. Los vacíos legales deben llenarse con nuevos marcos regulatorios que acompañen esta expansión digital y nuevas medidas para su control. Estas se hacen cada vez más necesarias e imprescindibles para proteger a la industria formal y a los usuarios, garantizando la competencia legal y el respeto a la ley. 

Ya comentamos que, mediante la piratería, la delincuencia explota de manera ilegítima y con fines de lucro los productos o contenidos audiovisuales, donde, además, en algunos casos las webs piratas utilizadas forman parte de grupos delictivos organizados a nivel internacional, que roban datos personales y obtienen ingresos a través de la venta de publicidad, comisiones o pagos de los usuarios. Además, la misma afecta de manera importante las inversiones de las empresas de telecomunicaciones y su infraestructura, de los gobiernos, de los operadores de televisión y de las plataformas de distribución de contenidos digitales. Con la piratería perdemos todos. 

7. ¿Qué daños o en qué delitos incurre un consumidor al acceder a estos servicios de piratería?

Los sitios operados por piratas ofrecen acceso a contenido audiovisual que ha sido robado a un operador de televisión paga y que son protegidos por licencias de propiedad intelectual. Al usuario comprar contenidos en estos sitios se priva a las industrias del ámbito de la creación, a las empresas de televisión de pago y a las autoridades tributarias de ingresos que les corresponden legítimamente, no tienen garantías de recibir un buen servicio por lo que paga y podrían dejar de recibir el servicio repentinamente. Los métodos de pago anunciados a menudo no son lo que parecen, y el dinero puede ser desviado a cuentas bancarias de piratas utilizando sofisticadas técnicas de blanqueo de capitales. Los sitios piratas pueden contener códigos maliciosos que podrían infectar su ordenador y robar su información personal, pudiendo llegar al fraude o a la usurpación de identidad.

8. La juez ha fijado una fianza de cuatro millones de euros al creador de Roja Directa y a Puerto 80 Projects para hacer frente a posibles responsabilidades derivadas de su actividad ilícita. Mediapro y LaLiga piden 6 años de cárcel. Recientemente la página de contenido deportivo Roja Directa, un portal pirata ha sido juzgado por violar la propiedad intelectual, ¿Qué otros ejemplos similares se conocen en este sentido?

Me gustaría destacar el caso de Roja Directa en Uruguay, llevado adelante por el Estudio de abogados Cervieri Monsuárez, donde FOX International Channels era el titular de los derechos de trasmisión en forma exclusiva de la Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana, eventos que Roja Directa retransmitía ilegalmente y sin su previa autorización. Este caso marcó un importante precedente judicial en Uruguay, en el que la Justicia Penal especializada en Crimen Organizado ordena como medida cautelar para evitar la prolongación del delito, el bloqueo de acceso a un sitio web por parte de los proveedores de internet, por considerar que infringe los derechos de autor protegidos por la Ley Uruguaya de los titulares de los eventos deportivos retransmitidos ilegalmente. Cabe destacar el especial énfasis que el Fiscal realiza solicitando que dicha medida se cumpla sin perjuicio de que no se hubiera logrado la individualización o localización precisa de los responsables de tales conductas. Esto quiere decir que, más allá de que Roja Directa es el sitio “pirata” de eventos deportivos más conocido en el mundo, y que tanto su administrador como los servidores que lo alimentan se encuentran en el extranjero, el hecho de que fuera un sitio web activo en Uruguay, con un perfecto funcionamiento, contribuye a la propagación del delito, afectando a quienes ven sus derechos vulnerados. Es por eso que esta resolución marca el inicio de la concientización judicial en los temas de piratería online, en donde se toman medidas ágiles, considerando el perjuicio latente más allá de los responsables.

9.  Certal editó un libro con valiosa recopilación de casos y leyes que intentan homogenizar la información a nivel continental sobre la temática de la piratería de señales y contenidos. ¿Qué ha sido lo más destacable de dicha publicación que pueda servir de referencia sobre el estado de la piratería en nuestro continente?

El libro editado en el año 2012 y llamado "Piratería, un flagelo combatible", fue uno de los primeros trabajos que Certal preparó, enfrentando una temática que nunca había sido abordada por ninguna otra publicación y que, sin lugar a dudas, se convirtió en un libro de cabecera y de alto interés para la industria audiovisual y los jueces. El lanzamiento de esta publicación fue uno de los primeros pasos de las muchas acciones que Certal realizó para seguir enfrentando la piratería y el fraude, con el claro objetivo de salvaguardar la propiedad intelectual. Con esta publicación, el Centro de Estudios se colocaba a la vanguardia sobre este tema a nivel latinoamericano, sumándose a acciones similares que recién habían comenzado a surgir en el continente europeo.

La concepción original de ese novedoso libro fue demostrar la situación de la piratería en Latinoamérica, con una visión única de aquellos profesionales que día a día dedican parte de su vida y su trabajo a la lucha contra este flagelo regional y universal. Fue una valiosa recopilación de casos y leyes que intentó homogenizar la información a nivel continental sobre la temática de la piratería de señales y contenidos, pero que, por otra parte, también llevó dentro de su consigna la concientización y educación de todas las sociedades de nuestra región. Su público objetivo: magistrados, fiscales, legisladores, abogados, políticos, ministros, medios, periodistas, organizaciones gremiales y empresariales, estudiantes de Derecho y público en general.

10. ¿Qué experiencias existen en medidas regulatorias efectivas en países de la región y en qué consisten?

En primer lugar, deseo destacar que en la 39 reunión CCP.I de la OEA – CITEL, 210 personas de 20 países de la región y 15 organizaciones acordaron resoluciones y recomendaciones sobre el combate a la piratería en las Américas, mediante el documento presentado por la Certal y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) de Uruguay. El documento ataca directamente el flagelo mundial de la piratería en sus diversas modalidades y pone en conocimiento público las acciones y recomendaciones para que todos los países de la región tengan herramientas para detener este avance. El mismo incluye las recomendaciones para la adopción de nuevas regulaciones y/o leyes de parte de los gobiernos y de acciones de parte del sector privado, con el fin de desalentar este tipo de prácticas y estar en el frente de batalla contra la ciberdelincuencia.

En referencia a algunos casos de acciones contra la piratería en la región -que se pueden ver en el informe anteriormente mencionado de la cet.la- me gustaría destacar, por ejemplo: mediante una orden judicial con fecha del 11 de marzo de 2014, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en bloquear “The Pirate Bay”, el sitio de torrents más popular del mundo en ese momento. El 10 de octubre de 2017, INDECOPI de Perú emitió una primera orden de suspensión dirigida a un importante servicio pirata que funcionaba bajo el nombre de dominio Foxmusica.me.

En noviembre de 2019, la Secretaría Especial de Operaciones Integradas (SEOPI) de Brasil, una unidad de coordinación del gobierno federal creada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, llevó adelante la 'Operación 404', una operación a nivel nacional para luchar contra los delitos de piratería, donde se llevaron a cabo 30 órdenes de registro e incautación y se bloquearon o suspendieron más de 210 sitios y 100 aplicaciones dedicadas a la transmisión ilegal de contenido con derechos de autor.