Denuncias de mala praxis deben enfrentar burocracia y amenazas
La vida de los familiares de víctimas de presunta negligencia médica y mala praxis es un drama.
Los parientes peregrinan y buscan justicia en los tribunales y el Servicio Departamental de Salud (Sedes). Algunos de los afectados permanecen hospitalizados con secuelas irreversibles, otros han fallecido y algunos viven con lo daños que les han ocasionado.
Un caso de presunta negligencia médica que está en investigación en el Sedes y la Fiscalía es el del esposo de Willma Torres, Richard Arias.
Ella no duda en tocar infinidad de puertas buscando ayuda. Su pilar es la fe en Dios, pero cuando cuenta la historia de su esposo convaleciente, termina en lágrimas.
Denunció que su compañero de 30 años de vida ya no recibe medicación y atención médica, pese a que está en estado vegetal y aún internado.
Richard Arias tenía un tumor benigno en el maxilar inferior. El médico Eduardo M. le dijo que debían injertarle una parte del hueso de su fémur y retirar la parte infectada. Es así que llevó a cabo la cirugía.
“Mi esposo entró bien, caminando; pero resulta que salió y nunca más despertó. Me decían que me escuchaba, pero no lo hacía. Yo le hablaba y estos médicos se hacían la burla de mí. Nadie sabía explicarme qué pasaba. Todos se tiraban la pelota”, contó.
Siguió: “Fui donde el director de la clínica, pero me dijeron que ellos sólo alquilan el quirófano, pero ¿acaso no se fijan quién trabaja ahí? Todo lo que me da fuerza es mi fe. Quizá mi esposo está para que la gente tenga más cuidado. Yo ya no sé qué hacer. Quisiera que alguien me diga o dónde puedo llevarlo”.
Hace más de cuatro meses que Richard no despierta. A la familia le señalaron que tuvo un paro cardiaco en terapia intensiva, lo que le generó una hipoxia cerebral. Se alimenta por una sonda, tiene espasmos, pero ya no se da cuenta de nada de lo que ocurre a su alrededor. Mientras, su cuerpo se deteriora rápido.
Willma decidió denunciar este hecho ante el Sedes, que hizo una inspección y determinó la clausura de la unidad de terapia intensiva por la falta de un médico de manera permanente. Asimismo, la mujer llegó hasta la Fiscalía en busca de justicia.
Denuncia
Torres denunció lo ocurrido con su esposo ante la Fiscalía. Los denunciados son Eduardo M., Gonzalo M. y Jorge D., por la presunta comisión del delito lesiones culposas. Los investigados fueron llamados a declarar. También fueron convocados a dar su versión a otros médicos y administrativos de la clínica. Sin embargo, aún no se han establecido responsabilidades. El proceso avanza lentamente y se espera una auditoría médica como parte de las pruebas. Éste es uno más entre decenas de casos anuales que se generan y otros que ni siquiera son denunciados, por no resultar en algo demasiado grave.
Las víctimas formaron grupos de apoyo para recomendarse procedimientos, abogados o darse apoyo. Aun así, se trata de un dolor difícil de superar para quienes lo sufren.
Auditores
Cochabamba sólo cuenta con cuatro médicos habilitados para realizar auditorías, en la única entidad avalada que es el Servicio Departamental de Salud (Sedes). Pese a que al año ingresan unas 100 denuncias, sólo resuelven unas 11.
Desde enero hasta agosto de este año, la Unidad de Autoría ha procesado 25 denuncias de presunta negligencia médica. Asimismo, se han realizado siete auditorías concluidas con dictamen.
Funcionarios explican que la demanda de solicitudes de auditorías es bastante alta. La Unidad tiene cerca 100 solicitudes en espera desde 2007.
Gran parte de los casos que llegan tiene implicancia de personas fallecidas o lesiones graves y gravísimas. La Unidad prioriza aquellos que llegan con solicitud desde el Ministerio de Salud o la Fiscalía.
Gestiones
Las denuncias llegaron hasta la Brigada Parlamentaria de Cochabamba. Los diputados de la comisión de Desarrollo Humano elaboraron un requerimiento para el Ministerio de Salud.
Una de estas exigencias tiene que ver precisamente con la solicitud de más auditores para Cochabamba, informó la diputada Cira Castro.
De igual modo, los parlamentarios hicieron una inspección a la clínica donde ocurrieron varios casos de presunta negligencia.
En los próximos días, se llevará a cabo una junta médica para dar soluciones a Richard, según los parlamentarios.
Asimismo, se hará seguimiento a todos los casos posibles que estén en el Sedes o el Ministerio Público. Actualmente, se encuentran a la espera de la auditoría médica, que pueda dar luces de responsabilidad en estos casos.
Instan a la población que tenga denuncias de mala praxis a apersonarse a la comisión en la Brigada Parlamentaria. Se ve que hay muchas personas que prefieren callar, expresaron los legisladores que siguen los procesos.
La dirigencia de los médicos asevera que el control de los profesionales y las clínicas es una tarea de las instituciones.
MÉDICOS ADVIERTEN SOBRE FALSOS TÍTULOS
Luego de que estos hechos salieran a la luz semanas atrás, la Asociación de Cirujanos de Bolivia publicó una nota solicitada con la lista de los profesionales acreditados para realizar este tipo de trabajo.
Advirtió a la población sobre la posibilidad de que existan personas que estén operando sin un título real o sin los estudios necesarios.
Mientras, el Colegio de Médico pidió a la población observar si las personas a quienes acuden por atención cuentan con los títulos reales que manifiestan. Lamentan el actuar de algunas personas que aseguran tener todo tipo de especialidades.
En efecto, días después de la reconstrucción, se habría recibido una carta de la universidad en la que uno de los médicos habría cursado su especialización en Brasil. Esta entidad negó haber entregado el título a este “profesional”.
HIJA AFIRMA QUE TRATARON INFECCIÓN COMO UN CÁNCER
Durante un año y medio, Simón Jaldín soportó un calvario por el deterioro de su salud, hasta que finalmente su corazón dejó de latir. Su hija puso una denuncia contra el médico tratante, pues señala que existieron varias acciones que las considera como negligencia médica.
Su hija, Martha Jaldín, cuenta que su padre presentaba una infección dental denominada osteomielitis aguda. “Durante cuatro a cinco meses, fue tratado con curetajes, pero no encontraba mejoría, así que lo llevamos con el médico Eduardo M., quien hizo un injerto. Me dijeron que todo estaba bien”, manifestó.
Siguió: “Pero luego resulta que este médico me dijo que mi padre tenía cáncer y que él también es oncólogo y que lo iba a tratar. Hizo tres sesiones de quimioterapia, pero le volvió a salir pus de la cara y lo volvió a operar”.
La hija cuenta con dificultad que su papá salió desfigurado de la cirugía y le volvieron a hacer un injerto. A esto se suma que, durante todo el proceso, nunca le dieron los resultados de los análisis a los que se sometía su padre.
“Luego de un año y medio de estudios, peregrinar y sufrir de mi papá, falleció. Hice la denuncia y pido justicia para que pueda descansar en paz”, agregó Jaldín.
Martha también señala que su padre pasó por varias clínicas a las que el mismo médico lo fue llevando y lo atendió con sus estudiantes. “Fue el experimento de sus estudiantes”, lamentó.
Para Martha, el drama continúa por su búsqueda de justicia en la Fiscalía.
DIO A LUZ GEMELOS Y QUEDÓ CON MUERTE CEREBRAL
La ilusión de tener gemelos se convirtió en una tragedia para la familia Oraque. Los niños no lograron sobrevivir, mientras la madre se encuentra con muerte cerebral desde 2017. El esposo y los hijos menores añoran con volver a tener a su madre despierta.
“Mi esposa entró caminando. No era el primer parto que tenía, no puede ser que ahora nadie pueda decirme qué pasó y nadie haga nada por ella. Mis hijos preguntan por su mamá y no sé qué decirles”, manifestó el esposo de la Juana, Max Oraque.
El hecho ocurrió en 2017 en el hospital maternológico Germán Urquidi. La mujer se encuentra aún internada, pero su esposo señala que ya no recibe atención ni medicación.
A esto se suma que supuestamente no les permiten tener acceso al historial médico. “Ya no sé qué hacer. Quisiera llevármela a algún lugar donde puedan hacer que vuelva a despertar, pero me dijeron que no la saque del hospital mientras se investigue qué ocurrió con ella”, agregó Max.
UNA PACIENTE ASEGURA QUE FALSIFICARON SU FIRMA
Otra denuncia que se investiga es la presunta falsificación de firmas para que una paciente se someta a una cirugía estética de mayores proporciones a la que solicitó. A esto se suma que la víctima asegura que el resultado de su intervención la dejó con una cicatriz.
La paciente, que prefiere mantenerse en reserva, cuenta que acudió a una clínica privada con el fin de una liposucción, pero le dijeron que debía realizarse una abdominoplastía adicional, a lo cual accedió.
Antes de ingresar a quirófano, la paciente firmó un documento de consentimiento. Asegura que sólo era para las dos intervenciones a las que había accedido. Sin embargo, la durmieron por más tiempo del establecido y cuando despertó tenía implantes mamarios y de glúteos.
En su intento por reclamar, le mostraron el documento de consentimiento con las cuatro intervenciones y su firma, la cual observó por estar falsificada. Denunció este hecho a la dirección del hospital y comenzó a recibir amenazas.
A esto se suma que la abdominoplastía la dejó con una cicatriz de extremo a extremo de sus caderas. “Esto no es una cirugía estética”, lamentó.
La paciente indicó que, luego de los maltratos, denunció el hecho ante la Fiscalía y el Servicio Departamental de Salud (Sedes).
El hecho está en proceso de investigación, pero avanza lento, indicó la afectada. Mientras tanto, nadie se responsabiliza por el daño que le causaron.
ANÁLISIS
Carlos Nava. Sindicato Ramas Médicas y Afines
“Existe caos de quienes deben regular estas clínicas”
Las universidades certifican los títulos profesionales. Mientras, el Colegio Médico es el que extiende las certificaciones.
Por otro lado, está el Servicio Departamental de Salud (Sedes), que entrega una matrícula para poder ejercer. En estos casos, las que fallan son las autoridades. Desde la llegada de médicos cubanos, se ha soslayado el control.
Como Sindicato, no nos metemos; pero, como cualquier ciudadano, la norma no es aplicada.
Estas personas provocan un grave daño al noble ejercicio de los médicos. Para el sector público, se busca garantizar la calidad con exámenes de competencia y la revisión del currículum, pero no sé cómo lo harán en el sector privado.
Quien otorga las licencias de funcionamiento es el Sedes. Se tienen normas y protocolos para regular a las clínicas privadas, pero lo que se ve es improvisación y mercantilización de la salud.
En esto, poco o nada podemos hacer, porque terminan siendo perseguidos o sancionados. El ente regulador y rector es el Sedes, pero hay un caos institucional
