Sindican a exjefe policial por caso muerte de Illanes
El excomandante de la Policía de La Paz, José Luis Araníbar, fue sindicado ayer por la Fiscalía por el delito de incumplimiento de deberes por no replegar a tiempo a las fuerzas del orden mientras el viceministro Rodolfo Illanes estaba secuestrado por mineros cooperativistas el pasado 25 de agosto.
Ayer declaró Yuri Iván Linares, edecán de Illanes.
Aranibar es el primer sindicado por la Fiscalía debido a que no ordenó de manera oportuna el repliegue de los efectivos policiales en Panduro durante el bloqueo de los cooperativistas mineros el pasado 25 de agosto. En esa oportunidad fue secuestrado, torturado y asesinado el Viceministro de Régimen Interior.
La información fue referida por el fiscal Erland Almanza, quien detalló que la autoridad policial debía brindar ayer por la tarde su declaración informativa pero que se suspendió porque no se presentó con su abogado defensor y que de incurrir nuevamente se le asignaría un defensor de oficio.
“Hay ciertos indicios, de acuerdo a las declaraciones de testigos y sindicados, que le cargan cierta responsabilidad. Como saben, el Viceministro, en primera instancia, ha solicitado auxilio y que se replieguen los policías, y él (Aranibar) no ha hecho cumplimiento a dicha solicitud, se tienen las declaraciones de que continuaba el contingente policial en el sector”, manifestó.
Reiteró que Illanes, mientras estaba de rehén en Panduro, pidió por teléfono que se repliegue la Policía para que los mineros no atenten contra su vida, pero los encargados del operativo no hicieran caso a la solicitud. Asimismo, señalo que la autoridad asesinada se comunicó con diferentes jefes de la Policía, y que entre ellos estaría Aranibar.
El viernes a las 9:00, Aranibar deberá presentarse nuevamente ante el Ministerio Público con su abogado para comparecer y ofrecer su declaración informativa. También se conoció que el Ministerio Público negó el pedido del ministro de Gobierno, Carlos Romero, de prestar su declaración mediante un cuestionario, por lo que deberá presentarse personalmente.
Edecán
El teniente Iván Linares, quien fuera edecán del fallecido viceministro Illanes, también se presentó en la Fiscalía. Su representante legal, Javier Linares, dijo que recibe tratamiento psicológico porque quedó afectado por los sucesos de Panduro.
No brindaron mayores detalles sobre su testificación alegando que “no querían entorpecer la investigación”.
A la fecha, 10 cooperativistas mineros y un abogado están con detención preventiva en diferentes penales de La Paz acusados en diferente grado por el asesinato de Illanes y otros delitos. De acuerdo con la Fiscalía, existen otros mineros que están en calidad de prófugos de la justicia.
En el caso de la muerte de los cuatro mineros, no existe un sólo detenido.
COB CENSURA DECRETO 1359
La Central Obrera Boliviana (COB) determinó, ayer, censurar el Decreto 1359 que prohíbe el uso de la dinamita en marchas. El ejecutivo Guido Mitma criticó la posición del Gobierno porque, gracias a la dinamita, Evo Morales es presidente. Además, alertaron que el Gobierno pierde a un “gran aliado” como es la COB porque no quiere gobernar escuchando al pueblo.
En tanto, en Potosí, la venta de explosivos —bajo ciertos requisitos— se normaliza, luego de que, el pasado 26 de agosto, el Ministerio de Defensa determinara la prohibición de manera temporal de la venta de dinamita.
El responsable de la Secretaria de Minería y Metalurgia de la Gobernación, Elías Choque, informó que muchas cooperativas están actualizando la documentación que les permita adquirir ese material y retornar a las actividades productivas.
PIDE CONFIDENCIALIDAD PARA SU INFORME
Tezanos pide postergar su citación ante la Fiscalía
El defensor del Pueblo, David Tezanos, solicitó a la Fiscalía nueva fecha y hora para declarar sobre los hechos del 25 de agosto por el conflicto cooperativista minero-Gobierno que terminó con el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes y el asociado minero, Rubén Arapaya Pillco. Se apoyó en el derecho de confidencialidad que tiene su investigación.
Explicó que la Defensoría del Pueblo es responsable de elaborar un reporte sobre todos los hechos para brindar un informe oral en el Legislativo el próximo 5 de octubre, por lo que dejó en claro que, mientras no culmine con esta tarea, no podrá declarar.
Dijo que se acoge a lo que establece el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que indica que puede brindar su declaración informativa en el lugar de su trabajo o de manera escrita.
“Se ha pedido una solicitud de nuevo día y hora, toda vez que el artículo 28 de la Ley 1818 establece que mientras una investigación que desarrolla la Defensoría del Pueblo no concluya, hay un deber de confidencialidad”, indicó.
“La actuación del Defensor del Pueblo o del personal dependiente del mismo se desarrollarán dentro de la más absoluta reserva mientras no concluya la investigación sin perjuicio de las consideraciones que el Defensor del Pueblo encuentre oportuno incluir en su informe ante el Congreso”, señala el artículo mencionado.
Es decir, mientras no se concluya una investigación, no puede emitir declaraciones para proteger las investigaciones.
Grupos especiales
El defensor del Pueblo, David Tezanos, indicó que su despacho solicitó informes adicionales sobre los hechos a los ministerios de Gobierno, Público, los comandos Policiales, entre otros, con el objetivo de definir la participación de grupos especiales de la Policía.
“En una primera instancia se verificó que hubo heridos dentro de los mineros, de los primeros episodios, personas que tenían perforaciones (...) casquillos, cartuchos. Hemos solicitado se nos haga llegar (informe de) la presencia de grupos especiales, estamos a la espera de esa confirmación, para consolidar estos criterios”, señaló.
