Más de 8 mil niños son víctimas del sistema legal
Edwin Soria
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que en Bolivia existen más de ocho mil niñas y niños que viven en hogares de acogida, en su mayoría tienen un familia en segundo o tercer grado con los que podrían permanecer, pero, debido a los trámites burocráticos, los menores permanecen en estos centros mucho más tiempo del que tendrían que estar convirtiéndose en “víctimas silenciosas del sistema legal”.
La gran parte de los infantes fueron separados de sus hogares producto de casos de feminicidios, abandono, maltrato o violencia física. Ante esta situación, Unicef, el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y la Pastoral Caritas de la Iglesia Católica organizaron un taller sobre los Derechos de los Niños y la Justicia Penal Juvenil.
El 80 por ciento de los niños y niñas que viven en hogares de acogida tiene una madre o un padre, pero, por falencias administrativas y legales, los menores no son reinsertados a sus hogares.
“Lo que pasa es que hay como una costumbre de que los niños vayan a los lugares de acogida como una alternativa y no por una necesidad, muchos de los casos que están estos hogares no tiene definida su filiación familiar por falta de documentación, es decir que no pueden volver a sus hogares ni tampoco pueden ir a un proceso de adopción”, explicó la jefa de Protección de Niñez y Adolescencia de Unicef-Bolivia, Rosana Vega.
Por lo mismo, los expertos sugieren individualizar los casos en la aplicación de la normativa priorizando la reinserción para garantizar el derecho de vivir en familia.
Como parte de la solución, los jueces plantearon la implementación de juzgados especializados en las provincias para mejorar la atención de estos casos. Evidenciaron también que varios jueces desconocen temas como la tutela, adopción y no cuentan con apoyo de las defensorías municipales, actualmente sólo el Cercado, Quillacollo y Sacaba cuentan con juzgados de la niñez y adolescencia y personal multidisciplinario para atender casos vinculados a menores en situación de guarda y los que están en conflicto con la ley.
“En el resto de las provincias son jueces mixtos los que conocen esta temática”, dijo el presidente del TDJ, Rudy Siles. Los jueces mixtos atienden todo tipo de casos como violaciones, robos, corrupción, entre otros, lo que impide el abordaje especializado como instruye el Código Niña, Niño y Adolescente.
JUECES SE QUEJAN POR FALTA DE GABINETES PSICOLÓGICOS
Los jueces de las provincias no cuentan con condiciones adecuadas para procesar a los adolescentes en conflicto con la ley. Las autoridades judiciales aseguran que los adolescentes, en muchos casos, ingresan a los centros de infractores sin un abordaje psicológico y social adecuado que permita la reinserción de los detenidos.
Los administradores de justicias se quejan porque las alcaldías rurales no cumplen la ley, la mayoría no cuentan con psicólogos ni equipos multidisciplinarios para atender casos de Justicia Penal Juvenil.
“Tenemos que hacer nosotros mismos de psicólogos”, dijo el juez del Distrito de Independencia, Rene Trigo. Los jueces carecen de informes psicosociales de las defensorías, sobre todo en el área rural. Autoridades judiciales y Unicef plantean implementar primero las medidas socioeducativas para evitar colapsar los centros de infractores. “El problema es que las familias los abandonan en los centros de infractores, en el momento son depósitos de niños, el niño lo que necesita es el afecto y si no tiene afecto a la larga van a volver a reincidir”, dice Trigo.
