Leyes se querella contra Coca por los delitos de injuria, calumnia y difamación
Humberto Trigo, abogado del alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes, informó hoy que se presentará una querella penal contra Sergio Coca, exabogado de la autoridad edil, por los delitos de injuria, calumnia y difamación.
“De manera temeraria ha vertido un sinnúmero de falsedades contra el señor Leyes a sabiendas de que éste no puede defenderse. El alcalde está impedido por orden judicial de emitir criterio público sobre el caso mochilas, por lo tanto las declaraciones de Coca son justamente la prueba de la vulneración del derecho a la libertad de expresión del señor alcalde”, explicó Trigo.
Coca, que fue secretario de Gobernabilidad y también de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, aseguró ayer que Leyes se lavó las manos y culpó a sus servidores públicos por las irregularidades en la adquisición de mochilas escolares para la gestión 2017 y 2018.
“Ante la Fiscalía dijo que no hizo nada y que absolutamente todo lo hicieron sus servidores públicos, es decir que se lavó las manos y los servidores públicos que lo apoyamos y fuimos sus amigos, habíamos sido los culpables”, dijo Coca molesto ante los medios de comunicación.
Asimismo afirmó que Leyes prepara desde su domicilio un boicot contra “todos los que eran Demócratas y contra la alcaldesa suplente Karen Suárez”.
“José María Leyes ha hecho un daño municipal y ha hecho un daño a las personas y a las familias. Él se debería preocupar de reparar todo ese daño, enfrentar la justicia y dejar en paz la gestión municipal”, recalcó Coca y hoy dijo que asumirá su defensa en la instancia que corresponda.
En este contexto, Trigo manifestó que Coca mintió al señalar que Leyes culpó a los funcionarios por las irregularidades en la compra de las mochilas escolares. “Le recuerdo al señor Coca que el alcalde se abstuvo de declarar en este caso”, agregó.
Finalmente, el abogado de Leyes informó que también se presentó un amparo constitucional pidiendo que se restituyan los derechos laborales de la autoridad edil que tiene detención domiciliaria. “Estamos seguros que este amparo será procedente porque las vulneraciones son demasiado evidentes”, finalizó el jurista.
