La empresa del tren urbano “no tocará ni una vivienda”
El representante de la Unidad de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas, Ariel Torrico, indicó ayer que la ley de declaratoria de necesidad y utilidad pública para la expropiación de bienes inmuebles del tren metropolitano, recién aprobada en la Cámara de Diputados, “no tocará a ninguna vivienda”.
Torrico ratificó que la Asociación Tunari, conformada por Joca y Molinari, sólo requiere una franja de seguridad de 10 metros para ejecutar el proyecto en sus tres líneas: roja, amarilla y verde.
“Esta ley la hemos gestionado para poder coordinar de manera directa con los municipios del eje metropolitano en lo que es la transferencia gratuita de terrenos o espacios públicos destinados a la implementación de estaciones”, remarcó.
Torrico subrayó que la norma se elaboró con la finalidad de acelerar el procedimiento para que las alcaldías de Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcapirhua, Cercado y Sacaba cedan los predios requeridos.
El proyecto requiere alrededor de 1.800 metros cuadros para emplazar una estación, dijo el representante.
Mencionó que la “expropiación” se aplicará en caso de que los municipios no puedan garantizar la cantidad de terrenos y siguiendo los pasos que establece la ley sobre la indemnización.
“En Colcapirhua nos cedieron más de 2 mil metros, pero no se pudo hacer la transferencia de forma directa al Ministerio de Obras Públicas. Durante la ejecución tendremos situaciones similares. Otro ejemplo es la estación de Sacaba y la de agronomía”, aseveró.
La aclaración surgió luego de conocer que varios vecinos del Distrito 4 de la ciudad paralizaron trabajos en tres puntos rechazando la nueva ley aprobada, el pasado jueves, por la Cámara de Diputados.
“Exigimos la socialización inmediata y la reprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional de la ley de expropiación”, manifestó Walter Flores, uno de los representantes de los movilizados.
Los vecinos enviaron un voto resolutivo a la Brigada Parlamentaria para expresar su desacuerdo.
Flores añadió que otro pedido que aún no logró ser definido oficialmente es quién correrá con los gastos de las obras complementarias como la planta de tratamiento, canalización del canal Valverde y Arquímedes. “Estos tienden a colapsar e inundar casas en época de lluvia”, agregó.
En un recorrido realizado por Los Tiempos ayer se constató que la asociación aún no realiza trabajos en la línea verde que pasa por el Distrito 4. Pero, además, existen una veintena de molles y eucaliptos que están en medio de la vía. Otro aspecto que se pudo evidenciar es la existencia de torres eléctricas cerca de la ruta del tren.
Las OTB Militar, Paraíso, Chimba Grande y Judicial son las que tienen viviendas con rasantes de 10 metros. La falta de consenso generó seis meses de retraso en los trabajos en este tramo que viene desde Sipe Sipe.
ASAMBLEÍSTA REITERA IRREGULARIDADES
El asambleísta departamental Freddy Gonzáles (Demócrata) ratificó que la Gobernación incurrió en irregularidades al entregar licencia ambiental para la ejecución de la línea verde del tren sin exigir el derecho propietario de los predios.
