Aluvión de Tiquipaya destruyó 90 casas; urge ampliar franja del río
El aluvión de Tiquipaya destruyó completamente 90 casas el pasado 21 de febrero, dos más que en 2018 cuando un desastre arrasó con 88 viviendas cercanas al río Taquiña, según un recuento de daños al 95 por ciento presentado ayer por el secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, Alan Lisperguer.
Las 90 casas no resistieron las toneladas de lodo que se desbordaron por el deslave en el Tunari. La mazamorra derribó muros, techos y talleres. Borró en segundos el patrimonio que las familias forjaron en dos o tres décadas.
Las viviendas más afectadas están en el Manzano 78 y Molle Molle Noroeste, ubicadas cerca del puente Chapisirca en la av. Circunvalación.
El puente que recién había sido inaugurado, en el Distrito 5, se taponeó con enormes rocas y se convirtió en un dique que provocó que la mazamorra se desborde de norte y sur hasta la zona de Linde.
La evaluación identificó a 110 familias damnificadas que lo perdieron todo (casa y trabajo) y 200 afectadas.
El secretario informó que esta semana finalizará el trabajo del Comando de Operaciones de Emergencia (COE) que se activó con las Fuerzas Armadas, la Policía, la Alcaldía y otras instituciones para atender el desastre, porque ya se limpió el 90 por ciento de las casas y vías afectadas.
Aunque la emergencia esté controlada, el riesgo de un desprendimiento de taludes en la parte alta de la cuenca Taquiña, en Linkupata, es permanente, recordó Lisperguer. Sin embargo, “no vamos a tener mayores eventos, al menos, esta temporada de lluvias”, precisó.
El desafío es evitar que este desastre se repita en 2021, en la época de lluvias. Las prioridades son: intervenir en la cuenca, ampliar la franja de seguridad, construir más defensivos y demoler las viviendas en riesgo.
Acciones
La Gobernación informó que se continuará con el dragado del río y se harán 15 disipadores, seis en la parte alta y nueve en la media de la cuenca Taquiña.
“No se va a evitar, pero sí se va a reducir en gran medida el impacto de una posible eventualidad en noviembre de este año”, dijo Lisperguer.
En tanto, la Gobernación licitó un proyecto de preinversión de manejo integral de la cuenca Taquiña, que en los 90 estuvo a cargo de ex Cordeco y luego del Promic, porque ya representaba una amenaza para las comunidades y las zonas urbanas de Tiquipaya y Cercado.
También se hará una evaluación a las casas que se tienen que demoler, porque la franja de seguridad se tiene que respetar y ampliar.
“La zona donde están asentadas las familias es un área de depósito natural de todo el material que baja de la cuenca y estas franjas tienen que ampliarse, para eso se tiene que hacer la evaluación para reubicar las viviendas”, explicó Lisperguer.
FISCALÍA INVESTIGARÁ AL ALCALDE POR DOS DELITOS
REDACCIÓN CENTRAL
El Ministerio Público admitió la denuncia contra el alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Angulo, y otros por el desastre del río Taquiña.
El aluvión del pasado 21 de febrero dejó a más de 300 perjudicados: 110 damnificados y 200 afectados. El desastre ocurrió a dos años del primer aluvión que cobró cinco vidas y alertó del riesgo.
La autoridad edil fue denunciada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y peligro de estragos, informó el asambleísta y denunciante Freddy Gonzales.
Los delitos a ser investigados están tipificados en los artículos 154 y 208 del Código Penal. El último sucede cuando “el que por cualquier medio originare el peligro de estrago, incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años”.
Los Tiempos intentó conocer ayer la versión del alcalde Juan Carlos Angulo (MAS), sin embargo, el área de Comunicación se disculpó por no poder lograr que el munícipe atienda a la prensa.
De acuerdo con vecinos de Tiquipaya es necesario que la investigación se amplíe contra otras autoridades que permitieron asentamientos en la franja de seguridad desde 2010, entre ellos los exalcaldes Evaristo Peñaloza y Saúl Cruz, ambos del MAS.
El asambleísta también denunció al exgobernador Iván Canelas, porque debía trabajar en el manejo integral de la cuenca Taquiña, abandonada desde 2012 con el cierre del Promic.
