Santa Cruz acude al TCP tras fallo por Incahuasi
Santa Cruz | Los Tiempos
Tras el fallo del Tribunal de Garantías de Sucre que ordena un nuevo estudio para definir la propiedad del campo Incahuasi, la Gobernación de Santa Cruz determinó acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para revertir la determinación del juez Público 4° de Familia, Wilfredo Núñez.
En una audiencia de casi nueve horas continuas en la madrugada de ayer, el Tribunal de Garantías, determinó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) vulneró el derecho al debido proceso tras proporcionar información no oficial para elaborar el primer informe que determinó que el total del campo se encuentra Santa Cruz, pero no suspendió el pago de regalías al departamento cruceño. La empresa estatal tiene 30 días de plazo para realizar el nuevo estudio.
El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, afirmó que el fallo no corresponde y que no existe un justificativo para efectuar un nuevo estudio porque el que realizó la firma canadiense GLJ Petroleum cumple con todas las exigencias legales.
Tras la oficialización del informe de GLJ Petroleum, que determinó que el 100 por ciento de campo gasífero se encuentra en Santa Cruz, la Gobernación de Chuquisaca realizó una serie de observaciones. La principal está fundamentado en el artículo 4 del Reglamento de Campos Compartidos, que establece que todo estudio se debe realizar con datos oficiales y legales, sin embargo, la empresa canadiense realizó su informe con datos referenciales que fueron proporcionados por YPFB.
Peña deslegitimizó la determinación del juez por ser chuquisaqueño y afirmó que los límites entre ambos departamentos fueron establecidos hace más de 100 años con leyes de la entonces República de Bolivia.
“Vamos a acudir al Tribunal Constitucional para que esta última parte en la cual ordena a YPFB se haga un estudio complementario no sea así, porque no corresponde, no hay ningún justificativo para hacer un documento complementario, creemos que ha sido un exceso de parte del tribunal de Chuquisaca”, aseguró Peña.
Núñez explicó que tuvo que convertir el amparo constitucional de Chuquisaca, que fue erróneamente interpuesto, en una acción popular porque los derechos que se reclamaron a ser tutelados son derechos colectivos y la acción popular protege este tipo de acción, mientras que el amparo constitucional solamente protege derechos fundamentales y garantías de las personas individuales.
Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Freddy Montero, aseguró la defensa de Santa Cruz se basa en leyes que actualmente están “derogadas, abrogadas y no vigentes”.
Mientras que el presidente de YPFB, Guillermo Achá, que participó del Encuentro de Proveedores en Santa Cruz, evitó referirse al fallo del juez.
Los Tiempos también buscó conocer la postura de YPFB a través del área de Comunicación, pero los responsables de esa unidad indicaron que durante la jornada de hoy habrá un pronunciamiento oficial al respecto.
PRONUNCIAMIENTO
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar Núñez, pidió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que ratifique el estudio donde se adjudica la pertenencia del reservorio a Santa Cruz, a tiempo de llamar a la reflexión a las autoridades de Chuquisaca.
“Vamos a hacer una reflexión a los chuquisaqueños para que tomen con mucha cautela esta situación, que ha pasado de unos informes técnicos a una cuestión de orden legal. El amparo que ha resuelto el Tribunal Constitucional no le ha dado la tutela tal cual ellos pedían”, dijo citado en un pronunciamiento.
