Afirman que ley de PGE 2022 demora por escasas fuentes de financiamiento
El anteproyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, que ya debería estar en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), no fue remitido, al menos públicamente, por parte del Ejecutivo. Según dos analistas, esta demora sugiere incapacidad administrativa y dificultades en la determinación de las fuentes de financiamiento.
El economista Germán Molina afirmó que mencionado el anteproyecto de ley debió ser remitido al Legislativo 60 días antes de la finalización del periodo fiscal (el 31 de diciembre), pero aún no hay novedades al respecto.
En opinión del especialista, es probable que haya dificultades para “cerrar” el presupuesto debido a la falta de financiamiento, por lo que las autoridades buscan nuevas fuentes con medidas como el aumento de contribuyentes al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) o la Ley 1386, aunque esta última será abrogada.
“Mi hipótesis es que están demorando porque no cierra el presupuesto, no tienen ingresos para cubrir los actuales elevados gastos del sector público que se justificaron cuando había la bonanza, pero ahora no pueden justificarse”, dijo.
Por su parte, el economista José Espinoza considera que la demora puede estar relacionada a la falta de capacidad administrativa, dado que con el cambio de Gobierno se reemplazó a funcionarios con amplia experiencia por personal que requiere de capacitación.
Espinoza también cree que las autoridades del Gobierno central buscan limitar tiempo del tratamiento de la norma en la Asamblea y, de ese modo, lograr su aprobación de manera automática y sin mucha discusión. Esto, según el analista, con la finalidad de concentrar la mayor cantidad de recursos en el nivel central.
Presupuesto reformulado 2021
A principios de septiembre se promulgó la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado, que incorpora recursos adicionales para las entidades del sector público con el propósito de impulsar proyectos productivos.
La ley contempla un importe agregado de 2.108.338.304 bolivianos y un consolidado de 1.748.594.094, que representa un 0,7 y 0,8 por ciento respecto al PGE 2021.
La ley autoriza un crédito extraordinario del Banco Central de Bolivia (BCB) a favor del Ministerio de Economía por un monto de 15.107 millones de bolivianos destinados al pago de los créditos de liquidez acorto plazo contraídos durante la gestión 2020.
