Ministro culpa al “sabotaje” por bajón en S&P, pero el informe señala 10 factores
La calificadora Standard & Poor’s (S&P) redujo la nota de Bolivia un peldaño (de B- a CCC+). El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, hizo énfasis en el factor político y culpó al “sabotaje” en el Legislativo como uno de los factores principales de esta dura evaluación. Sin embargo, el informe señala al menos otros nueve elementos que derivaron en la nota baja para el país.
“A algunos asambleístas no les interesa la imagen del país hacia afuera. El martes por la noche, advertí que todas estas acciones de relentizar, boicotear, paralizar la economía, iban a tener sus efectos. Bueno, lo estamos viendo aquí (con esta calificación)”, señaló Montenegro ayer en conferencia de prensa.
Si bien S&P menciona el factor político como una de las causas de la disminución en la calificación, también señala otras nueve: caída en las exportaciones, problemas de liquidez en las reservas internacionales (RIN), falta de dólares en el sistema financiero, déficit fiscal continuo, baja transparencia económica, bajo PIB per cápita, desaceleramiento económico, aumento de la deuda pública, y caída de los ingresos fiscales.
El economista Gonzalo Chávez lamentó que el Ejecutivo “comienza a echar la culpa a factores políticos” ante la degradación de las calificadoras y resaltó que “hay varios indicadores que llevan a decir que aquí hay un deterioro importante de indicadores económicos”.
El economista José Espinoza resaltó que la calificadora internacional expresó dudas sobre la capacidad de la gestión del Gobierno para resolver los problemas económicos y apuntó al agotamiento de las reservas líquidas y la “opacidad” en el manejo de las cifras.
Sobre el factor político, la S&P señaló que “un Congreso dividido” restringe la capacidad del Gobierno para maniobrar a través de la crisis y acceder a financiamiento externo.
Anticipó de que hay riesgo de que en los próximos 12 meses la calificación caiga aún más si el deterioro continúa y no hay cambios.
Las exportaciones de gas en volumen cayeron en 20 por ciento hasta agosto en comparación al mismo periodo de 2022. La importación de combustibles subvencionados continúan subiendo. La deuda pública del Gobierno superaría el 60 por ciento del PIB y va en aumento, apuntó S&P.
Existe falta de transparencia en “datos económicos clave” como el nivel de las RIN, que hasta abril llegaban a 3.100 millones de dólares, aunque se asume “una mayor erosión” de este monto desde entonces.
Desaceleración y bajo PIB per cápita
El informe de S&P prevé que el país crezca en 2023 un 1,8 por ciento, muy por debajo del 4,8 por ciento previsto inicialmente por el Ejecutivo. Añade que el crecimiento se mantendría en un promedio de 2 por ciento hasta 2026.
Asimismo, se apuntó que el PIB per cápita es bajo en comparación a otros países de la región y se mantendría en 3.700 dólares hasta 2026. Esto ubicaría al país entre los países más pobres de Latinoamérica, sólo por encima de Haití, Nicaragua y Honduras.
