Gobierno de Maduro persigue y allana; la oposición acude a la OEA
EFE y AFP
El Gobierno de Nicolás Maduro intensificó ayer la persecución a presuntos sospechosos del atentado presidencial del pasado sábado, allanó casas particulares, mantuvo incomunicado al diputado opositor Juan Requesens (detenido el pasado martes) y solicitó a la Interpol la captura del legislador también opositor Julio Borges, este último refugiado en Colombia.
Del otro lado, miembros del Parlamento, de mayoría opositora, familiares de los detenidos y otros simpatizantes realizaron ayer una gran marcha que concluyó en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunciaron el “secuestro” de Requesens, detenido el pasado martes, y a quien el Gobierno acusó de estar tras el atentado con drones contra Maduro.
El texto que depositó el Parlamento ante el organismo de integración regional es un acuerdo aprobado “por unanimidad” el jueves, en una sesión especial, que condena el levantamiento del fuero de Borges y la “desaparición forzada” de Requesens.
Familiares y colegas de Requesens expresaron que han denunciado que no han podido verlo desde que fue detenido por funcionarios del cuerpo de inteligencia del país, minutos después de que Maduro, en una cadena obligatoria de radio y televisión, lo señalara como cómplice del atentado del cual salió ileso hace casi una semana. Su equipo de prensa también deploró que el legislador esté siendo sometido a “tratos crueles”.
El Gobierno sólo ha difundido un video de 47 segundos en el que Requesens admite haber tenido contacto con uno de los supuestos implicados. “Hace varias semanas fui contactado por (el diputado) Julio Borges que me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trata de
Juan Monasterios, me contacté con él a través de la mensajería” de texto, dijo a un fiscal, según un video difundido ayer.
Monasterios es un exmilitar de la Guardia Nacional, quien luego de su captura testificó haber ayudado a ingresar los dos drones que explotaron durante una ceremonia militar encabezada por Maduro el pasado sábado en Caracas.
El Gobierno presenta este video como prueba del magnicidio frustrado y agrega que uno de los drones fue comandado a control remoto directamente desde Estados Unidos. En redes sociales, se ha difundido otro video en el que se muestra a Requesens desnudo y, aparentemente torturado, aunque él no dice una sola palabra.
Otros detenidos
Por el ataque, además de Requesens, hay otras 18 personas involucradas, según dijo ayer el ministro de Información, Jorge Rodríguez.
El Gobierno venezolano también gestiona de Colombia la extradición de cuatro venezolanos (entre ellos Borges) y un ciudadano colombiano, mientras que a Estados Unidos reclamará el envío de un exmilitar venezolano, al que acusa de ser el “financista” del atentado. Colombia ya se pronunció indicando no haber recibido ningún pedido oficial de extradición.
Por la mañana, el partido opositor Primero Justicia denunció, además, el allanamiento “ilegal”, sin orden fiscal ni presencia de abogados, de las residencias de Requesens y Borges, a quienes les fue despojada su inmunidad parlamentaria.
La Asamblea Constituyente, entidad no reconocida a nivel internacional por su irregular conformación y compuesta íntegramente por oficialistas, propuso también la confiscación de bienes de los diputados señalados.
LAS IMPLICACIONES A COLOMBIA
Según el Gobierno, los atacantes fueron entrenados en la población de Chinácota, en el departamento colombiano de Norte de Santander.
Debido a ello y al rol de Mauricio Jiménez (mediador), el Gobierno de Maduro responsabiliza por el “atentado” a Santos, quien según el Gobierno tuvo “infinidad” de reuniones con Borges.
En un video difundido por Maduro el pasado lunes, Monasterios, con el rostro difuminado, afirma haber recibido ayuda de Requesens y del funcionario de migración para moverse en la frontera binacional, parcialmente cerrada.
INVESTIGACIONES DEL ATENTADO
El sábado pasado explotaron dos drones en un acto que encabezaba Maduro y el gobernante dijo que fue un atentado en su contra del que acusó también de estar involucrado al entonces saliente presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
El Ministerio Público señaló a 19 personas en tanto que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano que no reconocen numerosos gobierno del mundo, levantó el fuero a Requesens y Borges.
CONDENA INTERNACIONAL A REPRESIÓN EN VENEZUELA
El Gobierno brasileño advirtió del “agravamiento de la represión” en Venezuela al condenar la detención de un diputado opositor y la orden de captura de otro. “Con grave preocupación, el Gobierno brasileño tomó conocimiento”, dijo la cancillería en comunicado.
Un día antes, la Unión Europea (UE) pidió una “intensiva investigación” del ataque con drones.
La Cancillería venezolana respondió a la UE acusándola de injerencia y de poner en duda que se trate de un magnicidio frustrado.
Venezuela tuvo también demandas para Colombia, a la que instó a deportar a sospechosos y a “investigar” el atentado, tras asegurar que un “funcionario” de migración de ese país está “involucrado” en el caso.
“Es lo que haríamos aquí”, dijo en una rueda de prensa el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
