Rechazan en Colombia objeción de Duque a la Ley Justicia de Paz
Un aluvión de críticas generó ayer en diferentes sectores políticos y sociales la decisión del presidente de Colombia, Iván Duque, de objetar la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP).
El descontento se hizo visible en las redes sociales en las últimas horas tras la alocución presidencial de anteanoche, en la que Duque dijo que objetaba seis artículos de la citada ley, obligando a un nuevo y dilatado trámite en el Congreso.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), partido político de la antigua guerrilla colombiana, anunció ayer que pedirá la intervención de la ONU y de la comunidad internacional para evitar que la paz sea “destrozada”, en respuesta a la decisión del presidente Duque.
“El partido político FARC solicitará de forma inmediata la intervención política de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (…) para evitar que la paz construida con tantos esfuerzos sea destrozada”, manifestó ese colectivo en un comunicado.
La FARC señaló que la solicitud la hace “conforme a los mecanismos previstos en el acuerdo de paz” y que acudirá además a la Corte Penal Internacional (CPI).
“También solicitaremos a la Corte Penal Internacional que refuerce sus mecanismos de observación e intervención en Colombia”, afirmó el partido FARC, nacido del acuerdo de paz firmado por la antigua guerrilla con el Gobierno colombiano en noviembre de 2016 para terminar más de medio siglo de conflicto armado.
La Ley Estatutaria de la JEP fue aprobada por el Congreso en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial, pero Duque anunció anteanoche que objeta seis de sus 159 artículos y presentará al Legislativo una reforma constitucional para hacerle unos cambios.
“Las seis objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria son objeciones políticas que carecen de sustento jurídico alguno. Tan evidente es esto que todas ellas han sido desestimadas por la Corte Constitucional”, agregó FARC
Según el Presidente, las objeciones las hizo porque, después de analizar la citada ley, concluyó que no garantiza la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, que forman parte del acuerdo firmado.
La FARC atribuyó la decisión de Duque al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), mentor político del actual mandatario, así como al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ambos críticos del acuerdo de paz, y a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Esta petición se suma a la preocupación por las objeciones que expresaron ayer exnegociadores de paz, políticos, académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil en general al secretario general de la ONU, António Guterres.
“Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”, afirmaron en una carta dirigida a Guterres.
En opinión del senador del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda, las objeciones presidenciales no buscan genuina justicia.
24 noviembre de 2016 se firma definitivamente el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la exguerrilla de las FARC.
PREVÉN MALOS DÍAS
El senador y excandidato presidencial Gustavo Petro consideró el hecho como un fuerte golpe a la paz. “Han hecho trizas los acuerdos de paz; felicitación a la ignorancia; tristeza para nuestros hijos y nietos”, declaró.
La senadora de la Unión Patriótica, Aída Avella, expresó que las objeciones a la estatutaria de la JEP ponen al país en el camino de regreso a épocas violentas.
También la Corporación Jurídica Libertad de Colombia manifestó que lo hecho por el Gobierno con la JEP es un retroceso y un incumplimiento con las víctimas del conflicto.
EL PRESIDENTE DUQUE OBJETA LA LEY QUE REGLAMENTA LA PAZ EN SUELO COLOMBIANO
“He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, manifestó anteanoche Duque.
Dos de esos artículos se refieren a la extradición de excombatientes por conductas posteriores a la firma del acuerdo, un punto particularmente controvertido por el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, solicitado por la justicia de EEUU.
Los anuncios de Duque lo alinean con su partido, el Centro Democrático, y su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe, los más férreos opositores al pacto sellado con la que fuera la guerrilla más antigua de América. “Existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la justicia transicional que debemos avanzar para ser modificados”, agregó
Duque, crítico de los acuerdos que firmó a finales de 2016 su predecesor, Juan Manuel Santos.
El Ejecutivo se propone presentar ante el Congreso una reforma constitucional que excluya de esa jurisdicción los delitos sexuales contra menores, deje claro que quien reincida en actividades criminales perderá todos los beneficios y que cualquier otra conducta delictiva que se haya iniciado antes de la firma del pacto y siga ejecutándose después será competencia de la justicia ordinaria.
