El flagelo del cibercrimen

Las redes sociales y el Internet en general están llenos de hampones o, en este caso, de forajidos digitales o ciberdelincuentes. Desde el anonimato que brinda la red de redes, desde muchos países realizan gran cantidad de robo de información confidencial, estafa y extorsión que, en su mayoría, quedan impunes. El cibercrimen es un problema de escala mundial, a tal punto, que desde hace unos años mueve más dinero que las drogas del narcotráfico.

Como una muestra de los múltiples delitos que se cometen vía redes sociales, correo electrónico y mensajería instantánea, se identifican varias categorías como el Grooming, que se trata de la captación de niños y niñas por medio de Internet con fines sexuales. El Phising, es decir, el envío de contenido malicioso, aparentando ser inofensivo y provenir de fuentes fiables, para intentar obtener datos confidenciales del usuario. Por otra parte, el Smishing, una variante del phising que opera a través de SMS, como aquel que afirma haber ganado una vagoneta Prado en un supuesto sorteo.

Otro delito informático es el Cyberbullying, conocido como acoso psicológico a compañeros de colegio, con efectos devastadores en la identidad y autoestima del menor que pueden llevar incluso al suicidio, como el tristemente célebre caso de Amanda Todd. El Spoofing, el fraude que se comete por suplantación de contenido legítimo, con el objetivo de obtener información del usuario, como su contraseña bancaria.

Otra forma de cometer estafa y extorsión es el Ransomware: el secuestro remoto de información digital. Una vez que el equipo queda infectado, se cifran todos los archivos y se exige el pago de un rescate para descifrarlos. Pagar no garantiza el descifrado, a veces ni así envían la clave para recuperar los archivos.

El robo de identidad es otro delito por el hecho de apropiarse de la identidad de una persona, haciéndose pasar por ella, llegando a asumir su identidad ante otras personas dañando su reputación, con calumnias y perjuicio a la honra de la víctima amparados en el anonimato, la publicación y difusión de fotos y vídeos de índole privado al entorno familiar y/o laboral de la víctima, sin su consentimiento y el acoso y violencia de género, sobre todo proveniente de exparejas.

Frente a estos delitos informáticos la legislación se encuentra rezagada, aún si los delitos estuvieran tipificados en la ley boliviana, al tener las redes sociales su espacio en otros países (en su mayoría, Estados Unidos) se hace complicado y burocrático que las instancias judiciales realicen requerimientos para obtener información que permita rastrear el origen y al autor de publicaciones dolosas, por lo que hay que valerse de varias técnicas informáticas para efectuar el rastreo, que no siempre funciona con la premura necesaria.

Para enfrentar esta dificultad, hace unos años en Argentina se gestionó la apertura de oficinas de la red social Facebook, de modo que los administradores de justicia argentinos puedan realizar requerimientos de información como parte de la investigación judicial. No prosperó, porque al tener Facebook su sede en California, Estados Unidos, todo requerimiento de información debía estar acorde con la legislación de aquel Estado norteamericano y, a la vez, con la del Estado argentino. Debido a la incompatibilidad de las leyes en ambos Estados, el proyecto quedó en el intento, porque las leyes no son homogéneas.

De algo podemos estar seguros: el cibercrimen llegó para quedarse y, lejos de disminuir su intensidad y complejidad, tiende a empeorar con el paso de los años. La mejor protección es la prevención, hasta que eventualmente las nuevas generaciones de futuros legisladores actualicen las leyes en concordancia con la época donde impera este flagelo.

El autor es ingeniero perito en Informática Forense.