Evocracia y evofobia
La convocatoria a la protesta del 21 F es un primer paso para “romper con el silencio” en “el país de los callados”, en el intento de frenar la escalada radical en la que se ha instalado la pretensión de la repostulación de Morales. En contrapartida, el ejecutivo en actitud desafiante, continuando con la espiral de ilegalidades, convoca a una manifestación de “apoyo” en la que reunirán “espontáneamente” a su clientela política.
La diferencia entre ambas radica en que la convocatoria de la ciudadanía tiene estatura moral, es legítima y legal, fundamentada en el derecho, cuenta con la fuerza de la razón, es un manifiesto a favor del Estado de Derecho, el interlocutor es toda la sociedad y exige el respeto a sus derechos fundamentales; mientras el llamado del MAS tiene un fin espurio: enaltece la ilegalidad, es una coacción a la justicia y al ciudadano, obvia el marco jurídico vigente e intenta la demolición constitucional, para lo cual enfrentará multitudes a la ley.
Todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir las leyes, especialmente los que tienen responsabilidades institucionales, pero el Gobierno cree estar al margen de la legalidad. El Gobierno crea una tensión irresponsable, no entiende que no se juzga al mal, ni siquiera a sus ideas, sino se le juzga por desobedecer a la Constitución, lo cual configura una conducta dictatorial. Poner en marcha otro referendo o montar otra ilegalidad, es despreciar al ciudadano boliviano que aceptó el advenimiento del MAS al poder, haciendo uso precisamente de las normas que hoy repudian y vulneran. Su postura es ominosa para el ciudadano y para el país, afecta no sólo a la moral pública y a la dignidad del voto, sino que socava el sistema normativo, y no hace más que confirmar que el populismo de izquierda continua con su objetivo de siempre: el ejercicio autoritario del poder.
Pero, el peligro está en repetir la historia, ya que no aprendemos de ella: las instituciones que cortan las ansias de poder autoritario, que sirven precisamente para proteger las libertades de las minorías, están hoy avasalladas y una vez más, los “tacticismos imaginativos” de una de las cuatro vías será prodigada de legalidad. Sin duda, estamos ante un desafío inédito en nuestra seudodemocracia, un grotesco golpismo a la decisión del pueblo y, por lo tanto, ésta debe actuar con las leyes que le son dadas para defenderse y\o la calle para resistir el absurdo de que algo que es ilegal se pueda celebrar.
La Constitución y la calle son las únicas herramientas hábiles con la que los bolivianos cuentan a la hora de hacer frente a los abusos del poder, pero el régimen ha traspasado los límites de la Ley incumpliendo la Constitución cuantas veces ha querido, no existen las limitaciones legales, institucionales y políticas, el control y los equilibrios, propios de una democracia; queda la calle como único medio eficaz que la sociedad dispone para convertir al poder en una categoría humana, racional y sujeta a límites. Esta orgía de asalto al poder es una tragedia evitable con la movilización de los ciudadanos. Hay que poner al poder en Derecho.
El autor es abogado constitucionalista.
Columnas de WALDO RONALD TORRES ARMAS
