Espiral de autodestrucción

Si Dilma, en un giro improbable pero no imposible, recuperase la presidencia del Gobierno en Brasil, ¿cabe esperar que su país nos compre electricidad, firme un nuevo contrato de compra de gas favorable a nuestros intereses y modifique el diseño del tren bioceánico?

La deuda y el reconocimiento del PT y de la presidenta Rousseff con el Jefe de Estado boliviano son grandes, tomando en consideración lo mucho que éste ha arriesgado al expresarse tan ruidosamente por su permanencia y lapidando a su reemplazante, en un acto de reciprocidad pura, ya que ella y Lula libraron duras batallas para apoyarlo en horas inciertas.

La manera en que el presidente Morales decidió expresar su gratitud le ha costado una profundización --si cabe-- de la antipatía que le obsequia la derecha brasileña, cuya inquina complica los afanes de la Cancillería boliviana para resolver tres cuestiones de las que depende gran parte del programa gubernamental, actual y futuro.

Aún antes del pleito con el Gobierno de Temer, cada una de las aspiraciones bolivianas ya tropezaba con formidables obstáculos. Aunque el contrato gasífero está prácticamente asegurado, ya se nos ha advertido que será bajo condiciones nuevas y mucho menos ventajosas, empezando por el hecho de que Petrobras adquirirá sólo la mitad de lo que podamos suministrar, mientras el saldo deberá negociarse con agentes privados. Nuestra mayor desventaja en esta negociación radica en que nuestras reservas actuales no garantizan la satisfacción de la demanda.

Esa debilidad se hace más evidente cuando la diplomacia boliviana le implora, infructuosamente, a Brasil que modifique la decisión, adoptada durante el Gobierno del PT, de diseñar el tren bioceánico --segundo asunto-- sin pasar por territorio boliviano. No se nos ha hecho saber cuáles fueron las consideraciones de Brasil y Perú, cuándo decidieron firmar un acuerdo que excluyó a Bolivia, pero nuestra debilidad institucional para garantizar el cumplimiento de un convenio que puede verse afectado por crisis sociales es un dato a tomarse en cuenta, especialmente con la vigencia de un régimen corporativista clientelar. 

Las negociaciones para que las nuevas autoridades peruanas expresen su buena voluntad para corregir ese diseño han sido exitosas, porque los argumentos económicos  y ambientales con que se respalda la petición boliviana son dignos de tomarse en cuenta, pero hasta ahora el Brasil no se da por enterado.

Sobre la compra de electricidad --tercer asunto--, todas las ofertas bolivianas anteriores han tropezado con la posición estatal brasileña que se inclina por comprar energía producida en la  frontera o muy cerca,  a no más de mil kilómetros, como la del Chepete y, menos, a precios mayores de los que ellos manejan con su propia generación.

Los dificultades para lograr acuerdos ajustados a nuestras expectativas eran ya bastante grandes antes del cambio de Gobierno en Brasil,  con la recepción que le dio el Presidente boliviano al nuevo mandatario la situación empeoró, especialmente en lo referido a la venta de electricidad. Ahora, con la recientísima aprobación de una ley de la coca, que será interpretada por el Brasil como una agresión frontal contra su seguridad interna y la salud pública, queda de manifiesto que el Gobierno del MAS es presa de su propia dinámica que provoca y lo precipita en una espiral autodestructiva, donde cada problema que parece resolver le genera otros más grandes y complicados.

Así, la reacción brasileña y de otros países ante la nueva legislación de la coca actuará como un lastre en varias de nuestras causas internacionales, incluyendo las que se ventilan en la Corte Internacional de La Haya, aunque las autoridades bolivianas intenten explicar que no se están aumentando los cultivos.

El corporativismo que era la fuerza del Gobierno se ha convertido en su gran debilidad, porque la necesidad de mantener lealtades parciales lo indispone con el resto de la sociedad y lo empuja irremisiblemente a elevar las barreras que se interponen en  la consecución de sus más caros sueños.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.