¿Quién debe tener el poder en la selva?
En su libro: “Geopolítica de la Amazonía, Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista”, el vicepresidente Álvaro García Linera afirma que las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y los parques nacionales están bajo el control de una elite hacendal-empresarial local, de transnacionales y gobiernos extranjeros; y las ONG ambientalistas y las dirigencias indígenas son meros instrumentos de “una acumulación capitalista medioambiental”. Entonces, según García, el Estado debe recuperar la tuición y control sobre estas tierras y sus riquezas.
Me pregunto: ¿Quién debe tener el poder en la Amazonía? Sostengo que ni las ONG, ni las transnacionales, ni el Estado, deben tener el poder sobre la Amazonía, los propietarios son los indígenas originarios, son ellos quienes deben negociar títulos sobre “bonos de carbono” a nombre propio, hacerse cargo por sí, de la mayor concentración de diversidad biológica, reservorios de agua, petróleo y las posibles reservas de oro, níquel, hierro, uranio que puedan existir. Nosotros, no tengamos celos, ni envidia de que esas personas sumidas en la pobreza puedan conducir empresas millonarias, defendamos un país de propietarios.
Tanto activistas como burócratas deben dejar de ver a los indígenas como meras piezas de museos, cuya cultura es incompatible con la propiedad privada y la empresa. La cultura es dinámica, hasta hace 50 años atrás se creía que la cultura de los chinos, indios, árabes, japoneses, esquimales y los habitantes de la ex Unión Soviética era incompatible con las herramientas de la globalización; pero actualmente estas personas no sólo constituyen motores del mercado sino que preservan su identidad cultural, gracias al empoderamiento.
A los indígenas se les repite que deben vivir una economía de subsistencia. Por mitos antropológicos, no les permiten unirse para delimitar propiedad y crear empresas, no pueden solicitar al Estado la parte de sus riquezas, no pueden utilizar sus propios beneficios para formar a su gente, no pueden educarse en petróleo, minas, biotecnología, madera, y no pueden tener ahorros suficientes para dejar de ser microempresa. El Estado y los activistas prácticamente los tienen como discapacitados mentales que necesitan de tutela paternalista.
Pero sólo su propio poder económico protegerá sus tierras del avance colonizador sea cocalero o soyero, cuando ellos decidan ejercer control económico sobre su territorio, podrán integrarse a su entorno productivo y hacerse cargo de los frutos que la naturaleza les entrega, mantenerlo y conservarlo, mientras tanto, estarán en manos del Estado gobernado por colonizadores habidos de tierra.
No hay poder económico sin propiedad privada, no hay capital sin propiedad. Sin propiedad privada no hay dinero para inversión, crédito, ni tecnología; como las tierras son comunitarias y el suelo le pertenece al Estado, les queda esperar la caridad de instituciones internacionales o la protección de un gobierno parcializado con sus clientes políticos mercantilistas.
El empoderamiento económico al que tienen que alcanzar los indígenas para proteger su cultura y territorio, se fundamenta en un empoderamiento legal que tiene como base los documentos de la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, y la Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el Empoderamiento Legal de los Pobres, que demandan a los Estados, los mismos derechos de propiedad privada para los indígenas y pobres, que los que tienen las transnacionales.
El autor es representante del Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa (ILCE).
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