Asfixia empresarial, informalidad y violencia

Hay tres noticias que durante los últimos días han ocupado un lugar destacado en la agenda informativa nacional.

La primera es la que dio cuenta de una explosión ocurrida la madrugada del martes 11 de abril en el centro minero de Huanuni, en Oruro, que causó la muerte de diez trabajadores dejó malheridos al menos a 15 de ellos y con heridas de menor gravedad a más de un centenar.

La segunda, más reciente, se refiere a los enfrentamientos que se produjeron ayer lunes, en Santa Cruz, también a primeras horas de la madrugada, entre un sector de comerciantes que se niegan a trasladarse del mercado de La Ramada y agentes de la Guardia Municipal.

Y la tercera, la relativa a la promulgación de la Ley de Empresas Sociales, el Decreto Supremo que sube el salario mínimo nacional y el compromiso gubernamental que con notable anticipación “garantizó” el pago de un segundo aguinaldo.

Esos tres hechos, cada cual a su manera, pone en evidencia diferentes aspectos del crecimiento incontenible del sector informal de la economía a un ritmo proporcional al achicamiento de las actividades económicas realizadas dentro de un marco legal.

En el sector minero, por ejemplo, durante los últimos se ha acelerado el crecimiento de la minería informal, lo que se plasma en continuos avasallamientos, robo de minerales y enfrentamientos cada vez más cruentos entre quienes luchan por apoderarse de una porción de los minerales que se producen.

El desmesurado crecimiento del comercio informal –cuyos eslabones van desde el contrabando fronterizo hasta los puestos callejeros– es otra faceta del mismo fenómeno. El mercado La Ramada en Santa Cruz es una de las máximas expresiones de lo que eso significa.

Los brotes de violencia en Huanuni y La Ramada son sólo dos entre decenas de casos que a casi a diario ponen en evidencia las dificultades que tiene tanto el gobierno central como los departamentales y municipales para hacer prevalecer la autoridad estatal.

Paradójicamente, gran parte de las políticas públicas adoptadas durante los últimos años tienden a agravar ese problema en vez de atenuarlo. Es lo que ocurre con la política salarial, tributaria y regulatoria de las actividades empresariales, cuya peor expresión son las medidas aprobadas el pasado 1 de mayo.

No es casual ni desdeñable esa relación entre asfixia del sector empresarial formal, el crecimiento de la informalidad y la violencia. Es de esperar, por eso, que quienes tienen en sus manos la conducción del Estado en sus tres niveles –central, departamental y municipal– le den al asunto la importancia que merece.