Desinformación para “respaldar la democracia”
CLS Strategies, “una firma de comunicación estratégica basada en Estados Unidos” a la que el Gobierno transitorio admite haber contactado para “realizar una tarea de cabildeo en busca de respaldo a la democracia boliviana”, está ligada a la campaña de desinformación masiva dirigida a los bolivianos que fue desmantelada hace pocas semanas por Facebook.
Esa información, contenida en comunicaciones oficiales de Facebook y del Ministerio de la Presidencia de Bolivia no es solo desconcertante, sino francamente contradictoria.
Y lo es porque no existe coherencia entre la intención de buscar “respaldo a la democracia” en el país –como sostiene el gobierno de Jeanine Áñez– con las motivaciones de la drástica medida aplicada por el gigante de las redes sociales a las acciones de la empresa con la que el Ejecutivo tuvo trato y que, asegura “logró contactos entre autoridades (bolivianas) y funcionarios del ejecutivo y legislativo de Estados Unidos”.
Un informe de Facebook indica que CLS Strategies estaba ejecutando en Bolivia “operaciones organizadas (…) para impactar a (los) ciudadanos. Estas operaciones pueden ser particularmente preocupantes cuando combinan técnicas de engaño con el poder real de un Estado”.
La firma –a la que el Gobierno Boliviano asegura no haber contratado “para ningún otro servicio o actividad”, aparte del cabildeo prodemocrático mencionado– está directamente ligada a una red que manejaba decenas de cuentas falsas en Facebook e Instagram para “engañar a las personas sobre los responsables detrás de esta actividad y administrar páginas, haciéndose pasar por entidades de noticias independientes, organizaciones civiles y páginas políticas. Las personas detrás de esta actividad publicaban (…) contenido para apoyar a la oposición política en Venezuela y al gobierno interino en Bolivia”, señala el informe de Facebook, con total claridad.
Una claridad ausente en el comunicado del Ministerio de la Presidencia que termina indicando que “CLS (Strategies) no pudo recibir su pago por los servicios prestados debido a las restricciones legales vigentes”. Lo que permite pensar que la firma en cuestión operaba una red de desinformación en Bolivia sin cobrar por su trabajo, o preguntarse quién le pagó por ejecutarlo.
Una pregunta tan inevitable como ajena a las inquietudes del Gobierno que no manifiesta preocupación alguna por conocer más acerca de esas acciones organizadas para desinformar a los bolivianos, y cuyo objetivo era beneficiarlo.
