¿Reforma humana o reforma estructural?

Hace unas semanas se habló mucho de reformar nuevamente la alicaída justicia boliviana, la cual, por supuesto, es una de las instituciones del Estado que menor credibilidad y confianza tiene por parte de la sociedad civil. Hoy en día nadie cree en el desempeño transparente y correcto de la administración de justicia que realiza el Órgano Judicial.

Hace años atrás que se viene hablando sobre una verdadera reforma institucional, pero solo queda en discursos, en buenas intenciones y nada más que eso, sin que hasta la fecha haya habido un verdadero cambio al respecto. Incluso se llevaron a cabo pomposas “Cumbres Judiciales” sin resultados efectivos.

Según nuestra vigente Constitución Política del Estado (CPE), el Órgano Judicial está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, por una Justicia Indígena Originaria-Campesina (que ni suena ni truena), por el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por más que se pretenda hacer cambios a su estructura institucional, es decir, suprimir, fusionar o crear mediante una reforma parcial a la CPE, no habrá el éxito esperado.

Hubo un primer gran avance al reformar la justicia institucional en nuestro país, mediante Ley No. 1585 de 12 de agosto de 1994, Ley de Reforma a la Constitución Política del Estado que crea el Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura (hoy de la Magistratura) y, mediante la Ley 1715, el Tribunal Agrario Nacional. El primero para ejercer netamente un control constitucional, el segundo para ser la instancia administrativa y disciplinaria y el tercero para administrar temas agrarios. Porque hasta antes de eso nuestra justicia mantenía la misma estructura de los viejos modelos traídos de Europa.

Como sabemos, toda entidad es abstracta e invisible. Quien le da vida a una institución son los recursos humanos que la manejan. Entonces, la verdadera metamorfosis a la justicia boliviana estará en aplicar un cambio de mentalidad en el personal jurisdiccional y administrativo que la compone. Si no se logra ese cambio efectivo y eficaz de nada servirán las reformas que se quieran realizar de aquí para adelante. Porque todo seguirá siendo lo mismo con olores nauseabundos a corrupción, retardación de justicia, sentencias judiciales con pago para el mejor postor, entre otros males, que campean a diario en los pasillos judiciales.

Esa mutación de mentalidad que se debe aplicar en los operadores de justicia, abogados/as, fiscales, policías e incluso en la sociedad civil también debe venir desde las aulas universitarias, públicas y privadas. Porque ahí nace la corrupción entre docentes y universitarios, desde ahí se distorsiona el verdadera y correcto ejercicio de los derechos. En la currícula de estudio en las ciencias jurídicas deben llevarse a cabo cambios trascendentales porque la visión del futuro abogado/a está enfocada únicamente en tener la especialidad de litigante y ganar a toda costa los juicios hasta el punto de hacer correr dinero mal habido debajo de la mesa de un juez o jueza.

La sociedad civil también es gran culpable con lo que sucede hoy en día en la justicia boliviana. En muchos casos son los primeros incitadores para que germine la corrupción en los estrados judiciales, debido a que incitan y tientan a los/las profesionales del derecho para que cometan irregularidades en el desarrollo de los procesos judiciales. Claro que hay jueces, juezas, abogados/as y fiscales probos/as e idóneos/as, pero, lamentablemente, son un grupo minúsculo opacada por esa mayoría que hacen quedar muy mal a esa noble profesión.

También se debe pensar seriamente en cerrar, por un buen tiempo, las carreras de derecho en universidades públicas y privadas a fin de hacer una seria y concienzuda reflexión acerca de qué tipo de abogado/a se requerirá para los próximos 50 años. Esto, debido a que de los/las 70 mil abogados/as que aproximadamente se tiene en el país, una gran mayoría no tiene cabida en el espectro laboral.

Otro mal que debe ser atacado en esta nueva reforma judicial que se pretende realizar en el país, es la partidización o politización de la justicia. Como ejemplo nítido y claro de ello, este 2020 que finaliza se constató que la administración de justicia estuvo al sol que nace. Hasta antes del 8 de noviembre estuvo pintada de un color político y después de esa misma fecha se cambió sin rubor alguno al color político del gobierno de turno.

Es de esperar que tanto las autoridades del Ministerio de Justicia, como la Comisión de Notables que preparan los cambios trascendentales al sistema judicial, tomen en cuenta que la verdadera transformación no está solo en lo estructural, sino en los recursos humanos. Porque de nada servirá tener nuevos y lindos nombres institucionales, dotados de las mejores oficinas sino se cambia ese chip mental podrido del recurso humano que años de años está anclado en los distintos juzgados que conforman el Órgano del Estado.

El autor es comunicador social