Seguridad privada, monitoreo de vías y acoso político

La seguridad física privada y el control y monitoreo de vías públicas son cosas en apariencia similares, pero tan distintas como conejos y vizcachas o como nutrias y focas. De ahí que -para usar un ejemplo didáctico– el exceso que supuso que una fiscal convocara a declarar al Alcalde de Cochabamba por contratar servicios de seguridad privada equivale a acusar a la Alcaldía de haber contratado un coro gregoriano, cuando se contrató una banda de jazz.

Aunque para la mayoría de nosotros las nutrias marinas y las focas lucen igual, frecuentan el mismo ecosistema y guardan similares hábitos alimenticios, las primeras son roedores semiacuáticos del género mustélida y las últimas son otáridos pinnípedos del género fócido.

Un biólogo experto sabría la diferencia entre una y otra especie y de la misma manera se esperaría que un fiscal, un auditor o un técnico del Ministerio de Gobierno pudieran distinguir entre dos tipos de servicios tan disímiles como la seguridad de una entidad pública y el control de las calles adyacentes o de los mercados.

Seguridad privada es lo que no contrata la Alcaldía de Cochabamba: lo que contrata es el servicio de control de mercados y ferias y el monitoreo de vías. Son tan distintos que en el Clasificador Presupuestario del Ministerio de Economía –algo así como un “catálogo de especies” en temas de inversión pública– ambos tipos de servicio tienen un género y una clasificación separada.

Cuando la empresa unipersonal Velarde Caballoty fue contratada por la Alcaldía de Cochabamba no fue para prestar servicios de seguridad física privada, sino para monitoreo de mercados, ferias y vías. Sus empleados no prestan servicios de seguridad, no custodian ningún edificio municipal –que es la tarea de las empresas privadas de seguridad–, sino que recorren calles y mercados, una tarea catalogada en Servicios No Personales.

Para ser aún más claros: Los servicios de la empresa cuestionada por la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno, y sospechada de proveer seguridad privada, fueron contratados con cargo a la partida presupuestaria 26990 “Otros”, que se encuentra en la categoría de Servicios No Personales, y no usando la partida 26620 “Vigilancia Privada”, que está dentro de la categoría Servicios de Seguridad, como la entidad denunciante y fiscal del caso pretenden erróneamente.

De hecho, la autonomía municipal puede contratar habitualmente guardias de seguridad física privada para custodiar el Cementerio General, sus centros de salud integrales, el Hospital del Norte y el Hospital del Sur. En el Documento Base de Contrataciones -DBC- de esos contratos, figura el requisito de la tarjeta de Identificación y la licencia de funcionamiento emitidas por el Ministerio de Gobierno y las empresas adjudicatarias cumplen con ese requisito.

No es el caso de la empresa Velarde Caballoty, contratada para asistir en el monitoreo de mercados, ferias y vías, una actividad no clasificada dentro de los servicios de seguridad física privada y para la cual no se requiere el permiso de funcionamiento por el cual se la sancionó y bajo ese pretexto se pretende enjuiciar a la Alcaldía.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se hizo presente ante la fiscal que lo requirió. Al fin y al cabo, no es la denuncia más descabellada o absurda a la que ha tenido que responder. En los pasados diez años se le ha acusado de cosas tan absurdas como haber corregido el proyecto defectuoso del puente Sacambaya y se le ha hecho pagar el costo por vehículos que aún están en uso de la Gobernación de Cochabamba.

En ese contexto, querer enjuiciar a la Alcaldía por supuestamente haber contratado una empresa que no tiene la debida autorización de un servicio clasificado dentro de la categoría programática 26600 (Servicios de Seguridad Física) y la partida presupuestaria 26620 (Servicios Privados de Seguridad), cuando en los hechos se contrató servicios de la categoría 26900 (Otros Servicios No personales) y la partida 26990 (Otros), no es lo más loco que el jefismo ha intentado, aunque si es un nuevo tipo de abuso, más torpe y grosero de lo hasta ahora visto: confundir conejos con vizcachas, confusión a la que adhiere un concejal que hasta hoy no devolvió recursos públicos que recibió abusando de su condición de dirigente de Control Social.