LA CURVA RECTA

En días pasados el diputado Miguel Antonio Roca se ha lanzado por una cruzada que considero muy importante y con la que estoy plenamente identificado: me refiero a promover una ley que modifique la perversa situación en la que vive Bolivia debido a normas que impiden la importación de autos usados y que hacen que tener acceso a un coche propio sea algo prohibitivo para una enorme parte de la población, lo cual ha llevado al surgimiento de un mercado negro, vale decir, a importaciones ilegales, que terminan llevando a los menos beneficiados a tener autos ilegales, que no pueden comprar gasolina en los puestos oficiales y se ven obligados a comprarla de revendedores.

La prohibición de importación de autos que sean más antiguos que un año hace que los coches sean extremadamente caros en este país. Que los carros viejos mantengan un valor alto impide que quienes tienen menos dinero, la gente pobre en general o los jóvenes, tengan acceso a uno. Tiene además la desventaja de que la renovación del parque automotor sea mucho más lenta (es posible que quien maneja un taxi -o un minibús- que dicho sea de paso es una persona en muchos caso víctima del desempleo pueda comprar un carro de segunda mano, de un país donde las carreteras y talleres mecánicos son mejores, que esté en buen estado y que tenga 10 años, y así sustituir el suyo que ya lleva 30 en las calles llenas de baches de la patria, pero que simplemente no podría importar un 0 Km, si es que no hipoteca su vida para ello).

Los grandes beneficiarios de la prohibición de importación de carros usados son los importadores oficiales y los bancos que financian la compra de estos carros; los grandes perdedores son las personas comunes y corrientes, ante todo las que tienen muy bajos ingresos. 

Llama la atención que un Gobierno que se llama socialista, que se autoproclama “del pueblo”, promueva un estado de cosas tan perjudicial para los menos afortunados de la sociedad.

El poder contar con un auto propio no es poca cosa en la calidad de vida de las personas, peor si se vive en el campo, donde no sólo no hay, sino que no puede haber un transporte público eficiente. Es casi un derecho humano: la gente debe poder comprar lo que le conviene.

Las normas para disminuir la toxicidad que producen los coches deben ser aplicadas a todos los coches, pero de acuerdo con su estado mecánico y no por su año de fabricación; pasa lo mismo con respecto a las otras características mecánicas.

El caso de los autos usados indocumentados podría ser utilizado como un estudio de manual sobre cómo una norma estatal tergiversa el mercado, perjudica al usuario y lleva a la ilegalidad a personas de bien, mientras los más pillos aprovechan la circunstancia, arman un enorme negocio de contrabando, que eventualmente está contaminado con narcotráfico y robo de coches, y tienen pingües ganancias a espaldas del Estado.  Para colmo, los ciudadanos comunes y vulnerables resultan víctimas de extorsiones con la propiedad imperfecta de un importante bien y por haber tenido que comprar combustible de revendedores.

Una ley razonable, que permita al ciudadano comprar lo que más le conviene, y pagar los impuestos que corresponden (ojo: no los impuestos de lo que vale un carro nuevo, sino de lo que realmente vale ese carro), respetando las normas para la emisión de gases (que tendría que desarrollar el país), cambiaría enormemente para bien la vida de un importante porcentaje de los bolivianos. En realidad, la vida de todos los bolivianos.