Consideraciones para un desarrollo urbano metropolitano

Es urgente generar planes reguladores que incorporen proyectos de desarrollo y programas urbanísticos en la Región Metropolitana Kanata, de Cochabamba, que permitan mejorar aspectos de ordenamiento interno necesarios para satisfacer las demandas de los habitantes; y externo para posicionarla como entorno organizado y vinculado con otros aspectos del progreso regional. Pero más que eso, es preciso contar con estrategias de desarrollo independientes de la política partidista que viabilicen un tratamiento urbano sistemático y emergente de una realidad concreta. Algunas consideraciones pueden mencionarse al respecto.

Un primer aspecto es que la densificación no necesariamente responde a la demanda de mercado, sino a la economía pujante de algunos sectores sociales. El índice de crecimiento poblacional es relativamente bajo en la mayoría de los municipios, por tanto, el fenómeno de explosión inmobiliaria tiene otras causas. Tampoco se puede asumir que la concentración poblacional en determinados sectores sea producto de la escasez de suelo urbanizado. La densificación no es producto de una necesidad; es respuesta a un estado de bonanza económica temporal que saturó la expectativa de usuarios y desarrolladores, de la sociedad y sus instituciones. No obstante, esta burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles (en algún sector de la ciudad) que afectó a los precios, pero no tanto al volumen construido, no resolvió aún las necesidades básicas, revelando solamente la proliferación de barrios informales con pésima infraestructura y conectividad vial, inadecuados medios de transporte público y precariedad de servicios básicos. Una posible solución destaca la necesidad de un modelo conceptual que ofrezca iniciativas de desarrollo urbano integral, el mismo que puede surgir del análisis exhaustivo e imparcial de la academia y sus resultados ser entregados como insumos para la gestión pública.

Una segunda consideración se vincula con planes reguladores como solución absoluta. El análisis problémico en términos de ordenamiento territorial se debe básicamente a la escasez de instrumentos de planificación, y a que los pocos existentes no promueven el desarrollo sostenible, dando cuenta de un inconsistente marco normativo que evalúe el impacto social, ambiental, económico e institucional. Ello se refleja en la degradación de las unidades territoriales, la exposición a riesgos y amenazas producidas por desastres naturales y antrópicos, la contaminación ambiental, hídrica, del suelo, y la vulnerabilidad de los ecosistemas.

Por tanto, se requiere conciencia ciudadana de las instituciones, agentes económicos, organizaciones sociales y academia, capaces de coordinar espacios temporales mediante la generación de un plan regulador metropolitano que establezca periodos de crecimiento reglamentado. No es conveniente dejar al azar o al libre albedrío el proceso desarrollista de los años 70, que no aporta en la configuración socioespacial de la ciudad; por el contrario, es necesaria la presentación de nuevos instrumentos con disposiciones jurídico-normativas, que permitan planificar y regular el ordenamiento territorial como parte del desarrollo urbano desde un enfoque multidimensional. Los objetivos planificados a mediano y largo plazo, concertados en una visión colectiva, y el manejo racional de los recursos facultarían la superación de las actuales condiciones de calidad de vida de la población.

Un tercer componente importante en el análisis representa la movilidad urbana. La nueva economía, las políticas de inclusión y el desarrollo natural de las ciudades permitieron integrar a la ciudadanía del norte y del sur en los mismos espacios públicos que ofrece la ciudad, produciendo una movilidad urbana en el afán de compartir equipamientos, áreas verdes y espacios públicos que hace algunos años eran exclusivos de ciertos sectores socioeconómicos. La dimensión social de la movilidad urbana, a partir de la mirada del desarrollo sostenible, considera que debe ser analizada como un sistema, tomando en cuenta los derechos humanos, el bienestar y la igualdad.

La política pública sobre movilidad urbana requiere trabajar consideraciones sobre las necesidades de viaje, calidad del servicio, horarios y tiempos de desplazamiento, costos y tarifas, seguridad en los diversos medios de transporte, tratamiento del impacto ambiental, mejoramiento de la vialidad y la conectividad.  Los derechos en un sistema de movilidad urbana dan paso al cumplimiento de otros derechos, como el acceso a la educación o a las prácticas laborales, aportando en la reducción de las brechas de desigualdad, y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

La cuarta consideración se refiere a la ocupación del centro patrimonial, donde ya es posible apreciar de alguna manera la ocupación de ciertos barrios antiguos y tradicionales para ceder espacio a nuevos y elitistas estratos aburguesados que monopolizan sectores urbanos. Aunque no responden todavía al concepto de gentrificación, generan problemas de alteración patrimonial y paisajística y nuevos barrios informales que no cambian la sociedad, solo la transforman y la expanden a otros espacios suburbiales y periféricos.

La presencia de una nueva actitud de apropiación del espacio central está transformando también su representación y su morfología, cambiando la identidad y el uso patrimonial, priorizando las actividades comerciales y de servicios. Por tanto, revitalizar este espacio histórico cultural podría ser el inicio de un trabajo de revalorización de otros ambientes urbanos que permitan mejorar la morfología y la funcionalidad de la ciudad en su concepto integral.

Finalmente, puede mencionarse como quinta consideración, que Cochabamba, pasó a ser una ciudad netamente manejadora de servicios. Su tradición de ciudad y región generadora de productos agrícolas, además de ser en su momento denominada la ciudad jardín, mantiene sus calificativos sólo para intentar reforzar la autoestima de sus habitantes.

Constituye una ciudad de economía terciaria que pensó un desarrollo, sino individual, máximo sectorial, pero nunca de sociedad colectiva, para autosatisfacer sus necesidades y demandas, propias de la sectorialización, y por tanto lejana al proceso de desarrollo de las otras dos ciudades que le anteceden en esa vía: Santa Cruz y La Paz. Es el momento de inducir al cambio de paradigma respecto del desarrollo emergente de las demandas efectivas y reales de la sociedad, y es necesario reformar los hábitos de comportamiento cotidiano y pensar en vivir con las cualidades que ofrece el avance urbano. Su imperativo categórico demanda priorizar la planificación de estos espacios, conciliando la interacción e interdependencia de los ámbitos sociales, económicos, culturales, funcionales, normativos y ambientales.

Aunque los cambios urbanos son inevitables, no es sano sustraerse de la memoria de la ciudad. Aunque la cooptación a través del marketing la hará ver siempre como un lugar pertinaz de crítica y resistencia, su revalorización debe servir para mejorar la cohesión social.

En este sentido, el desarrollo urbano a través del ordenamiento territorial debe formalizarse como una política de Estado, dada su repercusión en toda la sociedad y en el conjunto de múltiples dinámicas multidimensionales, y no seguir romantizando como una política pública condicionada por la contingencia social, y demandas de modelos de un mercado imperante.

El autor, Ph.D., es investigador del Ceplag-UMSS, mkquiroga@gmail.com