Violencia en Guarayos
Los enfrentamientos por conflictos de tierras en la región de Guarayos, Santa Cruz, tienen al menos cinco elementos comunes: su frecuencia, el uso de armas de fuego, grupos organizados de avasalladores que ejercen violencia contra quienes les incomodan, la condescendiente actitud de algunos jueces y fiscales con los posibles autores de delitos, móviles económicos ajenos a los intereses de los lugareños y la demora de las fuerzas del orden en acudir al llamado de auxilio de las víctimas.
Lo ocurrido el sábado último en la Subcentral Pailitas, de esa región cruceña, donde un grupo de encapuchados atacó a los comunarios asentados en el lugar es una muestra de lo que ocurre allí.
Los agresores portaban armas y petardos atacaron a los campesinos y habitantes asentados en esa área, al menos ocho de ellos resultaron heridos —algunos de gravedad— por golpes e impactos de perdigones y balas. Uno de esos proyectiles causó la muerte de un joven de 22 años.
No es la primera vez que los atacantes matan a alguien. Ya ocurrió en marzo de 2022, en el campamento La Estrella, donde otro joven, este de 21 años, falleció por un disparo de rifle calibre 22.
Rifles y escopetas y otras armas de fuego parecen de ser de rigor en este tipo de ataques. Como el del 28 de octubre de 2021, en el predio Las Londras, en la misma región. Ese día, un grupo irregular armado tomó de rehenes a 17 personas —incluidos policías y periodistas— a quienes torturaron durante siete horas antes de liberarlos.
Poco más de un mes antes de ese suceso, habían ocurrido tres similares en Guarayos, el entonces comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, calificó a todos esos ataques como “altercados”.
Ayer —en una entrevista con EL DEBER Radio—, Aguilera, ahora viceministro de Régimen Interior, aseguraba que “existe una estructura delictiva que pretende expandir la agricultura industrial, (…) hacerse de tierras, de manera indudablemente ilegal. Usan la violencia (…) y transgreden el derecho de propiedad. Esto quiere decir que primero hay una invasión, hay una ocupación y hay una ejecución”.
Esos actos delictivos gozan de impunidad, “lo que da indudablemente (…), una sensación de tranquilidad a quienes infringen la norma y que forman parte —desde nuestra perspectiva— de organizaciones criminales”, agregaba la autoridad.
En el caso específico de Pailitas, “es un retraso de la Justicia que provoca este tipo de circunstancias”, denunciaba el viceministro a la red Unitel.
Por sus declaraciones es evidente que la autoridad conoce bien la dinámica de los avasallamientos y tráfico de tierras. Así, es de esperar que actúe en consecuencia para evitar nuevos ataques violentos, lo antes posible, no con la demora en la intervención policial que denuncian las víctimas.
