El tortuoso camino hacia las elecciones judiciales
Con una demora de cerca de 10 meses arrancó hace pocos días el proceso para renovar a las más altas autoridades del Órgano Judicial cuyo mandato concluyó el último día del año pasado, pero continúan en funciones como efecto de una prórroga inconstitucional determinada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El trámite legislativo indispensable para ese proceso comenzó en marzo de 2023 y fue paralizado tres veces por el TCP: dos en abril y la última en septiembre. Así llegó diciembre sin la ley necesaria para convocar a elecciones judiciales y al final de ese mes ese tribunal decidió que todas las autoridades continuarían en funciones hasta que se realicen esos comicios.
La última semana de enero, organizaciones sociales leales a la facción evista del Movimiento al Socialismo iniciaron un bloqueo de vial que cortó la conexión carretera entre oriente y occidente del país durante 16 días, hasta que se produjo un compromiso político de aprobar la ley necesaria para esas elecciones.
Es mucho tiempo, vicisitudes y perjuicios para conseguir que se ponga en marcha lo que “para todos es un procedimiento huérfano”, como bien calificaba a las elecciones judiciales el columnista Gonzalo Mendieta, en un artículo publicado en este diario hace seis meses.
“Ya nadie las respalda, las elecciones judiciales son el engendro con el que nuestra comunidad política está forzada a vivir”, añadía Mendieta. Y al ciudadano de a pie le tendrá sin cuidado el asunto, puesto que nadie dedica con gusto varias horas de un domingo para ir a votar —de manera obligatoria— por candidatos desconocidos, de dudosa idoneidad para los cargos que aspiran.
En las últimas elecciones judiciales, en 2017, la participación ciudadana fue del 78%, un porcentaje bajo comparado al 90% de concurrencia electoral en los comicios de los últimos años, según datos oficiales.
Y buena parte de quienes votan, aprovechan el cumplimiento de esa obligación para expresar lo que piensan acerca del sistema de justicia en general y de las elecciones judiciales en particular.
Nada más como ejemplo, citemos que, en promedio, más del 60% de los votos para elegir a los miembros del TCP en 2017 fueron nulos o blancos. Similares resultados corresponden a los primeros de este tipo, realizados en 2012.
Esa es la clara muestra de la precaria, por decir lo menos, legitimidad de las máximas autoridades de un sistema judicial completamente desprestigiado por la corrupción y la instrumentalización política de sus instancias.
Así, es razonable preguntarse: ¿qué cambiará realmente en el país el resultado de las elecciones judiciales si finalmente se realizan?
