Poderío e impunidad de la minería aurífera ilegal
El proceso por difamación y calumnias que enfrentan dos guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), enjuiciados por un minero aurífero que miente sobre su condición e ingresó por la fuerza al parque Madidi encabezando una caravana de maquinaria pesada para explotar oro, es otra de las manifestaciones del poderío que detentan quienes se dedican a esa actividad.
No sólo se trata de la debilidad de las instancias estatales para imponer a los mineros auríferos el respeto de las leyes, sino también de la indefensión judicial en la que, en los hechos, ejercen sus funciones los guardaparques del Sernap y de la penetración del poder de aquel sector en las instancias de la administración de justicia.
El juicio a los guardaparques resulta del intento de uno de ellos, Raúl Santa Cruz, de impedir el ingreso al Parque Nacional Madidi de cinco retroexcavadoras, 10 volquetas y tres cisternas de combustible, por un puesto de control del municipio paceños de Apolo.
La acción del funcionario no sólo fue infructuosa, sino que provocó la reacción de Ramiro Cuevas Echave, conocido en esa región por dedicarse a la actividad minera en el Madidi, que lo agredió y amenazó. Santa Cruz informó el hecho a su compañero de trabajo Marcos Uzquiano, el otro procesado, que no estaba en el lugar, pero recibió la comunicación y difundió la urgencia del caso mediante una red social.
Cuevas Echave interpuso una denuncia contra ambos y el juicio prosperó. El caso está a cargo de una jueza que —según informó a Brújula Digital la senadora Cecilia Requena— “ha sido funcionaria del Ministerio de Minería (…) de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), “hasta hace poco, en el área de fiscalización, o sea ella debió haber (…) evitado que la minería ilegal ingrese al Madidi”.
El Sernap, inició, en abril de 2023, “una demanda penal en contra del minero aurífero Ramiro Cuevas Echave y de su hermano por destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, pero la misma fue rechazada y cerrada por la Fiscalía”, según declaraciones de funcionarios de esa instancia estatal ante una comisión del Senado, reportaba anteayer el cabildeodigital.com, citando informaciones de la senadora Cecilia Requena.
Es probable que la presión social que provoca el escándalo del juicio a los guardaparques impida que la jueza los condene por los delitos que se les atribuye y quizás tampoco es el propósito real del demandante, pues ya ha conseguido exhibir su poder e impunidad. Y eso es suficiente para intimidar a quienes combaten la minería aurífera ilegal.
