El informe de la CIDH y la indefensión ciudadana

La reciente presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulado “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia” contiene una amplia exposición de las falencias institucionales y las fallas estructurales que hacen imposible la existencia de una democracia plena que garantice las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Igualmente, el informe desarrolla una extensa presentación sobre la polarización que caracteriza a la sociedad boliviana e impide la construcción de un destino común, polarización que, además, es promovida y ahondada desde el discurso político, particularmente desde quienes gobiernan el país.

El Informe no es neutral como tampoco lo es la CIDH, aunque esta debiera ser la esencia de su existencia. El informe refleja una gran afinidad ideológica entre la mayoría de los comisionados y el proceso político que se ha desarrollado en Bolivia durante las gestiones de gobierno del Movimiento al Socialismo, lo que explica las diferencias de tratamiento que ha dado la CIDH a quienes han acudido a la misma, desde 2006 en adelante, dejando desprotegidos a muchos, ocultando los abusos de otros y actuando con agilidad y oportunidad en muy pocos casos.

No es de extrañar. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, basado en el Pacto de San José de Costa Rica, tiene como fundamento un tratado que significó un avance fundamental para la protección de las libertades y los derechos humanos en la región, y una arquitectura institucional, compuesta por la Comisión (con sede en Washington) y la Corte (con sede en San José de Costa Rica) que debieran asegurar las garantías para los derechos humanos en las Américas.

No es así, estas instituciones han sido cooptadas por una red de ONG altamente politizadas e ideologizadas que pretenden monopolizar el discurso de los derechos humanos y controlar la composición de la Comisión y de la Corte, gracias a una efectiva y activa red de promoción de sus candidatos, como de bloqueo mediante una agresiva política de cancelación a quienes no coinciden con su ideología y su visión sobre lo que significan los derechos humanos. Para ello cuentan con el activo apoyo de los gobiernos de izquierda que entienden la importancia de controlar estas entidades para evitar ser denunciados y procesados por los abusos que cometen.

Esto explica por qué, en los años de mayor auge de los gobiernos autoritarios del socialismo del siglo XXI, la mayor parte del tiempo la Comisión estuvo controlada por sus afines dejando desprotegidos a ciudadanos latinoamericanos que sufrieron graves abusos contra su vida y libertades fundamentales.

Resalto todos los sesgos que lamentablemente caracterizan a la CIDH para resaltar que son tan graves las fallas estructurales del Estado boliviano, en las instituciones que debieran constituir las bases fundamentales de la democracia y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que ni siquiera las grandes afinidades ideológicas pueden ocultar que en Bolivia ya no sólo se debe hablar de debilidad institucional sino de inexistencia de muchas instituciones —como la justicia, por ejemplo— que, tanto por la corrupción como por la politización, han perdido la esencia de su razón de existir la cual es fundamentalmente proteger la libertad de los ciudadanos. De ahí los abusos de la detención preventiva, de los procesos sin derecho efectivo a la defensa y de la utilización de tipos penales genéricamente redactados, como el incumplimiento de deberes, para perseguir con fines políticos a quienes piensan diferentes de quienes gobiernan.

Dos temas de fondo que apunta la CIDH constituyen problemas fundamentales para el futuro del país y de la nación boliviana pues afectan de forma sustancial la coexistencia y la convivencia de sus integrantes, la polarización y la carencia de sentido de pertenencia a una misma comunidad.

En mi opinión, ambos son interdependientes y se alimentan mutuamente. La polarización claramente se ha convertido en una forma de gobernar y practicar la política, inviabilizando cualquier diálogo, entendimiento y concertación de bases comunes de convivencia entre quienes piensan distinto. Al mismo tiempo, la manipulación de la polarización profundiza la separación entre regiones, pueblos y culturas, imposibilitando el sentimiento de destino común que debiera caracterizar a una nación, entre otros factores, porque se ha promovido un discurso que divide y disgrega a una sociedad tan diversa como la boliviana.