¿De quién es la cosa pública?, el caso de los tunales de Achumani

Claude Leffort definió la noción democrática del lugar del poder como un lugar vacío, como un espacio potencialmente de todos que ninguna persona ni camarilla o grupo puede legítimamente ocupar y personificar. Recurriendo a ejemplos didácticos, en este artículo argumentaré por qué esta definición no se aplica a la noción hegemónica de lo público en Bolivia.

Una cámara captó cómo una mujer y su nieto, que procuraban hacerse de unas tunas en la zona de Achumani, en La Paz, fueron increpados, maltratados y expulsados por dos vecinos del lugar. Pese a que los tunales se encontraban en un lugar público, al parecer esos vecinos asumían que vivir en ese barrio les otorgaba un derecho mayor para decidir sobre las tunas.

Acciones similares son cotidianamente consentidas hace muchísimo tiempo. Pasa por ejemplo cuando los dueños de los locales o de las casas asumen que tienen mayor derecho a estacionar sus vehículos en la calle aledaña a sus propiedades, que el que por ejemplo tienen los circunstanciales conductores que quieren hacer uso de esos espacios.

Los dueños de casa reservan el espacio de “su” calle poniendo llantas u objetos que parecen decir “prohibido estacionar”. También suele suceder que si el santo o la virgen del lugar están siendo conmemorados, se cierran las calles para organizar quermeses, procesiones o cosas por el estilo.

El mayor o menor derecho de acceso al espacio público pareciera estar simbólicamente configurado según ciertos criterios de exclusividad, en este caso de propiedad. No son simples anécdotas, si no que se trata de un fenómeno sociológico ampliamente extendido.

En Cochabamba en noviembre de 2019, bandas de motociclistas armados con palos indicaban que no permitirían ingresar a “su” ciudad a los manifestantes campesinos que venían desde el Chapare. Pocos días después de la caída de Evo Morales, dos mujeres de pollera fueron expulsadas de la plazuela de Cala Cala, como si no tuviesen derecho de acceso a la misma.

Sucesos similares sucedieron aquellos días en la urbe alteña con viajeros que procedían del oriente del país. Y lo propio sucede con cualquier partido político distinto del ala evista del MAS que pretenda hacer campaña electoral en el Chapare. Estas prácticas sociales evidencian que el acceso al espacio oficialmente definido como público no es de carácter universal, si no particular, lo que tiene profundas causas socio-históricas.

En mi libro La caída de Evo Morales... caractericé este fenómeno como el paradigma oligárquico. Carlos Montenegro escribió que la concepción de la antigua oligarquía sobre el espacio nacional era una de propietarios, en lo básico. Zavaleta hizo varias veces hincapié en la dificultad de esta clase social para concebir el espacio como un hecho nacional. Aquel paradigma fue hegemónico, y hoy pervive aún en distintas categorías de propietarios y colectivos étnicos que moran este suelo.

Los efectos políticos de esas prácticas y concepciones son poderosos, se traducen precisamente en el modo en que predominantemente se concibe lo público en Bolivia: fundamentalmente como un espacio de privilegio, como locación de roscas que hacen uso patrimonialista de los bienes públicos. El cargo es concebido como esfera de acumulación privada.

Se trata de un fenómeno ampliamente extendido y profundamente arraigado en esta formación social.

Parafraseando a Montenegro, en Bolivia la cosa pública —desde las tunas de Achumani hasta el Gobierno— no ha dejado de ser manejada con criterio de propietarios privados.

Y, sin embargo, en Bolivia la cuestión democrática persiste como consigna de masas. La indignación colectiva frente a los vecinos de Achumani fue contundente, como lo ha sido en el pasado frente a los recurrentes esfuerzos oligárquicos de privatización de lo público. Por lo que, si bien no puede afirmarse que Bolivia es una sociedad democrática, el problema persiste como cuestión democrática irresuelta, como tarea democrático-burguesa pendiente.